La suspendida fiscal Elizabeth Peralta Santur se entregó la tarde de hoy, 4 de diciembre del 2024, al Poder Judicial un día después de que se dictaran 18 meses de prisión preventiva en su contra. La medida fue dispuesta por Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Lima al considerar riesgo de fuga y los indicios presentados en el caso relacionado con el conductor Andrés Hurtado.
Inicialmente, su abogado Benji Espinoza había anunciado que Peralta se mantendría en la clandestinidad, calificando de arbitraria la decisión judicial. Sin embargo, ella misma acudió al despacho del juzgado para cumplir con la orden.
En octubre, el Poder Judicial ya había dictado impedimento de salida del país contra Peralta y el empresario Javier Miu Lei, también investigado por uno de los casos judiciales más mediáticos del año. Ahora el caso involucra a Peralta, Miu Lei, Andrés Hurtado ‘Chibolín’, empresarios, personajes ligados al fútbol peruano y otra decena de implicados genera gran atención mediática.
La 'madre' en prisión: el impacto en el caso
La investigación por presunto tráfico de influencias que implica al exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, se agrava para uno de los involucrados: la fiscal Elizabeth Peralta Santur. Ayer, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión contra la magistrada, tras revocar la orden de comparecencia con restricciones que se le había impuesto hace apenas dos meses.
Peralta, quien hasta setiembre pasado se desempeñaba como fiscal superior especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, es investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado. Según la tesis del Ministerio Público, la fiscal habría recibido un millón de dólares, a través de Andrés Hurtado, para que el empresario Javier Miu Lei recupere 200 kg de oro que había sido incautado a su empresa entre diciembre del 2019 a enero del 2020. También se le acusa de solicitar 80 mil dólares, por medio de Hurtado, a Miu Lei para influir en la apertura de una investigación por lavado de activos contra su competencia comercial. Asimismo, se le sindica por el presunto pedido de 100 mil dólares para que no se continúe una investigación contra la empresa Quantico Servicios Integrados, de Iván Siucho Neira.
El 2 de octubre de 2024, el juez Juan Carlos Checkley, titular del juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ordenó 18 meses de prisión preventiva para Hurtado y comparecencia restringida para Peralta y Liu Lei, quienes serán juzgados en libertad con reglas de conducta.
Por estos casos, el 2 de octubre pasado el juez Juan Carlos Checkley, titular del juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ordenó 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado, así como comparecencia para la fiscal Peralta y el empresario Miu Lei. ‘Chibolín’ fue recluido en el penal de Lurigancho al día siguiente.
Cambio de estrategia
El abogado Benji Espinoza, defensa legal de Peralta, había informado que su patrocinada no se entregaría a la justicia y optaría por pasar a la clandestinidad al considerar que la orden de prisión preventiva se trata de una “detención arbitraria”. Sin embargo, 24 horas después cambió su decisión y se entregó ella misma ante un juzgado.
Para la abogada Romy Chang, especialista en derecho penal, que la investigada pase a condición de prófuga dificultaba su situación, lo que explica el cambio de estrategia. “No es lo mismo hacer una defensa de manera presencial que en la clandestinidad. Implica además, no solo por la medida de prisión, sino por los elementos que se recogen en la disposición que cambia su condición, donde se señalan una serie de elementos que dan cuenta de que sí habría habido un delito. Al fiscal se le allana el terreno respecto a la rapidez con la que el juicio pueda avanzar y concluir”, dijo a El Comercio.
Peralta, conocida como la “madre” del conductor de televisión, acumulaba hasta febrero del 2023 cerca de medio millón de soles en una cuenta de ahorros, a pesar de tener un salario mensual de aproximadamente 18 mil soles, según un informe de Cuarto Poder. “Esto sería porque su comportamiento no es de igual gravedad que un funcionario público, como el caso de la fiscal Peralta. A él tampoco se le han encontrado dinero, la maleta en la casa y cuentas como a la fiscal. Los elementos de arraigo también son distintos”, añadió Chang.
