Sistema de pensiones: expertos alertan que los costos fiscales crecerán y recaerán en los jóvenes

En medio del debate sobre el sistema de pensiones peruano tras el octavo retiro de los fondos de la AFP, la Universidad del Pacífico reunió a especialistas en economía y protección social en el panel “Costos fiscales y economía política de las pensiones” en el marco del “Día de la Gestión Pública”.

En el panel participaron Noelia Bernal, profesora de Economía de la Universidad del Pacífico; Victorhugo Montoya, exjefe de la ONP; Lorena Masías, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la misma casa de estudios; y Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade, quienes coincidieron sobre las consecuencias de largo plazo que las decisiones actuales tendrán para las finanzas públicas y para las futuras generaciones.

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Durante la charla moderada por María Alejandra Ormeño, jefa de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), la economista Noelia Bernal advirtió que la reforma de pensiones aprobada este año crea obligaciones fiscales permanentes tanto en la ONP como en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), sin establecer fuentes claras de financiamiento.

“La ley establece que el Estado debe complementar lo que falta para otorgar las pensiones mínimas, pero no dice cómo se financiará: no sube la tasa de aporte, no aumenta la edad de jubilación ni ajusta parámetros clave”, indicó.

Añadió que el octavo retiro de fondos de las AFP y la reposición del retiro a los 65 años han debilitado aún más el ahorro de largo plazo. “Es un sistema que ya no da pensiones y que tampoco permite acumular ahorro porque la gente está retirando su dinero”, sostuvo.

Según las proyecciones de la especialista, el gasto adicional será relativamente bajo hasta el 2040 —cerca de S/ 1.000 millones por año—, pero luego crecerá aceleradamente conforme los actuales trabajadores de 40 y 50 años comiencen a jubilarse y reclamen el subsidio estatal.

En el 2075, el costo del subsidio en el SPP alcanzaría S/ 15.000 millones anuales, superando incluso el gasto del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). “¿Quién va a pagar la factura? Los jóvenes”, enfatizó Bernal. “Las opciones serán subir impuestos, endeudarse más o recortar otros gastos”.

El impacto, dijo, será intergeneracional: los beneficios recaerán en actuales jubilados y afiliados, mientras que las obligaciones se trasladarán a los contribuyentes futuros.

Un sistema que se sostiene sobre una base laboral demasiado pequeña

Para Jaramillo, el problema es estructural: el Perú es un país “profundamente informal”, por lo que un sistema basado en contribuciones laborales nunca podrá alcanzar cobertura masiva. “Esa base contributiva es insuficiente y cada vez más inestable. Los contratos permanentes están en extinción”, señaló.

Peor aún, resaltó que la oferta laboral juvenil cayó 22% desde 2019, una tendencia similar a la de una economía en guerra. “El bono demográfico que debería ayudarnos a financiar las pensiones simplemente no se va a dar”, advirtió.

En ese contexto, consideró inevitable que el país requiera pensiones no contributivas para llegar a la mayoría de ciudadanos, pero bajo reglas fiscales claras y sostenibles.

La reforma previsional exige una reforma laboral paralela

La exsuperintendenta de Banca, Seguros y AFP, Lorena Masías, subrayó que cualquier reforma de pensiones debe ir acompañada de medidas para reducir la informalidad laboral, pues sin más personas contribuyendo será imposible sostener incrementos en las obligaciones del Estado. “Toda reforma tiene que venir de la mano de una reforma por el lado laboral que incremente el ahorro obligatorio y reduzca las lagunas de cotización”, explicó.

Planteó que se deben considerar ajustes tributarios y laborales, así como un pacto político que permita diseñar reglas estables a largo plazo. “El sistema podrá mejorar solo si avanzamos hacia una menor informalidad y mayor productividad”, dijo.

Por su parte, Montoya, exjefe de la ONP, recordó que las pensiones existen para garantizar el ahorro obligatorio que los trabajadores. En ese sentido, alertó que los constantes retiros del SPP debilitaban el objetivo mismo del sistema.

“Si uno quiere ahorrar poco y retirar el dinero en junio, evidentemente le quedará menos para el final. Eso es lo que hacen los retiros. Quitan recursos destinados a la vejez y afectan las pensiones futuras”, señaló.

Montoya recalcó que cualquier diseño de largo plazo debe considerar variables macroeconómicas, tributarias, jurídicas y, sobre todo, laborales. “Un sistema de pensiones vinculado a un mercado laboral tan informal como el peruano está condenado al fracaso si no se aborda la informalidad primero”, añadió.

Los expertos coincidieron en que el Perú necesita un pacto fiscal, político y social para rediseñar su sistema previsional.