Cuando se pensaba que el problema del ingreso de la quinua a Estados Unidos –dado a conocer a fines de agosto– se había resuelto, en noviembre la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) volvió a rechazar tres embarques de este producto peruano.
El motivo fue la presencia de residuos del insecticida Clorpirifós y del fungicida Propamocarb en la quinua. Esto ha sucedido porque no se han establecido los límites máximos permisibles de estos restos –el cual debe ser dictado por el país destino de la exportación– y como tal, no se sabe cuáles son los posibles efectos sobre los consumidores.
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César Zorrilla, CEO de Exportadora Agrícola Orgánica –una de las empresas afectadas por dos rechazos en noviembre– afirma que esto ha sucedido porque los pequeños agricultores han mezclado el producto que viene de la sierra con el de la costa, que es afectado por un hongo llamado mildiu, lo que obliga el uso de fungicidas para la quinua.
LOS INCIDENTES
Con estos tres rechazos ya totalizan siete los incidentes que sufre la quinua peruana entre abril y noviembre de este año, según la página web del sistema de alertas de la autoridad sanitaria estadounidense.
El impacto de esta medida, según Zorrilla, aún no es significativo, pues de las casi 20 mil toneladas que el país exporta, han sido detenidas más de 200, es decir un poco más del 1% de lo exportado.
“Esto, considerando los números grandes, no representa mucho, pero los pequeños agricultores sí se ven afectados y esto se agravaría si el rechazo sigue”, dice Zorrilla.
¿Si esto continúa se podría perder el mercado estadounidense? Carlos García, de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), responde que no es que el mercado se pueda cerrar porque no se trata de una epidemia, sino que habrá una mayor incidencia de inspecciones físicas del producto, lo que traería dos posibles consecuencias: incineración del producto por la presencia de residuos, o demoras en la entrega, lo que traería abajo el precio a pagar por el importador estadounidense.
Sea como fuere, el impacto sería negativo, sobre todo si se tiene en cuenta que Estados Unidos es nuestro principal destino de exportación, con el 52% de las ventas, las cuales el año pasado superaron los US$80 millones y se proyecta que este año lleguen a los US$190 millones.
REQUISITOS EN DOS AÑOS
Como se ha dicho, debe ser Estados Unidos el que establezca los límites máximos permisibles de residuos de plaguicidas, pero para ello el Senasa es la entidad encargada de solicitarlo.
Jorge Barrenechea, jefe nacional de Senasa, dice que se espera tener una reunión en enero o mayo del 2015 con el Interregional Research Project Number 4 (IR4), un instituto de investigación del Gobierno Estadounidense que establece los límites máximos permisibles de plaguicidas, y la autoridad ambiental del mencionado país para llegar a una solución. Aunque advierte que el trámite puede durar entre dos y cuatro años, a todas luces una respuesta poco alentadora.
DATO
► Guia. Mientras se espera una solución, el Senasa elabora una guía de buenas prácticas de cultivo con el objetivo de controlar el uso de plaguicidas.