Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
En menos de una semana, dos explosivos fueron detonados en locales de San Juan de Lurigancho, mientras una granada fue presentada a las afueras de una pollería del distrito. Todo esto en la cúspide de violencia que vive el municipio más poblado de la capital en los últimos tiempos y los altos niveles de violencia criminal que acechan las grandes ciudades del país. En tal medida, ante los últimos acontecimientos y la solicitud de los propios alcaldes, el Gobierno anunció el estado de emergencia en nueve distritos del Perú.
De tal forma, miembros de las Fuerzas Armadas apoyarán en el mantenimiento del orden en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres en Lima, mientras que en la provincia de Sullana (Piura) son los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa.
Así lo anunció este lunes la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien se encontraba en la 78 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, llevada a cabo en Nueva York (Estados Unidos) y finalmente fue oficializado en el Decreto Supremo 105-2023 de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Tras una reunión con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, el premier Alberto Otárola detalló que se está trabajando una fuerza de tarea -bajo el mandato de la autoridad edil- para planificar las estrategias para luchar contra la delincuencia.
Asimismo, anunció que durante el estado de emergencia habrá “pleno respeto a los derechos humanos fundamentales”. Indicó que los militares cuidarán bienes estratégicos y brindarán apoyo a las fuerzas policiales, pero que la medida se aplicaría al retorno de la presidenta Boluarte, previsto para este 21 de setiembre.
El premier Alberto Otárola y el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, se reunieron para establecer las acciones a tomar contra la inseguridad ciudadana, en el marco del estado de emergencia. Foto: Andina
El Decreto Supremo
Publicada cerca de las 10:30 de la noche en una edición extraordinaria de El Peruano, la norma presenta nueve artículos. La medida estará vigente por sesenta días calendario, en los cuales “la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para lo cual la institución policial determina las zonas donde se requiera dicho apoyo”, señala el escrito.
El documento establece que se restringirá o suspenderá el “ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”. Otra disposición es que los eventos sociales y espectáculos -en los distritos delimitados- serán suspendidos desde la media noche hasta las cuatro de la madrugada.
El Decreto Supremo también señala la participación de la Superintendencia Nacional de Migraciones “para el reforzamiento del control e identificación de migración irregular en el ámbito territorial del presente decreto supremo y la posible comisión de infracciones en materia migratoria”. También se realizarán acciones para a “fortalecer el área de intangibilidad en el perímetro de los establecimientos penitenciarios y/o proteger su espacio aéreo, con la finalidad de fortalecer la seguridad penitenciaria”.
De manera similar, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) aportará con “determinar la vigencia de las licencias para portar armas y de las tarjetas de propiedad del armamento, y la posible comisión de infracciones en materia de armas de uso civil, así como de un censo de personal civil que presta servicios de seguridad privada”.
Una medida insuficiente
Cluber Aliaga, exministro del Interior, abogado y general en retiro de la Policía Nacional del Perú, sostuvo durante una entrevista con El Comercio que “las estadísticas y experiencias previas indican que [estas medidas] no han funcionado de manera óptima [anteriormente]”. El especialista detalló que la inteligencia y las capacidades de investigación por parte de las autoridades del orden son elementos más importantes y útiles para luchar contra el crimen organizado y la delincuencia, pero estas no se han desarrollado con el tiempo.
Por otro lado, el exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo, José Baella, destacó a este Diario que la medida del estado de emergencia es “un derecho constitucional del Estado y, dada la magnitud que existe en estos distritos, creo que es necesario”. Sin embargo, resaltó que no se trata únicamente de incrementar el personal militar y policial, sino que se debe profundizar en “una estrategia integral y en la parte táctica”.
Agregó Aliaga que la suspensión de los derechos fundamentales que propone un estado de emergencia debe ser breve, “quiere decir que, para declararlo, el Gobierno debe prepararse [previamente y] tener toda la estrategia necesaria para poder hacer el trabajo efectivo”. Criticó, también, que la policía ya no tenga competencias de investigación, la cuales fueron derivadas al Ministerio Público desde el 2004 y resaltó las buenas labores que realizaba la ya inexistente Policía de Investigación del Perú (PIP).
Estructura e inteligencia
Aliaga enfatizó que la estrategia de incrementar -como única medida- al personal policial y militar en las calles es una propuesta anticuada. “La única manera de sacar de circulación a los cabecillas de las organizaciones criminales es con pruebas, con investigación criminal, con inteligencia operativa”, destacó el exministro. Opinó que la medida de sacar a los militares a las calles responde a una necesidad que tiene el Estado ante la ausencia de estrategias más asertivas.
Baella sostuvo que para que el estado de emergencia sea eficiente se debe delimitar a un responsable que comande de manera global las estrategias, evitando una división de objetivos. Al cierre de esta edición -sin el decreto oficial publicado- se conocía que Fuerzas Armadas “están haciendo un plan estratégico [...] seguramente ellos se encargarán, son los profesionales”, según palabras del primer ministro.
El exjefe de la Dircote resaltó que se debe trabajar en mejorar los recursos de inteligencia de las fuerzas del orden y reforzar los equipos de investigación de la Policía. Por su parte, Otárola comentó que se reforzarán las comisarías -en infraestructura y personal- y se realizarán reuniones con diversos alcaldes para conocer a detalle la situación de los distritos y elaborar planes de acción.
Migración del crimen
El alcalde de Puente Piedra, Rennan Espinoza, cuestionó que la medida se haya focalizado solo a dos distritos de la capital, cuando otros municipios de Lima Norte también sufren las consecuencias del crimen. “Si ya se declara el estado de emergencia, debería declararse en todo Lima […] porque no hay fronteras, la delincuencia va a estar pasándose de un distrito a otro”, manifestó Espinoza en RPP Noticias.
En diálogo con Canal N, Otto Guibovich, excomandante general del Ejército y excongresista de la República, expresó que -ante el tiempo transcurrido entre el anuncio de la medida y su puesta en marcha- es posible que las organizaciones criminales ya no se encuentren en estos distritos cuando lleguen los policías con las Fuerzas Armadas.
El exmilitar ejemplificó este argumento con lo sucedido en el Callao años atrás. “Entraron al tercer día [las fuerzas del orden] y no encontraron nada”, dispuso. Tanto Aliaga como Baella se pronunciaron de manera similar, haciendo hincapié en la facilidad que tienen las ‘cabezas’ de estas organizaciones criminales para migrar a otras zonas.
Guibovich sostuvo que “cuando menos, Lima Metropolitana debió ser declarada [en emergencia]. Es tiempo que el alcalde de Lima intente unificar los planes de seguridad. Lo que están haciendo es expulsar a los delincuentes de un lugar a otro”.
