Caso Andrés Hurtado: con Elizabeth Peralta libre había un peligro de “obstaculización en la averiguación de la verdad”

Peralta, quien hasta setiembre pasado se desempeñaba como fiscal superior especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, es investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado. Según la tesis del Ministerio Público, la fiscal habría recibido un millón de dólares, a través de Andrés Hurtado, para que el empresario Javier Miu Lei recupere 200 kg de oro que había sido incautado a su empresa entre diciembre del 2019 a enero del 2020. También se le acusa de solicitar 80 mil dólares, por medio de Hurtado, a Miu Lei para influir en la apertura de una investigación por lavado de activos contra su competencia comercial. Asimismo, se le sindica por el presunto pedido de 100 mil dólares para que no se continúe una investigación contra la empresa Quantico Servicios Integrados, de Iván Siucho Neira.

Por estos casos, el 2 de octubre pasado el juez Juan Carlos Checkley, titular del juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ordenó 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado, así como comparecencia para la fiscal peralta y el empresario Miu Lei. ‘Chibolín’ fue recluido en el penal de Lurigancho al día siguiente.

El abogado Benji Espinoza, defensa legal de Peralta, informó que su patrocinada no se entregará a la justicia y optará por pasar a la clandestinidad al considerar que la orden de prisión preventiva se trata de una “detención arbitraria”.

“La doctora Peralta Santur va a ejercer su derecho a resistir una detención que considera arbitraria hasta que se agoten los mecanismos legales para poder cuestionar la misma”, dijo a RPP. Horas antes de dichas declaraciones, el abogado Espinoza había adelantado que evaluarían presentar un recurso de habeas corpus para revertir la medida. Este Diario intentó comunicarse con el letrado, pero no contestó hasta el cierre de esta nota.

Para la abogada Romy Chang, especialista en derecho penal, que la investigada pase a condición de prófuga dificulta su situación. “El caso se torna más complicado para ella porque no es lo mismo hacer una defensa de manera presencial que en la clandestinidad. Implica además, no solo por la medida de prisión, sino por los elementos que se recogen en la disposición que cambia su condición, donde se señalan una serie de elementos que dan cuenta de que sí habría habido un delito. Su no presencia hará mucho más difícil su situación. Al fiscal se le allana el terreno respecto a la rapidez con la que el juicio pueda avanzar y concluir”, dijo a El Comercio.

Con el reciente fallo, de los tres investigados en el polémico caso, solo el empresario vinculado al negocio del oro es investigado en libertad. Peralta, conocida como la “madre” del conductor de televisión, acumulaba hasta febrero del 2023 cerca de medio millón de soles en una cuenta de ahorros, a pesar de tener un salario mensual de aproximadamente 18 mil soles, según un informe de Cuarto Poder.

“Esto sería porque su comportamiento no es de igual gravedad que un funcionario público, como el caso de la fiscal Peralta. A él tampoco se le han encontrado dinero, la maleta en la casa y cuentas como a la fiscal. Los elementos de arraigo también son distintos”, añadió Chang.

Para que se defina la situación de la fiscal Peralta -desde octubre el Ministerio Público pedía que se revoque la orden de comparecencia- la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Lima necesitaba cuatro votos.

De seis jueces supremos, tres votaron en contra de la apelación y tres a favor. Por ello, la sala llamó al juez supremo dirimente Gustavo Álvarez Trujillo, quien se adhirió al voto de las juezas supremas Paloma Altabás Kajatt y Norma Carbajal Chavez, y del juez supremo Saul Peña Farfán, quienes estaban de acuerdo con la prisión preventiva. En contra habían votado los jueces supremos César San Martín Castro, Manuel Luján Túpez e Iván Sequeiros Vargas.

El peligro procesal en el que no se llegaba a un acuerdo era la “obstaculización en la averiguación de la verdad”.

Sin embargo, el juez dirimente determinó que existe riesgo razonable de que la fiscal cometa conductas de entorpecimiento u ocultamiento, ello después de que falseara información sobre el uso de su línea telefónica, no entregara su equipo celular y habérsele incautado un manuscrito referido a borrar el backup de WhatsApp, el historial de navegación y de Google Maps.

Hasta el cierre de esta nota se desconocía el paradero de la fiscal Peralta.

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