COVID-19: Investigan a unas 17 empresas por ventas dudosas al Estado

Por Mayté Ciriaco

Desde inicios de la pandemia, el sector público ha realizado diferentes procesos de contratación directa con empresas para adquirir mascarillas, equipos de protección personal, productos de limpieza, pruebas de COVID-19, entre otros. Más de un año después del inicio de la pandemia, la Contraloría General de la República ha detectado situaciones adversas, como direccionamiento en las licitaciones y compras, sobrevaloración de productos, demora en la entrega de estos productos y deficiencias en la compra e instalación de plantas y concentradores de oxígeno.

El máximo órgano de control ha realizado 21 mil observaciones y alertas. Sin embargo, solo el 40% (más de 8.300) de estas situaciones han sido resueltas. El 60% restante de observaciones aún no son atendidas. La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio analizó las compras registradas en Conosce –el portal de compras estatales referidas solo a COVID-19– y detectó que 17 proveedoras del Estado durante la pandemia son investigadas por la fiscalía y la contraloría. Estas se adjudicaron un total de S/14′213.089,90.

La mayoría de estas empresas fueron contratadas por la Policía Nacional del Perú. Entre las observaciones más comunes que realiza la fiscalía, figuran que los productos no cuentan con marca de fábrica ni registro sanitario, que son de dudosa procedencia, que existe una presunta sobrevaloración y que los proveedores se dedicaban a otro rubro antes de la pandemia.

¿Por qué una empresa debe tener experiencia en la venta de estos insumos? Según José Aguirre, especialista clínico de Becton Dickinson, compañía transnacional de dispositivos médicos, con presencia en cinco continentes, para vender insumos y dispositivos médicos es necesario tener una amplia experiencia que garantice un respaldo a las personas. “Es necesario que la empresa asegure la calidad de sus productos, cuente con respaldos internacionales y los registros y certificaciones adecuados, dado que hablamos de la salud de la población”, explica Aguirre.

No obstante, más de 70 empresas que contrataron con el sector público han cambiado de rubro o se constituyeron en medio de la pandemia. Para Aguirre no solo basta con conocer el sector, sino con tener equipos de investigación que analicen los productos que se ofrecen. “Las compañías con años de experiencia contamos con un soporte de profesionales que desarrollan y prueban los productos. La infraestructura también es importante”, enfatiza.

El problema está en que muchas de las compañías investigadas ni siquiera cuentan con un local adecuado para mantener sus productos en buenas condiciones y no tienen cómo asegurar que todo lo que ofrecen es cierto. No obstante, en contrataciones directas, el sector público no cuenta con laboratorios especializados para revisar que se cumpla lo ofrecido y solo se guía de lo que promete el proveedor ganador.

También, se han detectado problemas en el proceso de vacunación contra la COVID-19, como la desactualización de los padrones de beneficiarios, pérdida de vacunas, vacunación irregular de personas, inadecuada gestión de residuos biomédicos, entre otros.

La contraloría también ha encontrado responsabilidades administrativas, funcionales y penales en 377 funcionarios en el manejo de la pandemia. Pese a ello, el contralor Nelson Shack advirtió que muchos de estos funcionarios no serán sancionados como corresponde y continuarán en sus centros de labores mientras su institución no recupere su capacidad sancionadora, inhabilitada por el Tribunal Constitucional.

Alza de precios

Además de las empresas con investigaciones, la Unidad de Periodismo de Datos detectó que más de diez proveedoras subieron el precio por unidad de sus productos COVID-19 durante la pandemia. Los precios subieron de S/0,50 a S/180 durante marzo, junio, julio, agosto del 2020 y febrero del 2021, durante la primera y segunda ola de contagios.

Algunos de estos productos son mascarillas quirúrgicas descartables de tres pliegues, mascarillas N95, pantalones, chaquetas y mandiles descartables, equipo de purificación de aire y gel antibacterial.

Si bien, a inicios de la pandemia en el país hubo escasez de insumos y los precios subieron, el sector público incluso los compró a precios mucho más elevados. Lo sucedido con las mascarillas KN95 grafica esta compra de productos a precios sobrevalorados, ya que en los momentos más complicados de la pandemia se podían encontrar en boticas y farmacias a 5 soles, pero el Estado las llegó a comprar hasta en 24 soles.

La mayoría de productos cuyos precios variaron son mascarillas quirúrgicas descartables de tres pliegues, que pasaron de costar 0,5 céntimos a 10 soles la unidad; mascarillas N95, que se vendía a 6 soles y el sector público las llegó a adquirir hasta en 70 soles; pantalón, chaqueta y mandil descartable, cuyos precios unitarios subieron entre 4 y 10 soles; equipo de purificación de aire y gel antibacterial.

Estas compras fueron realizadas, en su mayoría, por la Policía Nacional del Perú. Al respecto, la institución policial indicó que es respetuosa de las investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía. “Lamentamos no poder atender su pedido [de información] por el momento, debido a que se mantiene la reserva sobre el caso en mención”, respondieron a través de un correo electrónico.

Todas las empresas mencionadas en este reportaje fueron contactadas, pero no obtuvimos respuesta.