Comisión de la ANR confirma irregularidades en la Garcilaso

ELIZABETH SALAZAR / @ElizabSalazar

El Comercio obtuvo las conclusiones de la comisión de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) que fue conformada por el área de coordinación interuniversitaria para investigar las irregularidades que se denunciaron en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

El grupo concluyó su trabajo el pasado 2 de abril y en este se confirman graves vulneraciones a las leyes universitarias. 

Se detectó, por ejemplo, que en la Garcilaso se imparten carreras en tiempos reducidos, pudiendo dictarse hasta tres ciclos lectivos por año. Además, existen maestrías sin plan curricular ni sustento técnico, como es el caso de la Maestría en Administración con mención en Sistemas Antidrogas, Maestría en Educación a Distancia, Maestría en Medicina Humana, etc.

Ambas faltas, dice el documento, “son tipificadas como graves en el artículo 14 del reglamento de intervención” y “estaría atentando contra la formación profesional del estudiante de postgrado”.

SUELDOS ILEGALES

Respecto a los sueldos millonarios que se manejan en la universidad la comisión confirma que, según la Ley 23733, “el excedente que pudiera resultar al término de un ejercicio presupuestal anual, tratándose de universidades privadas, lo invierte a favor de la institución y en becas para estudio. No puede ser distribuido entre sus miembros ni utilizado para ellos, directa o indirectamente”. 

Por el contrario, dice la comisión, en la universidad existen los denominados bonos de producción que no son otra cosa que la repartición de las ganancias que percibe esta asociación civil sin fines de lucro.

El rector tiene 15 días para dar sus descargos. Luego de eso la comisión emitirá su dictamen sobre la intervención de la universidad.

BURGOS Y EL DECANO DE DERECHO

La comisión ad hoc de la ANR también se pronunció sobre el grado de Bachiller en Derecho y el título de abogado que obtuvo el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Horna, el 2011. 

En el informe se indica que se vulneró el artículo 55 de la Ley Universitaria que exige a los estudiantes haber culminado la educación secundaria, “condición que el señor Burgos nunca acreditó” indica el documento. “Lo real y concreto es que no se encuentran (en los archivos de la universidad) los certificados de estudios que habría presentado Burgos para ser considerado estudiante”, agrega.

Se indica, además, que si bien la Garcilaso pidió al Poder Judicial la nulidad de los títulos entregados al alcalde, esto no la exime de responsabilidad en el ámbito administrativo. 

Burgos obtuvo el título de manos del decano de la Facultad de Derecho, Jesús Rivera Oré. Él, según fotos que obtuvo El Comercio, asistió a la colegiación del alcalde y hoy es investigado junto a Cervantes por los sueldos millonarios que también recibió. 

El día de su colegiación el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, estuvo acompañado del entonces decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Chanamé, y el decano de la Facultad de Derecho de la Garcilaso, Jesús Rivera Oré. 

El informe de la comisión ad hoc ha sido puesto a conocimiento del rector Luis Cervantes Liñán para que efectúe sus descargos y observaciones. Cervantes tiene 15 días para responder. Vencido el plazo la comisión ad hoc remitirá a la Comisión de Coordinación Interuniversitaria  (CCI) su proyecto de dictamen. El CCI es quien envía al Pleno de la ANR, presidido por Orlando Velásquez, el dictamen fundamentando la intervención y proponiendo las medidas a adoptar. Cabe indica que Velásquez dijo en su momento que confía en la inocencia de Cervantes.