Consejo Fiscal expresa su preocupación por las modificaciones propuestas al marco legal que regula la inversión mediante las APP

El Consejo Fiscal (CF) manifestó su preocupación por la autógrafa de ley que aprueba un nuevo marco normativo del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), actualmente pendiente de promulgación u observación hasta el 30 de mayo del 2025.

El CF concuerda con la necesidad de lograr un cierre progresivo de la brecha de infraestructura pública. “Sin embargo, dada la magnitud de dicha brecha, y las restricciones fiscales vigentes, es fundamental lograrlo siguiendo criterios estrictos de eficiencia y de resguardo de la hacienda pública”, explicó.

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Por ello, el Consejo Fiscal alertó que la autógrafa introduce modificaciones normativas que debilitan disposiciones diseñadas para salvaguardar el equilibrio fiscal en las Asociaciones Público-Privadas (APP) y evitar contingencias que comprometan la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En este contexto, el CF coincide con lo señalado por el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, respecto de la importancia de cuidar la sostenibilidad fiscal y de observar la autógrafa.

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Observaciones del Consejo Fiscal a la norma

Entre las principales observaciones el CF mencionó que la reforma propuesta transfiere la rectoría del SNPIP del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a Proinversión, reduciendo drásticamente la capacidad del MEF para ejercer control financiero sobre proyectos de inversión.

El Consejo Fiscal subrayó que, en este proceso, se eliminan mecanismos claves de control (gateways, análisis de capacidad fiscal y opiniones vinculantes, entre otros) contraviniendo las mejores prácticas internacionales (OCDE, FMI, BM, BID) requeridas para realizar un control presupuestario efectivo.

Además, indicó que la reforma rompe la articulación entre la aprobación de proyectos APP y la planificación presupuestaria a cargo del MEF. “De implementarse sin una adecuada coordinación, la reforma podría abrir la puerta a la ejecución simultánea de megaproyectos que superen la capacidad fiscal disponible, generando presiones insostenibles sobre el gasto público y comprometiendo la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo”, agregó.

Asimismo, el Consejo Fiscal señaló que la reforma se plantea en un contexto donde se busca impulsar, bajo un esquema fast-track, una cartera proyectos por US$70 mil millones, monto que duplica el total adjudicado en los últimos 15 años (US$37 mil millones) y equivale a aproximadamente al 25% del PBI, una proporción sin precedentes.

En ese sentido, la CF advirtió que la adjudicación de proyectos de esta magnitud generaría obligaciones presupuestarias rígidas, principalmente en el mediano y largo plazo, debido a que la mayoría de ellos requeriría cofinanciamiento público no solo en la etapa de inversión, sino también en las fases de operación y mantenimiento.

“Los compromisos de inversión mediante APP pueden generar obligaciones crecientes y prolongadas en el tiempo, incluyendo gastos permanentes”, agregó el Consejo Fiscal que tomó como ejemplo el caso del Corredor Vial Interoceánico Sur, cuyo gasto anual para el Estado se multiplicó por 16 en una década (de S/86 millones en 2006 a S/1.400 millones en 2015), registró S/ 800 millones en 2024 y acumula un gasto total de S/ 20 mil millones en los últimos 20 años.

El CF señaló que este proyecto debería servir como advertencia: sin controles técnicos estrictos, los costos reales terminan siendo significativos, comprometiendo la sostenibilidad fiscal. Por otro lado, remarcó que el cierre de brechas de infraestructura no debe depender del mecanismo de inversión elegido, sino de una priorización basada en capacidad presupuestal real.

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“Existe consenso sobre la necesidad de cerrar las brechas de infraestructura; sin embargo, la ejecución de los proyectos de inversión debe sujetarse a las restricciones fiscales vigentes. Por ello, este proceso debe llevarse a cabo de manera progresiva, priorizando aquellas iniciativas con mayor impacto en la provisión de servicios públicos y en la productividad, en beneficio de la sociedad”, explicó.

En este sentido, el CF señala que el cierre de brechas de infraestructura debe abordarse mediante una planificación multianual, independiente de la modalidad de inversión empleada (APP, Obras por Impuestos, Gobierno a Gobierno, Proyectos Especiales de Inversión Pública, u obra pública tradicional), y previa evaluación de la modalidad más eficiente, considerando la mitigación de riesgos y las restricciones fiscales en todos los horizontes temporales.

Ante los riesgos fiscales que se crearían con la aprobación de la norma, el Consejo Fiscal recomienda al Poder Ejecutivo evaluar rigurosamente sus efectos sobre la sostenibilidad fiscal del país. Finalmente, señaló que toda reforma, incluyendo la del SNPIP, debe construirse de manera transparente, con la participación de todos los actores competentes y bajo un enfoque de largo plazo. “Solo así será posible consolidar un sistema de inversión pública y de APP orientado al desarrollo del país, con los debidos resguardos para la estabilidad fiscal”, puntualizó.