Vecinos anuncian movilización a Lima para expresar su rechazo ante el Ejecutivo. (Foto: Captura/Canal N)
Vecinos anuncian movilización a Lima para expresar su rechazo ante el Ejecutivo. (Foto: Captura/Canal N)

Los 16 alcaldes de la provincia de , junto con la gobernadora regional de Lima, se han pronunciado enérgicamente contra el traslado del centro juvenil de rehabilitación al distrito de San Antonio. La decisión, impulsada por el Ministerio de Justicia, ha sido duramente criticada por haberse adoptado sin consulta previa ni coordinación con las autoridades locales.

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De acuerdo con los burgomaestres, el envió una notificación el último viernes informando sobre el traslado, pero sin brindar detalles técnicos, administrativos ni la ubicación precisa del proyecto. El alcalde de San Antonio señaló incluso que no ha recibido ninguna comunicación formal sobre la supuesta construcción del centro en su jurisdicción.

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Los alcaldes de los distritos más cercanos al terreno propuesto, como Chilca, Santa Cruz de Flores y Mala, también manifestaron su desacuerdo, alegando que el proyecto representa una amenaza para la y el desarrollo económico de la zona, que viene apostando por el turismo como motor de crecimiento.

Los líderes municipales coincidieron en que no existe ningún convenio legal que respalde la instalación del centro, y que el traslado no ha seguido un procedimiento técnico ni transparente. Para ellos, esto refleja una imposición que vulnera la autonomía de las autoridades locales.

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La gobernadora regional de Lima, Rosa Vázquez, se sumó al rechazo, calificando como “inaceptable” que una decisión de tal magnitud se tome sin la participación de los gobiernos regionales y municipales. Además, cuestionó la falta de claridad sobre los terrenos elegidos para el proyecto.

Ministerio notificó el traslado sin detallar ubicación ni seguir proceso técnico formal. (Foto: Captura/Canal N)
Ministerio notificó el traslado sin detallar ubicación ni seguir proceso técnico formal. (Foto: Captura/Canal N)

Durante una reunión convocada con el ministro de Justicia, los alcaldes se prepararon para exponer formalmente su oposición, mientras que la población anunció que se movilizará hacia Lima para hacer oír su voz ante el Ejecutivo.

Como medida inmediata, las autoridades locales y regionales exigen que el Ministerio de Justicia suspenda el traslado de Maranguita a San Antonio hasta que se realice una consulta formal, se presenten estudios técnicos y se evalúe el verdadero impacto del proyecto en la provincia de Cañete.

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