Nuestro derecho a la ciudad, por Sandra Belaunde

La ciudad pertenece a todos sus habitantes según estipula la ONU. Entonces, aunque sea arequipeña, Lima también es mía, así como de todas las personas que vivimos acá, en partes iguales y con los mismos derechos, entre ellos a la ciudad.

La semana pasada en Bogotá, autoridades de países latinoamericanos y funcionarios de organismos internacionales debatieron ideas en torno al crecimiento sostenible de nuestras ciudades. Este es el preámbulo de Habitat III, Conferencia Global de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible que se celebrará en Quito en el 2016.

Uno de los objetivos para el futuro de las ciudades latinas –que hoy equivocadamente miden su progreso en metros cúbicos de cemento, según el alcalde bogotano Gustavo Petro– es que los ciudadanos recuperemos nuestro derecho a serlo.

El derecho a la ciudad se descompone en derechos sociales, económicos, culturales y ambientales; varios de ellos, lamentablemente, no son ejercidos a cabalidad en Lima. Principalmente, el derecho a la libertad e integridad física, a la seguridad pública y a la convivencia pacífica, solidaria y multicultural. Aunque no lo parezca, tenemos derecho a sentirnos protegidos y a que la inseguridad no sea –como lo es hoy– nuestro principal problema. Los vecinos y autoridades de San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Comas y el Callao están tan expuestos a la inseguridad que están dispuestos a que sus distritos sean declarados en emergencia por seguridad y a limitar con ello sus derechos relativos a la libertad, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito para que las Fuerzas Armadas entren a las calles y acaben con la delincuencia. 

Por otro lado, el caos del transporte (nuestro segundo problema) contraviene el derecho de movilidad y circulación en la ciudad. Asimismo, el derecho a la justicia contradice la percepción de que el Poder Judicial es la institución más corrupta del país, según la séptima encuesta de Proética.

Son 700.000 limeños que no tienen acceso a agua potable, a pesar de que es un derecho universal, junto al acceso a la educación, salud, vivienda y a un medio ambiente limpio, el cual incorpora el derecho a la remoción de basura. Esto incluye, por supuesto, a los vecinos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y El Agustino, donde se concentra el 83% de puntos críticos de acumulación de basura. 

Así también, tenemos derecho a que la ciudad crezca de manera planificada. Derecho a la información pública: completa, veraz y oportuna; ergo, a que la Ley de Transparencia se cumpla. A enero, esta era incumplida por el 27% de las municipalidades de la capital. Derecho a participar en la determinación de las políticas públicas. Hemos avanzado en este punto: este año, han surgido diversos colectivos ciudadanos que buscan tomar un rol activo en el debate sobre la gestión de la ciudad.

Es importante que sepamos nuestros derechos como ciudadanos, pero no olvidemos que estos terminan donde comienzan los derechos de los demás.