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GUSTAVO KANASHIRO FONKEN (@gkanashiro)
El limeño ha aprendido a vivir con el miedo. Sus ventanas tienen rejas, sus puertas cuentan con doble cerrojo y sabe que caminar en la calle es sinónimo de exponerse ante un posible asalto. Es un temor que las autoridades suelen llamarle “percepción”. Pero en el Perú la inseguridad no solo es un problema. Es consecuencia de la falta de una estrategia eficaz para luchar contra la delincuencia.
La desorganización en la lucha contra el crimen es tal que ni siquiera existe un único registro de víctimas, delitos y delincuentes para saber a ciencia cierta cómo vamos en temas de seguridad. A pesar de esto, todos los indicadores colocan a Lima y el Callao entre los lugares más inseguros de Latinoamérica.
Algunas cifras pueden ejemplificarlo: solo el año pasado se robaron en la ciudad 19 autos cada día, y entre enero y marzo se hurtaron 14 mil celulares diarios. Una encuesta de El Comercio, realizada por Ipsos Perú, reveló en enero que nueve de cada 10 limeños se siente inseguro al salir a la calle, mientras que tres de cada 10 afirmó haber sido víctima de robo en la calle en el último año. La mitad de los limeños consideró que la delincuencia común y organizada constituye el principal tipo de violencia en el país.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señaló que en el 2013 se denunciaron 125.979 delitos en comisarías de Lima, una cifra que no incluye la enorme cantidad de casos que no se denuncian por temor, desidia del ciudadano o su poca confianza en la labor policial. Los distritos más peligrosos son San Juan de Lurigancho, Cercado y Ate.
La organización Ciudad Nuestra tiene cifras diferentes. En su encuesta de victimización del 2012 señala que el Rímac es el distrito más peligroso, seguido por El Agustino, Villa El Salvador, Los Olivos y San Juan de Lurigancho.
En total, se registran en Lima 1.346 delitos por cada 100 mil habitantes, una cifra que no deja de crecer desde el 2008.
Lima es la segunda ciudad con la peor percepción de inseguridad según el Barómetro de las Américas (2012).
“Sin un acumulador de datos central al cual todos los organismos le den cuenta de las faltas o delitos que registran en Lima y el Callao no se puede establecer una estrategia eficaz. Hay una gran cantidad de delitos que se cometen en las sombras”, dijo para El Comercio el ex director de la Policía General del Perú general Eduardo Pérez Rocha.
EL PLAN AUSENTE
La estrategia del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec) al 2018 establece que la lucha contra el crimen es una labor integral, participativa e intersectorial “por comprometer la participación de los diferentes actores estatales en los distintos niveles de gobierno”.
Sin embargo, la ausencia de metas específicas y de métodos de medición de resultados ha hecho que la estrategia vaya perdiendo cada vez más importancia. Según la Ley de Municipalidades, los alcaldes tienen como labor principal apoyar a la policía en la prevención y disuasión de la delincuencia a través del serenazgo, además de evaluar y supervisar la aplicación de políticas públicas de seguridad. A pesar de esto, muchas autoridades electas presumen que pueden dirigir la estrategia de seguridad ciudadana en parte por populismo y en parte por presión de sus propios votantes.
“Aquí somos mediáticos y a las autoridades les gusta el figuretismo. Cada alcalde anuncia sus propias medidas para combatir la delincuencia pero todo es fachada e improvisación. Hay planes aislados pero pocos protocolos para actuar en conjunto”, añadió el ex director PNP.
El desorden administrativo llega hasta el Ministerio Público y el Poder Judicial. “Tienen que alinearse los planetas para que la policía, el fiscal y el juez quieran investigar”, dijo el ministro del Interior, Daniel Urresti, en una entrevista exclusiva a este Diario.
¿El resultado? La impunidad de miles de hampones.