Corrupción en balnearios: los alcaldes acusados de tráfico de terrenos, peculado y extorsión

Con la investigación preliminar abierta por la fiscalía al alcalde de Santa María, Jiries Martín Jamis Sumar, por presuntos actos de corrupción en el municipio, serían cuatro los alcaldes de los distritos de los balnearios del norte y sur de Lima que en los últimos tres años han terminado envueltos en presuntas organizaciones criminales.

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-Santa María-

La madrugada del jueves, más de 100 policías y cerca de 16 fiscales allanaron la sede del municipio de Santa María y otros 8 inmuebles como parte de de la investigación iniciada al alcalde Jamis Sumar y otras 7 personas por la presunta apropiación de dinero recaudado por el cobro de parqueo vehicular y baños públicos en el balneario.

Según la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) de Lima Sur, el burgomaestre y los investigados eran sindicados como presuntos miembros de la organización criminal ‘Los parqueadores del Sur’.

Las primeras investigaciones, basadas en la declaración de un colaborador eficaz y un testigo protegido, demuestran que los acusados omitieron varios procesos administrativos para apropiarse del dinero recaudado entre enero y abril del 2019. El alcalde sería quien habría recibido la mayor parte del dinero en su propia casa.

Los ingresos de S/ 18 363.10, entre enero y marzo de 2019, declarados por el municipio como monto recaudado en las zonas de Playa Grande, Playa Chica, Terramar y Playa Embajadores, no se encuentran debidamente detallados y fundamentados.

En su defensa, el alcalde Jamis Sumar, dijo a América Noticias que las acusaciones en su contra son parte de una “denuncia Armada”.

“Hace unos días denuncié la existencia de una mafia criminal de tráfico de terrenos. El denunciante de esta investigación es la persona que ha usado terrenos que no son de su propiedad para hacer proyectos inmobiliarios y ha destruido acantilados. Esta persona, previa a hacer esta denuncia falsa, envió documentos a mis regidores diciendo que tiene una estrategia penal para lograr su objetivo inmobiliario. Y que si no le dábamos estos terrenos y permisos iba a presentar una estrategia que incluía vacarme y suspenderme. No solo eso, me han amenazado de muerte”, dijo.

Dijo que ue continuará apoyando la investigación en curso. No obstante, hizo un llamado al nuevo ministro del Interior, César Gentille Vargas, para que la Policía Nacional proceda con investigar a una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos en Santa María del Mar.

-Santa Rosa-

Este jueves, el Poder Judicial declaró no procedente el pedido de cese de prisión preventiva del exalcalde de Santa Rosa, Carlos Arce Arias. El exburgomaestre solicitó ser excarcelado para evitar contagiarse del coronavirus en el penal donde está recluido por presuntos actos de corrupción desde hace dos años.

Arce Arias fue elegido alcalde de Santa Rosa en el 2015 pero su mandato concluyó en el 2018 al ser sindicado como cabecilla de la organización criminal los ‘Malditos de Santa Rosa’, dedicada al tráfico de terrenos, el sicariato y la extorsión.

Según informo la policía, esta organización operó desde el 2001 en el 2016 empezó a ser investigada por agentes de inteligencia policial. Ellos seleccionaban terrenos para luego ser invadidos por testaferros y luego legalizados en el municipio. Finalmente, los terrenos eran revendidos.

La red de colaboradores de Arce tenía nexos en diferentes instituciones públicas, según la acusación. Por ello, junto al alcalde, fueron detenidos 29 presuntos miembros de la banda, que promovían las invasiones en el ámbito judicial. Entre ellos figuran tres funcionarios de la comuna, un trabajador de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, un juez de paz del distrito y dos suboficiales de la policía.

Según la investigación, la banda delictiva habría traficado con más de 800 mil m2 de terrenos en Santa Rosa y Ventanilla.

-Punta Negra-

A fines de febrero, el Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva para el entonces alcalde de Punta Negra, José Delgado Heredia, por ser sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal ‘La Jauría del Sur’.

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Esta banda criminal se dedicaba al tráfico de terrenos y tenía entre sus cómplices a dos integrantes de la policía: el coronel PNP Fernando Súclupe Olivos y el mayor PNP Raúl Portella Falcón. Según la fiscalía, esta banda tenía más de ochenta hectáreas de terrenos usurpados y una fortuna estimada en S/400 millones. Ellos tomaban posesión de un terreno privado o del Estado, constituían falsas asociaciones de vivienda e iniciaban la venta de lotes en las áreas invadidas.

Esta organización criminal también se dedicaba a las contrataciones de trabajadores y servicios fantasmas, compras sobrevaloradas y a la apropiación constante de gasolina destinada a vehículos edilicios. El municipio de Punta Negra era su centro de operaciones.

Entre los funcionarios detenidos por integrar esta mafia estaba Filiberto Campos Huamán (exgerente de Desarrollo Económico en Punta Negra y actual subgerente de Fiscalización en La Victoria).

-San Bartolo-

En noviembre del 2018, el Poder Judicial confirmó la sentencia de 7 años de prisión efectiva contra el alcalde de San Bartolo, Jorge Luis Barthelmess, por los delitos de falsedad ideológica y negociación incompatible. El burgomaestre había sido detenido en enero de ese año cuando acudió a una audiencia de juicio oral por el delito de negociación incompatible, una de las más de 20 investigaciones que se le siguen en la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur.

Según la fiscalía, Barthelmess junto a la ex secretaria general municipal, María Lourdes Rueda Lescano, y el ex funcionario edil, Eduardo Yeisi Rodríguez Salinas, “subastaron” en el 2012 dos lotes públicos, intangibles, en Pampas de San Bartolo. Uno de ellos mide más de 610 mil m². El otro tiene un área de más de 20 mil m².

Los exfuncionarios insertaron información falsa en el Acuerdo de Concejo del 15 de febrero de 2009, ya que en ningún momento de la sesión pública se debatió algún informe de la Gerencia de Desarrollo Territorial sobre regularización de ventas de terrenos municipales.

Las autoridades descubrieron un desbalance patrimonial de S/ 457.668.82 de sus cuentas entre los años 2003 y 2014. Además, encontraron que durante su gestión hubo deficiencia o inexistencia de declaraciones juradas de bienes y rentas del imputado, lo que trasgredió las disposiciones de la Contraloría General de la República y del Jurado Nacional de Elecciones.

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