Voto dirimente
Para que se defina la situación de la fiscal Peralta -desde octubre el Ministerio Público pedía que se revoque la orden de comparecencia- la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Lima necesitaba cuatro votos.
De seis jueces supremos, tres votaron en contra de la apelación y tres a favor. Por ello, la sala llamó al juez supremo dirimente Gustavo Álvarez Trujillo, quien se adhirió al voto de las juezas supremas Paloma Altabás Kajatt y Norma Carbajal Chavez, y del juez supremo Saul Peña Farfán, quienes estaban de acuerdo con la prisión preventiva. En contra habían votado los jueces supremos César San Martín Castro, Manuel Luján Túpez e Iván Sequeiros Vargas.
El peligro procesal en el que no se llegaba a un acuerdo era la “obstaculización en la averiguación de la verdad”.
Sin embargo, el juez dirimente determinó que existe riesgo razonable de que la fiscal cometa conductas de entorpecimiento u ocultamiento. Ello después de que falseara información sobre el uso de su línea telefónica, no entregara su equipo celular y habérsele incautado un manuscrito referido a borrar el backup de WhatsApp, el historial de navegación y de Google Maps.
Tres meses del caso del año
La noche del 19 de septiembre, Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, fue detenido en la clínica Novo Q de San Borja, luego de ser buscado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Su captura ocurrió tras revelarse serias acusaciones de tráfico de influencias y lavado de activos, aparentemente vinculadas a la familia Siucho-Miu Lei, así como a jueces y fiscales. Ahora, dos meses después, el exconductor de televisión cumple una prisión preventiva de 18 meses en el penal de Lurigancho, al este de Lima.
La investigación contra Hurtado comenzó en agosto, cuando Jean Carlos Miu Lei denunció a sus primos Siucho Neira por presunto tráfico de armas, minería ilegal, entre otros delitos, durante una entrevista en el programa Contracorriente de Willax. El 2 de septiembre, Hurtado acudió al programa “Beto A Saber”, donde afirmó conocer a la fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta Santur y a las familias Siucho y Miu Lei.
En respuesta a estas declaraciones, Ana Siucho, hermana de Iván y Roberto Siucho, y esposa del futbolista Edison Flores, ofreció una entrevista a “Beto A Saber”. En ella acusó a Hurtado de solicitar grandes sumas de dinero a sus hermanos a cambio de interceder en el proceso de cambio de nacionalidad de Roberto Siucho. Ana también mencionó a Roxana del Águila, exjefa de Migraciones, como otra funcionaria aparentemente vinculada a Hurtado. Además, acusó a la fiscal Peralta de intervenir para devolver una carga de oro incautada a su primo Javier Miu Lei.
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El 9 de septiembre, tres días después de la entrevista, el Poder Judicial emitió una alerta para impedir la salida del país de Hurtado, Peralta y Miu Lei. En respuesta, la fiscal Peralta aclaró en Contracorriente que su relación con Hurtado se debía a su interés en ejecutar obras sociales.
Al mes siguiente, el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos decidió ampliar la investigación preliminar contra Andrés Hurtado Grados por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Asimismo, se iniciaron diligencias preliminares contra 11 empresas vinculadas al caso.
Entre las entidades involucradas se encuentran AH Gold Entertainment SAC, Frutera Perú SAC, y Centro de Convenciones Teatro Leguía SAC, entre otras. Estas empresas son investigadas por su posible relación en actividades ilícitas vinculadas al lavado de activos.
Kelly Medina aparece como apoderada o gerenta de varias firmas de Hurtado. Según una publicación de la Unidad de Investigación de El Comercio, ella fue gerenta de Inversiones Los Ceibos S.A.C, una empresa que comercializa mineral aurífero y que fue creada en setiembre del 2018 por Ana María Lei Siucho, madre de Javier, Diego, Jean Carlo y Sebastián Miu Lei.
Según un documento fiscal al que accedió este Diario, Medina declaró que fue gerente general de la empresa a raíz de que Andrés Hurtado le dijo para asumir el cargo. Además, le explicó que el pago que le iban a realizar sería con la utilidad anual.
