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“Los inversionistas privados dejarán de invertir recursos bajo este esquema [iniciativas privadas] de desarrollo de proyectos volviendo el protagonismo de la originación [sic] de proyectos al sector público”.
Así lo afirma Carlos Salazar, director de consultoría de PwC, respecto al decreto legislativo N° 1224, que modificó la ley marco de las asociaciones público privadas (APP) –entre ellas, las iniciativas privadas— y fue emitido semanas atrás por el Poder Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas delegadas en junio pasado.
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La norma emitida generó expectativa en el sector privado, pues el gobierno adelantó que buscaría unificar el régimen de APP, y la experiencia previa –modificaciones que buscaron fomentar su uso entre el sector privado, por ejemplo, las iniciativas privadas cofinanciadas— hacía prever que las modificaciones pretenderían promover la inversión privada en el sector público.
Sin embargo, tal como está la norma, “sólo genera que este mecanismo exista a nivel legal pero no sea posible su implementación práctica”, opina Salazar. El ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, señaló a este diario que aún era muy temprano para criticar la norma, tal como ya lo han hecho Graña y Montero, Cosapi y Sergio Bravo, profesor de Esan, para quien hoy –con la norma emitida— los procesos de inversión privada parte del punto de vista fiscal y presupuestal, y no desde el de promoción de inversiones.
El Gobierno tiene 60 días para emitir el reglamento (a partir de fines de setiembre). Entonces, se podrá tener mayor claridad sobre sus efectos prácticos. Por lo pronto, “el Estado parece no buscar una solución definitiva que potencialice las ventajas asociadas al concepto de iniciativas privadas”, afirma Salazar.