Una amenaza legislativa contra la inclusión financiera

El Perú ha sido ejemplo en América Latina por su sistema de microfinanzas, capaz de llevar servicios financieros a zonas rurales y segmentos de población históricamente excluidos de la banca tradicional. Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) y el sector microfinanciero han logrado, con una combinación de profesionalismo técnico y trabajo en territorio, acercar crédito, ahorro y educación financiera a millones de peruanos. Sin embargo, hoy este modelo enfrenta dos amenazas legislativas que ponen en riesgo décadas de avances en inclusión financiera.

La primera es la persistencia de la Ley 31143, que impuso topes a las tasas de interés en el 2021. Lejos de proteger a los más vulnerables, esta norma ha tenido un efecto contrario: excluyó a cientos de miles de clientes de bajos ingresos que, al ser considerados de mayor riesgo, quedaron fuera del sistema formal. El propio Banco Central de Reserva estimó que más de 220 mil personas fueron expulsadas del sistema financiero solo en el primer año de vigencia de la ley. El Instituto Peruano de Economía calcula hasta hoy unas 500 mil personas excluídas. Muchas de ellas terminaron en manos del crédito informal, donde las tasas anuales pueden superar el 500%, con consecuencias sociales devastadoras. No derogar esta norma es seguir condenando a los microempresarios a la informalidad y a la usura. A pesar de una votación favorable, el Congreso volvió a ponerlo en compás de espera.

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El segundo riesgo proviene del Congreso, que el pasado 22 de mayo aprobó en primera votación la modificación de la Ley 30607 para permitir que excongresistas integren los directorios de las Cajas Municipales. Una medida de este tipo significaría politizar la gestión de instituciones que han sido exitosas precisamente porque han mantenido independencia, meritocracia y control técnico en su gobernanza. Incorporar cuotas políticas en lugar de criterios profesionales amenaza con debilitar su sostenibilidad financiera y la confianza de millones de ahorristas y prestatarios.

Ambos proyectos reflejan un problema común: decisiones legislativas tomadas sin un análisis técnico serio ni consulta con los reguladores especializados, como la SBS y el BCR. La inclusión financiera no se construye con discursos populistas, sino con instituciones sólidas, reglas claras y marcos regulatorios que promuevan competencia y sostenibilidad. Como lo señala la evidencia, las microfinanzas no solo generan acceso al crédito; también fortalecen la resiliencia de las familias, impulsan el emprendimiento y son un vehículo probado para reducir la pobreza.

En un país donde el 40% de la población aún no accede plenamente al sistema financiero, retroceder en este terreno es un lujo que no podemos darnos. Se trata no solo de proteger a las Cajas Municpales, sino de defender un modelo de desarrollo que ha permitido cerrar brechas de inclusión económica y social. Por eso, resulta urgente que el Congreso rectifique: derogue de una vez la Ley de topes de tasas y archive la reforma que busca politizar los directorios de las CMAC.