Con varios indicios de presunta comisión de delitos, el 8 de noviembre el Poder Judicial ratificó la prisión preventiva contra Hurtado por 18 meses, en el marco de una investigación por tráfico de influencias, cohecho pasivo y organización criminal en agravio del Estado. Por su parte, Peralta Santur fue suspendida de su cargo como fiscal de lavado de activos.
Detalles del caso
En su investigación preparatoria, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos detalla que uno de los hechos investigados es la presunta intervención de la fiscal Peralta en la devolución de una carga de oro a Javier Miu Lei, a través del fiscal provincial Lucio Sal y Rosas. Miu Lei habría pagado un millón de dólares en dos entregas de 500 mil, una de ellas realizada por Diego Miu Lei al empleado de Hurtado, Eduardo Romero Santana.
La fiscalía imputa a Hurtado como operador de Peralta, tras ofrecer sus servicios a Iván Siucho Neira para que transmitieran su disposición a Javier Miu Lei, quien habría intentado comprar influencias para la devolución del oro. Iván Siucho también sería señalado como intermediario entre Hurtado, Peralta y Javier Miu Lei.
Además, se investiga si Hurtado y Peralta solicitaron o recibieron 80 mil dólares de Javier Miu Lei para iniciar una investigación por lavado de activos contra la empresa minera Paltarumi S.A.C., competencia de las empresas de los Miu Lei.
Otras personas presuntamente vinculadas a Andrés
Recientemente, el futbolista Edison Flores fue citado a declarar ante la fiscalía sobre un intercambio de camionetas con su cuñado Roberto Siucho. Flores admitió que desconocía el motivo de la solicitud de su cuñado para que la transferencia se hiciera a nombre de Hurtado, pero accedió sin preguntar detalles. En una entrevista, su esposa explicó que la entrega de la camioneta a Hurtado fue un pago por la supuesta gestión de Roxana del Águila, entonces superintendente de Migraciones, para obtener la nacionalidad china para Flores.
En otro caso relacionado con vehículos, se conoció que la empresa AH Entertainment Company, de Andrés Hurtado, vendió una camioneta Porsche Cayenne a Luis Enrique Sánchez Aranda, dueño de la cevichería “Mi Barrunto”. Aunque el precio original de la camioneta era de 135 mil dólares, se vendió por 30 mil dólares, menos de una cuarta parte de su valor original. Sánchez explicó que devolvió el vehículo en noviembre del año pasado debido a fallas graves que requerían costosas reparaciones.
El impacto en el sistema judicial
Además de Peralta, se han detectado a otras dos juezas aparentemente vinculadas con Hurtado. Una de ellas es la jueza superior Paola Valdivia, integrante de la Corte Superior de Justicia de Lima. A inicios de octubre de este año, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial la suspendió preventivamente por el plazo de seis meses. Asimismo, la ANC-PJ inició un proceso administrativo disciplinario en su contra.
La jueza ha sido vinculada con el exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, quien presuntamente habría financiado la remodelación de una parte de su departamento.
La misma entidad dispuso la suspensión por seis meses de la jueza superior María Vidal La Rosa, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. La jueza Vidal La Rosa está vinculada a un supuesto caso de corrupción relacionado con Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, por la organización de una fiesta por el Día del Juez. Las autoridades investigan estos eventos para aclarar si hubo algún acto indebido.
Las hijas de Andrés Hurtado, Génesis y Josetty, también están en la mira de las investigaciones. Ambas han sido citadas para declarar como testigos el 16 de diciembre, en una diligencia virtual. La investigación tiene como objetivo esclarecer los envíos de dinero a las cuentas de Hurtado, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva en el penal de Lurigancho. La resolución fiscal subraya la importancia de garantizar las pruebas materiales y de identificar a posibles personas involucradas en los presuntos delitos.
“Este despacho dispone recibir las declaraciones testimoniales [...] declararán respecto a los envíos de dinero realizados a su favor, de parte del investigado Andrés Avelino Hurtado Grados, entre otros hechos que se vienen investigando en la presente carpeta fiscal, diligencia que se llevará a cabo de manera virtual, a través de Google Meet”, se lee en la resolución.
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