Exportaciones de oro ilegal crecerían 41% este año, según IPE

Pese al fracaso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como principal política de formalización en el sector minería, la Comisión de Energía y Minas del Congreso insiste en extender su vigencia, actualmente prevista para el cierre del 2024. Así, bajo un clima de creciente criminalidad e inseguridad ciudadana, el Legislativo sentaría nuevamente un precedente negativo en el combate a las organizaciones delictivas, que en este caso se aprovechan de un sistema pensado para pequeños mineros artesanales.

Las exportaciones de oro ilegal alcanzarían un máximo histórico de US$6.840 millones en el 2024, según estimaciones de IPE. Esa cifra resulta 41% mayor que en el 2023, más de cinco veces el crecimiento que el BCR espera para el total de exportaciones del 2024 (8%).

“Según datos de Osinergmin, en los últimos cinco años el consumo de combustibles en Madre de Dios aumentó en 40%”.

Junto con Pataz (La Libertad), Madre de Dios se mantiene como uno de los principales centros de producción de oro ilegal. Así, según datos de Osinergmin, en los últimos cinco años su consumo de combustibles (insumo clave para la actividad minera en zonas de selva) se incrementó en 40%, más de 10 veces el promedio nacional (3,8%). Este resultado viene impulsado por el mayor precio del oro, que creció casi 70% en ese período y se ubica en niveles históricos cercanos a US$2.500 por onza. Lo que es grave, ese consumo de combustible en la Amazonía está exento del pago de IGV e ISC, una exoneración que ha costado al Estado más de S/8 mil millones desde el 2008, en términos reales.

Adicionalmente, dentro de esta región, la actividad minera se concentra en el sur de la provincia del Manu. Usando datos de Meta (Facebook), a partir de imágenes satelitales y datos de conectividad a dispositivos móviles y acceso a Internet, se detectan zonas de alta riqueza relativa, ubicadas en áreas de minería ilegal, e igual de ricas que la capital de la región.

Los estragos de la minería ilegal abarcan varias dimensiones. Entre el 2015 y el 2021, el porcentaje de la población de 15 años a más víctimas de delitos con armas de fuego en Madre de Dios se multiplicó por cinco, de 7,5% a 38,6%, casi cuatro veces el promedio en el resto del Perú (10,9%). Además, entre el 2021 y el 2024, la deforestación por minería ilegal alcanzó casi 31 mil hectáreas, según estimados del Proyecto de Monitoreo del Amazonas Andino (MAAP).

Un reciente estudio del IPE propone una estrategia integral de combate a la minería ilegal. Entre las principales recomendaciones, destaca la necesidad de acciones de interdicción e inteligencia permanentes complementadas con alternativas de desarrollo económico, lo cual requiere mayores recursos fiscales. Sin embargo, entre el 2019 y el 2024, el presupuesto púbico asignado al programa Reducción de Minería Ilegal disminuyó en 37%, en términos reales, y representa 0,5% del presupuesto destinado a orden público y seguridad.

También se recomienda contar con políticas de formalización con plazos estrictos y acompañamientos efectivos, sin excepciones a la regla. Sin embargo, el plazo establecido por el Reinfo se ha ampliado hasta en cuatro ocasiones desde el 2017 y el 76% de los 84.470 registros en el Reinfo se encuentra suspendido. Dado que este sistema exime de responsabilidad penal a quienes están en proceso de formalización, este registro ha permitido que los mineros ilegales operen bajo una falsa legalidad.

Otro elemento clave que el IPE destaca es asegurar una mayor articulación y coordinación interinstitucional. Entre el 2012 y el 2023, el número de miembros de la comisión multisectorial permanente para abordar la minería ilegal sufrió de altibajos. Sin embargo, más allá del número de miembros, sin un plan con acciones e indicadores concretos vinculados al presupuesto de cada entidad miembro, los esfuerzos serán limitados. El IPE también hace énfasis en la importancia de contar con una política de trazabilidad integral, priorizando la fiscalización en la cadena de suministro del oro y reforzando la presencia del Estado.

Es necesario cerrar el Reinfo y, en su lugar, implementar una política integral de combate a la minería ilegal, con un régimen que promueva la formalización, sin ampliaciones ni eximiendo de responsabilidades penales a los involucrados. Un enfoque firme y coordinado requiere un liderazgo conjunto del Ejecutivo y el Congreso, que la ciudadanía no debe dejar de demandar.