Recorte de subsidios pone en riesgo la vivienda social desde abril de 2026 en el Perú, advierte gremio inmobiliario Codip

El ajuste presupuestal aprobado para el 2026 plantea un escenario complejo para la vivienda social en el país. Según la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip), los recursos destinados a subsidios habitacionales se reducirían de alrededor de S/ 2.000 millones —nivel ejecutado en el 2025— a cerca de S/ 1.000 millones el próximo año, una caída cercana al 50% que tendría efectos concretos desde los primeros meses del 2026.

“La muy mala noticia es que el presupuesto aprobado es crítico. Esta reducción implica que los bonos se agotarían alrededor de abril del 2026”, señaló José Espantoso, presidente de directorio de Codip. De concretarse este escenario, el gremio estima que unas 30.000 familias que normalmente acceden a programas como Techo Propio o el Nuevo Crédito MiVivienda quedarían fuera del mercado formal de vivienda.

El impacto, advirtió, no se limita al acceso de las familias, sino que compromete la predictibilidad necesaria para el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios. “Sin reglas claras y sin un horizonte presupuestal, muchos desarrolladores prefieren frenar o postergar inversiones, especialmente en vivienda de interés social”, explicó, al señalar que el recorte puede afectar tanto proyectos en evaluación como el lanzamiento de nuevas iniciativas.

Bonos nuevos, alquiler y el riesgo de una política fragmentada

En paralelo al ajuste presupuestal, el Ministerio de Vivienda ha anunciado medidas como un bono dirigido a recién egresados para la compra de su primera vivienda, así como el impulso a programas de alquiler como Renta Joven. Para Codip, cualquier iniciativa orientada a facilitar el acceso a la vivienda es positiva, pero el problema surge cuando estas medidas se evalúan sin un marco integral.

“Todo bono que incentive la demanda es bienvenido, pero hay que mirar la escala y cómo se financia. Si estos nuevos apoyos se cubren dentro de un presupuesto ya recortado, el efecto puede ser contraproducente”, advirtió Espantoso, al señalar el riesgo de priorizar apoyos focalizados mientras se reduce la cobertura para otros segmentos con igual o mayor necesidad.

El déficit habitacional en el país alcanza a casi 2 millones de familias, entre déficit cualitativo y cuantitativo. Sin embargo, la producción anual de viviendas —alrededor de 50.000 unidades— resulta insuficiente frente a la formación de unos 140.000 nuevos hogares cada año. “Con la producción actual no estamos reduciendo el déficit; por el contrario, este sigue creciendo”, remarcó.

Respecto a los programas de alquiler, el presidente de Codip consideró que pueden complementar la política de vivienda, pero advirtió que hoy no existen las condiciones para su desarrollo a gran escala. “El déficit se puede cerrar comprando, pero también alquilando. El problema es que en el Perú prácticamente no existen proyectos de alquiler institucional porque no hay incentivos tributarios adecuados”, señaló. Entre las medidas planteadas figura la devolución anticipada del IGV y ajustes tributarios que permitan viabilizar proyectos multifamily, es decir, edificios diseñados exclusivamente para alquiler.

Impacto en proyectos y proyección para el 2026

El posible freno de la vivienda social se sentiría con mayor fuerza en distritos y regiones donde estos programas tienen mayor presencia. Lima Sur, Lima Norte, el Callao y ciudades como Piura, Chiclayo, Ica o Arequipa concentran buena parte de los proyectos de interés social que podrían verse afectados si no se corrige el ajuste presupuestal.

Pese a este contexto, Espantoso sostuvo que el mercado inmobiliario parte de una base sólida. En el 2025, las ventas de viviendas habrían crecido cerca de 20%, con precios estables y niveles de absorción saludables. Para el 2026, sin embargo, el crecimiento sería más moderado. “Creemos que puede haber crecimiento, pero no al ritmo de este año. Podría estar alrededor del 5%, siempre que se corrija el tema de los subsidios”, indicó.

Para evitar ajustes recurrentes y dar estabilidad al sector, Codip insiste en la necesidad de una ley de financiamiento habitacional que establezca un horizonte plurianual de subsidios. “Esto no es un gasto, es una inversión. Por cada sol que el Estado pone, retorna más de 1,6 veces vía impuestos y formalización”, afirmó Espantoso. El gremio plantea además la conformación de una mesa ejecutiva de vivienda que articule al Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior y al sector privado, con metas claras de producción.

“Si queremos cerrar el déficit habitacional, necesitamos producir alrededor de 200.000 viviendas al año. Eso no se logra sin una política clara, predecible y sostenida en el tiempo”, concluyó.