La Cámara de Comercio de Lima (CCL) hizo un llamado público al Gobierno pidiéndole corregir designaciones de altos funcionarios públicos que pueden resultar personajes no solo cuestionados, sino que no reúnen las condiciones necesarias mínimas para ocupar dichos cargos.
Como se puede leer en la web oficial de la revista virtual de la CCL demandó que “al momento de elegir a quien ocupará una alta responsabilidad en el Estado, se tenga en consideración a profesionales que cuenten con la preparación, competencia, experiencia y trayectoria intachables”.
De acuerdo al gremio empresarial, debe prevalecer el profesionalismo y los valores al momento de designar a un funcionario, y nunca favores políticos o cuotas a eventuales aliados políticos.
Resaltó que el presidente Pedro Castillo, de acuerdo al Artículo 44 de la Constitución, tiene “deberes primordiales del Estado son la defensa de la soberanía nacional, la garantía de la plena vigencia de los derechos humanos, la protección de la población de las amenazas contra su seguridad y la promoción del bienestar general”.
La CCL recordó que la Contraloría General de la República ha advertido que la designación en cargos de confianza a personas que no reúnen el perfil requerido, genera riesgos en el correcto accionar de la administración pública y no garantiza el cumplimiento de funciones, además de ser factibles –tales designaciones– de control político por parte del Congreso.
También indicó que los nombramientos de los embajadores políticos, cuya potestad la tiene el presidente de la República, tienen que responder a requisitos mínimos que garanticen aptitud para un cargo que significa la representación de los intereses de nuestro país en el exterior.
Finalmente, expresó su preocupación listando las designaciones que aún se encuentran pendientes como: el presidente y los directores del Banco Central de Reserva (BCR), Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los organismos reguladores (Osiptel, Osinergmin, Sunass, Ositran), la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y los organismos públicos descentralizados.
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