Congreso promulga ley que sanciona el acaparamiento y la especulación

El Congreso de la República promulgó este sábado en el Diario Oficial El Peruano la ley que sanciona acaparamiento y especulación durante el estado de emergencia, norma que había sido observada por el Poder Ejecutivo.

MIRA: Consejo Fiscal alerta sobre capacidad del Estado para generar más ingresos: ¿Qué nuevas medidas son factibles?

El dictamen dispone sancionar con una pena de cárcel de 2 a 6 años al que abusa de su posición dominante en el mercado o el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva, mercantil o de servicios con el objeto de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia.

También dispone entre 4 a 6 años de prisión al que abusa de su posición dominante en el mercado o al que participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva mercantil o de servicios, con el objetivo de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia.

En el caso del acaparamiento, la norma dispone sancionar con una pena no mayor de 4 ni menor de 6 años al que provoca escasez o desabastecimiento de bienes y servicios esenciales para la vida y la salud de las personas con la sustracción o el acaparamiento, con la finalidad de alterar los precios habituales en su beneficio en perjuicio de los consumidores.

MIRA: Calificación de riesgo de la economía peruana en peligro

La norma precisa también una pena no menor de 2 ni mayor de 6 años para el productor, fabricante, proveedor o comerciante que incremente los precios de bienes y servicios habituales esenciales para la vida y la salud de las personas usando prácticas ilícitas que no se sustenten en una real estructura de costos, aprovechando la mayor demanda. La pena será de 4 a 8 años si se comete el delito en estado de emergencia.

Para la adulteración fija una pena de uno a 3 años de cárcel para el que altera o modifica la calidad, cantidad, peso o medida de algún bien en perjuicio del consumidor. Si el delito se comete en situación de calamidad pública o estado de emergencia, será de 4 a 6 años.

Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra observó, el pasado 2 de julio, el dictamen que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor para sancionar dichos casos con penas de cárcel.

Alegó que no existe evidencia empírica ni real que demuestren que el Decreto Legislativo 1034, Ley de represión de conductas anticompetitivas, “ha fallado” en la protección adecuada del bien jurídico.

La ley fue publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y lleva las firmas del presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama (Acción Popular), y del segundo vicepresidente, Guillermo Aliaga (Somos Perú).

TE PUEDE INTERESAR

• Educación ante la pandemia: Conectividad en regiones y acceso a equipos limitan programa “Aprendo en casa”
• Un tercio de afiliados a la ONP ha aportado menos de S/ 750, afirma ministro de Trabajo
• Thomas Restobar: Empresa dueña de la discoteca recibió crédito de Reactiva Perú
• Fortalecer su patrimonio, preservar su cartera y transformarlas digitalmente: una ruta para salvar a las microfinanzas
• BTH Hotel cerca de concretar su ingreso a Cusco y su proyecto “Cube” colindante al Jorge Chávez
• La palta hass llegó a Corea del Sur en plena pandemia: ¿Cómo la comen y cuál es su demanda?
• Trabajo remoto: una nueva normalidad laboral en la que cuidar la salud mental es importante

MIRA TAMBIÉN