A juzgar por el discurso del presidente Castillo, volveremos a ver iniciativas que buscan poner al Estado y sus empresas a competir con los privados. Mas allá de cualquier ideología, esto no parece sensato.
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Tres menciones en el discurso hacen referencia al nuevo rol que se busca para el Estado y sus empresas. La primera, fue hecha con relación al Banco de la Nación quien “deberá estar en capacidad de proporcionar al ciudadano, todos los servicios bancarios disponibles, con tasas de utilidad razonables, que les permitan competir en este mercado con eficacia, pero sin usura.” En simple, se busca ponerlo a prestar plata. El Banco tiene suficientes tareas de que ocuparse. En muchas actúa como un monopolio. Las colas en sus oficinas ya son lo bastante largas para hacerlas aún más largas. Poco probable que esos créditos se recuperen. Si existe un problema de competencia, hay otras formas de enfrentarlo. Esta intervención además de ilegal (no hay déficit de oferta privada) sólo generará distorsiones en la competencia y pérdidas para los contribuyentes.
La segunda mención se hizo respecto a la participación en el mercado de PetroPerú. Aquí se dejó claro el objetivo: utilizar a las empresas públicas para controlar precios de los privados (“Así podremos regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano, se eleven los precios de los alimentos y los pasajes para beneficio de una empresa monopólica.”). No está claro si la misma política se aplicará al resto de empresas públicas (¿ElectroPerú?). Controlar precios a través de este mecanismo implica sacrificar deliberadamente recursos públicos con la esperanza de disciplinar a los privados haciéndolos incurrir en pérdidas. La conducta predatoria puede ser ilegal. Los Tratados de Libre Comercio prohíben que las empresas públicas creen obstáculos para las inversiones y el comercio. Los afectados podrían reclamar. Cualquier sanción será pagada por los contribuyentes.
Finalmente, se mencionó la actividad empresarial hecha directamente por entidades públicas, que opera en un mundo muy opaco fuera del control del Ministerio de Economía. Se habló de impulsar la participación de las Fuerzas Armadas en proyectos de desarrollo (“… nada impide que los equipos, el personal técnico y, en general, todo el personal disponible pueda participar en la ejecución de proyectos de desarrollo, como caminos, obras de ingeniería, represas, etc.”). Aquí se va a desplazar a empresas privadas que dan trabajo y pagan sus impuestos. Empezarán haciendo obras en zonas donde se justifica (VRAEM) y terminarán haciéndolas en pleno Miraflores donde sobra la oferta privada. Esa fue la historia de TANS, línea aérea de las FFAA liquidada en el 2006 luego de varios accidentes fatales.
No parece sensato invertir recursos de los contribuyentes en costosas aventuras empresariales que además generan espacio para la corrupción. “Lava Jato” se originó alrededor de una empresa pública de petróleo y gas en Brasil (Petrobras). Esto no es “dogmatismo neoliberal”.
El Congreso de la República aprobó con 102 votos a favor la iniciativa que plantea uniformizar la edad en 50 años para acceder a la jubilación anticipada en el Sistema Privado de Pensiones (AFP). 
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