Más de 2 mil entidades del Estado tienen capacidad de gasto para mitigar el riesgo de desastres | INFORME

“Todos son responsables. Y cuando todos son responsables, nadie es responsable”, señala Patricio Valderrama, especialista en gestión e investigación de desastres de origen natural, al ser consultado por la exorbitante cantidad de entidades del Estado que tienen fondos asignados dentro del programa presupuestal 068, destinado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

En total, suman por lo menos 2.195 las entidades de los tres niveles de gobierno con capacidad de gasto para este fin. De estas, la mayoría (1874) se concentran en las municipalidades provinciales y distritales del país.

A nivel regional, 293 organismos adscritos a los 26 gobiernos regionales tienen capacidad de ejecución en prevención ante desastres. La región con mayor cantidad de entidades con presupuesto para este fin es La Libertad, con 18 organismos. Le siguen Cusco, con 17; y Junín, con 16.

En cuanto al gobierno central, 13 sectores están incluidos dentro del programa presupuestal 068. En total, 28 entidades adscritas a los distintos sectores tienen competencias para ejecutar proyectos de prevención y gestión del riesgo.

¿Es necesario diversificar tanto las fuentes de ejecución o es, más bien, contraproducente para lograr las metas de mitigación? Flavio Ausejo, especialista en gestión pública, sostiene que esta dispersión genera un problema de articulación y coordinación. “Puede ser que todos tengan presupuesto, pero eso no quiere decir que todos tengan la misma visión”, indica y agrega que “la mirada de enfoque territorial es muy limitada”.

Precisamente con la finalidad de intentar suplir la dispersión, así como los bajos niveles de ejecución en los distintos niveles de gobierno, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) adquirió en el 2020 la capacidad legal de ejecutar ella misma sus fondos –independientes del programa 068– para los proyectos estratégicos de prevención.

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Para ello, la entidad firmó un acuerdo gobierno a gobierno –el mecanismo que se utilizó para construir la infraestructura de los Juegos Panamericanos en tiempo récord– con el Reino Unido. Bajo esta modalidad se vienen ejecutando los drenajes pluviales del norte y, aunque el avance financiero sigue siendo bajo (4%), es rápido si se considera que los contratos fueron firmados recién a mediados del 2022.

“No se estaba avanzando en ningún nivel de gobierno, y se les hacía muy difícil. Lo que se hizo fue absorber los proyectos de los ministerios y los gobiernos subnacionales”, explica Amalia Moreno, exdirectora de la ARCC. Para la exfuncionaria, la dispersión de ejecutores “va en contra de la transparencia y la idoneidad en las contrataciones, porque quiere decir que más de 2 mil unidades ejecutoras tienen que contratar de manera idónea, eficiente y transparente”.

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Por ello, considera que una posible solución estaría en que una central de megaproyectos ejecute de manera centralizada los proyectos más importantes. “Los países con las mejores economías tienen pocas agencias que hacen las compras principales”, sostiene.

Para Valderrama existe un problema adicional: no solo hay demasiados responsables, sino que no hay claridad en la jerarquía de las funciones.

“En la experiencia que tuvimos en el 2017 [año del último FEN], quien llevaba la batuta era el ministro de Defensa. Hoy se ha perdido esa batuta. Además, hay distintas instituciones que duplican funciones. Entonces, ¿quién responde a quién?”, cuestiona.