El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Poder Ejecutivo aprobó, mediante decretos legislativos, las primeras medidas orientadas a impulsar un crecimiento económico responsable, en el marco de la delegación de facultades legislativas otorgada por el Congreso de la República.
Estas disposiciones tienen un enfoque complementario: por un lado, agilizar los procesos de aprobación y ejecución de proyectos de inversión bajo las modalidades de Asociación Público-Privada (APP) y Proyectos en Activos; y, por otro, fortalecer la recaudación y el cumplimiento tributario, en línea con los objetivos de sostenibilidad fiscal, competitividad y lucha contra la evasión.
En ese contexto, mediante el Decreto Legislativo N.º 1712, se modificó la Ley N.º 32441, que regula la promoción de la inversión privada mediante APP y Proyectos en Activos. La norma introduce ajustes orientados a fortalecer la gobernanza del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, precisando competencias y roles institucionales.
En particular, se delimitan con mayor claridad las funciones del Consejo Directivo y de la Presidencia Ejecutiva de Proinversión, así como los criterios para la incorporación de proyectos al proceso de promoción. Estos cambios buscan mejorar la predictibilidad, eficiencia y transparencia de los procesos, facilitando la evaluación y aprobación de proyectos, así como de modificaciones contractuales (adendas), con el objetivo de adelantar inversiones estratégicas en infraestructura y servicios públicos.
Asimismo, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo N.º 1711, que modifica los artículos 103 y 200 de la Ley General de Aduanas. Esta disposición permite, bajo determinadas condiciones, la aplicación de una multa en reemplazo del comiso para mercancías en tránsito o destinadas al régimen de transbordo que no hayan sido correctamente manifestadas. Con ello, se evita la pérdida de mercancías, se reducen sobrecostos logísticos y se mejora la competitividad del comercio exterior.
De igual manera, mediante el Decreto Legislativo N.º 1713, se modificó el numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto Legislativo N.º 940, que regula el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT). La norma incorpora como causal de ingreso como recaudación los montos depositados en cuentas de detracciones cuando exista deuda tributaria exigible, permitiendo a la Sunat aplicar directamente dichos fondos al pago de obligaciones pendientes y reducir el stock de deuda tributaria.
En la misma línea, el Decreto Legislativo N.º 1714 introduce ajustes al Régimen de Percepciones del IGV, precisando supuestos excepcionales para la aplicación del porcentaje de percepción del 10 % en importaciones, en función del nivel de riesgo y comportamiento tributario de los importadores. Esta medida responde a prácticas detectadas por la SUNAT que buscaban eludir indebidamente dicho porcentaje en operaciones de alto riesgo.
Adicionalmente, mediante el Decreto Legislativo N.º 1716, se modificó la Ley Penal Tributaria para actualizar los tipos penales vinculados a los comprobantes de pago electrónicos, incorporando nuevas conductas sancionables asociadas a la falsificación, adulteración o uso indebido de constancias de depósito del SPOT.
La norma establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes proporcionen información falsa en el Registro Único de Contribuyentes con el fin de habilitarse para emitir comprobantes electrónicos, así como penas de cinco a ocho años para quienes falsifiquen o adulteren constancias de depósito del SPOT para sustentar el traslado de bienes.
“Este paquete de medidas busca destrabar la inversión privada en infraestructura, acelerar la ejecución de proyectos estratégicos bajo el modelo APP y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación tributaria sin crear nuevos impuestos, promoviendo un sistema más justo y eficiente”, indicó la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.
Agregó que “el objetivo del Gobierno es generar condiciones claras y predecibles que impulsen la inversión, el empleo y la competitividad, asegurando la sostenibilidad fiscal y la confianza en las instituciones”.
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