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¿Qué secuelas económicas dejó el terrorismo en el Perú?

A 25 años de la captura de Abimael Guzmán, hacemos un repaso del impacto que una época de heridas a lo largo del territorio peruano, ocasionó sobre la situación económica del país

terrorismo

(Foto referencial: El Comercio)

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Terrorismo, una palabra que evoca una época que dejó heridas a lo largo del territorio peruano, y que mermó aún más la situación económica del país; así lo concluyó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en un informe que consta de más de cuatro mil páginas. 

"El conflicto armado interno se desenvolvió sobre la base de una situación económica crítica en el país, marcada por una fuerte recesión, y se desarrolló particularmente en las zonas de mayor pobreza. A consecuencia de ello se produjo un mayor empobrecimiento de esas zonas y de la población directamente afectada", indicó la CVR.

De acuerdo a la comisión, el conflicto armado se desarrolló entre los años 1980 y 2000 y tuvo un saldo de 69.280 víctimas. 

Producto Bruto Interno (PBI): allá por 1988, la Comisión Especial designada por el entonces Senado de la República concluyó que los costos económicos ocasionados por los grupos subversivos a nivel nacional ascendían a más de US$9.184 millones. 

El periodo que analizaron fue de ocho años. Así, indicaron que desde 1980 los sectores Industria y Comercio, Energía y Minas y el sector Agricultura fueron los más perjudicados durante el conflicto armado.  

CVR

Fuente: CVR

Fuente: CVR

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La CVR también se apoyó en otros estudios para señalar que, entre 1980 y 1991, la subversión habría ocasionado la pérdida de US$2.000 millones al destruir la estructura de las torres de electricidad de alta tensión. Según Electro Perú, el número de torres derribadas en 1989 se ubicaba en 335.

Por su parte, la institución Constitución y Sociedad llegó a estimar en US$ 21.000 millones las pérdidas económicas para el país durante el periodo 1980-1992. 

No obstante, Carlos Parodi, jefe del departamento académico de Economía de la Universidad del Pacífico, indica que saber cómo influyo exactamente el terrorismo en la economía es complicado debido a que en dicho periodo confluyeron una serie de factores. 

"Si hubiera sido el único factor probablemente se hubiera podido explicar mejor. En la medida que se combinó con el fenómeno de El Niño y con la crisis externa de América Latina, es complicado saber qué proporción de eso se debió al conflicto armado", indica.

En conversación con El Comercio, señala que los 80 fue una década perdida para toda América Latina. Recuerda que en el año 1983, la inflación en el Perú alcanzaba 125%, mientras el PBI caía en 10%. 

De acuerdo al bcr, la inflación en 1980 registró una tasa anual de 60,8%.

Destrucción de capital humano: la CVR usa este término para referirse al impacto económico que dejaron las personas que fueron asesinadas o que fueron objeto de desapariciones forzadas.  Se incluye también a quienes quedaron afectados de manera psicológica y física. 

"Las acciones de violencia llevadas a cabo por los grupos subversivos y las fuerzas del orden [...] ocasionaron la pérdida de numerosas vidas humanas [...], menguando la capacidad productiva de las familias", se indica en el informe.

La comisión explica que, en la mayoría de los casos,  el impacto de la violencia en algunos de los miembros de la familia tuvieron como consecuencia la disminución del ingreso indispensable para el sostenimiento de la vida familiar, así como la disminución de la calidad de vida del grupo.

De acuerdo a los testimonios recogidos por la CVR, de un total de 22.507 víctimas (muertas y desaparecidas), el 73 % desarrollaban alguna actividad económica rentable para el sostenimiento de sus familias.

Obligados a huir.  La violencia obligó a muchas familias a abandonar sus pueblos y sus modos de producción, para encontrar refugio y nuevas oportunidades en Lima. "El desplazamiento del capital social del mundo rural hacia otras zonas, sobre todo urbanas o urbano marginales, generó otro debacle en las comunidades y en las regiones", anota la CVR.

En 1997, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que más de la mitad de encuestados (57,6%), de 437 distritos de los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín, Huánuco y Ancash, habían cambiado de residencia por la violencia. 

el proceso de despoblamiento de las comunidades afectadas
por la violencia del conflicto armado interno se dio en la década de los 80.

Aunque tras el apaciguamiento del conflicto armado algunas familias decidieron regresar a su lugar de origen, la CVR encontró que estos retornos sólo habrían alcanzado cerca de la mitad de la población desplazada.

Desempleo y subempleo: El conflicto armado también afectó la dinámica productiva de la comunidad e imposibilitó el desarrollo normal de las actividades económicas de la población, afirma la CVR.

La falta de trabajo empujó a los desplazados a ubicarse en actividades del sector informal o de poca rentabilidad, que no les permitió acceder a ingresos necesarios para su subsistencia. A su vez, la informalidad laboral generó en estas familias condiciones de inseguridad e incertidumbre, que no tenían en la etapa previa al conflicto.

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