En la cuadra 9 de la avenida Abancay, en el corazón de la ciudad, un edificio de siete plantas desafía los principios de la ingeniería y la arquitectura. En uno de sus lados, la construcción tiene apenas 1,20 metros de ancho y, aunque el peligro que representa es evidente, hasta ahora no puede ser demolida.
Especialistas consultados por El Comercio –que denunció el caso en el 2017– han coincidido en que la edificación, rodeada de negocios de distintos rubros y algunas viviendas, no soportaría un sismo de 7 grados. Una potencial tragedia en una de las avenidas más transitadas de Lima Metropolitana.
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Una serie de recursos legales ha impedido la actuación del municipio. Y mientras el proceso se dilataba, la construcción continuó.
Con la ayuda de un dron, este Diario comprobó esta semana que en un bloque del edificio todavía no concluido permanecen materiales de la obra.
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1. El origen: una extraña construcción
En febrero del 2013, la estructura tenía tres pisos. Su ascenso fue fugaz: dos meses después empezaba a construirse la cuarta planta y en abril del 2015 –dos años más tarde– comenzó a levantarse el quinto piso.
La Municipalidad de Lima advirtió la evidente irregularidad en el 2016 e inició un proceso administrativo sancionador contra Constructora Lourdes S.A., la firma que edificó el inmueble.
“La empresa ejerció su derecho de defensa y en la última instancia administrativa se confirmó la imposición de una multa y la medida complementaria de demolición”, informó el municipio a El Comercio.
Pero ese no fue el final, sino el inicio de un engorroso proceso que todavía no ha terminado.
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2. Denuncia pública y caso omiso a las advertencias
En setiembre del 2017, este Diario denunció que la construcción es un peligro no solo para las personas que viven y trabajan en ella, sino para las miles de personas que día a día circulan en la avenida Abancay, una de las calles más transitadas de la ciudad. En esos días, un bloque del inmueble ya tenía siete plantas. Y así sigue hasta hoy.
Ese mismo año, Constructora Lourdes S.A. interpuso una demanda de revisión judicial “para que el Poder Judicial revise la legalidad del proceso administrativo sancionador”, indicó la Municipalidad de Lima.
“El edificio tiene muchas deficiencias: cables pegados a la fachada, su irrupción urbana y sus accesos. Pero los principales problemas son estructurales y no solo hablamos de la desproporción entre la altura de siete pisos respecto a una fachada que no supera el 1,20 m de ancho”, advierte el arquitecto Óscar Apaza, de Udeal.
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Apaza –quien visitó el lugar junto con un equipo de El Comercio– explica que las columnas cuadradas que sostienen la edificación no son adecuadas. “En edificios angostos, se suelen disponer placas o columnas alargadas en el sentido más corto de la construcción, para que soporten movimientos sísmicos”, añadió.
3. La dilación como estrategia y un caso sin solución
Las argucias jurídicas no cesaron. En abril del 2019, la Tercera Sala Superior en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda presentada en el 2017, pero la empresa apeló.
En octubre de ese mismo año, la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema confirmó la sentencia. Ahí terminó ese proceso, pero aún hay más.
El proceso judicial que la Municipalidad de Lima entabló contra la empresa continúa, pues se presentaron personas que aseguran que adquirieron locales comerciales en el edificio de la avenida Abancay.
En los últimos días del 2020, El Comercio comprobó que el inmueble aún alberga a decenas de familias y almacenes de víveres, bebidas alcohólicas y carretillas para la venta de desayunos.
El ingreso por cualquiera de sus dos puertas conduce a una misma escalera del segundo piso. El acceso a las plantas superiores está bloqueado por una maciza puerta metálica.
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Para el abogado José Antonio Trelles, especialista en derecho administrativo, esta situación evidencia que “existe un uso indebido del sistema de justicia”. “Más que la búsqueda de justicia, lo que vemos es un mecanismo dilatorio”, agregó.
Este Diario intentó en los últimos días contactar a representantes de la empresa, pero no fue posible. “Todo está en proceso judicial”, fue la escueta y única respuesta que Juan Vivanco, abogado de la constructora, dio a este Diario en el 2018.
Antes, en setiembre del 2017, Vivanco había dicho a Canal N: “Del piso 6 al 7 no hay problema, vamos a dar las facilidades. Del quinto [piso] hemos presentado los planos y del cuarto [piso] tenemos todos los papeles”.
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