"Por qué no funciona bien el Estado", por Santiago Dávila

En gran medida, las instituciones del Estado no funcionan porque quienes las dirigen carecen de liderazgo. Conducen las instituciones públicas sin un norte claro. Privilegian lo accesorio a lo que debería ser el cumplimiento de su misión principal: servir al ciudadano. 

Son pocas las instituciones del Estado que tienen un plan estratégico y son menos las que cumplen con dichos planes. Es común ver que lo primero que hacen varios funcionarios (electos o designados) es desprestigiar la gestión anterior, iniciar grandes auditorías que no conducen a nada y cómo no, hacer un “cambio de imagen”, que usualmente solo consiste en cambiar el logo de la institución pública, pero no la transforman radicalmente en beneficio de los ciudadanos. 

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En el camino, no invierten decididamente en la aplicación de tecnologías de la información y comunicaciones (¡todavía la mayoría de trámites en el Estado no se pueden hacer online!), ni en la simplificación radical de los procesos y trámites para el ciudadano y las empresas. No se invierte en el personal y cuando se invierte en infraestructura física es solo para “poner una placa” en el nuevo edificio. 

Mientras nuestras instituciones avanzan lentamente, hay todavía muchas instituciones públicas que no han actualizado sus procedimientos y tasas (TUPAS) a una nueva metodología que la PCM propuso en el 2011 y que, sin embargo, continúan cobrando al ciudadano por los procedimientos que realizan, lo cual es claramente ilegal.

La ejecución del gasto fiscal, principalmente a nivel de los gobiernos regionales y municipales, es otro ejemplo de ineficiencia. Justo ahora en que la economía necesita apuntalarse en un mayor gasto fiscal, es cuando se hace más evidente que muchas instituciones públicas no ejecutan la totalidad de su presupuesto o lo hacen mal (baja calidad del gasto) y no pasa nada. 

Hace poco en el sector privado se dio una muestra del poder de los incentivos, cuando estos están bien definidos y alineados con la misión de la empresa. Ante la cuantiosa reducción en utilidades en una de las empresas más grandes del Perú, la junta de accionistas dispuso la salida del gerente general y del gerente financiero de dicha empresa. Nunca ocurre esto en las instituciones públicas y, sin embargo, es algo que deberíamos ver de manera más frecuente en el Estado.