Alcaldías de Lima deben más de S/700.000 en aportes de AFP a empleados: cuáles son y qué sanciones podrían recibir

De las 42 municipalidades distritales, 29 registran deudas que suman un total de S/ 701.938, según la información proporcionada por la Asociación de AFP a El Comercio. Esta información solo abarca el actual periodo de gestión, que empezó en 2023, con lo cual no se considera acreencias de gestiones anteriores.

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Las deudas registradas por las municipalidades capitalinas responde a los casos de aportes que declararon por sus trabajadores, pero que finalmente no pagaron. “Cuando se demora en pagar el aporte, se generan intereses que deben pagar de acuerdo con los factores que publica mensualmente la SBS”, detallaron desde la Asociación de las AFP.

A esto se suma que, desde 2023, existe la Ley 31823 donde se modificó en Código Penal para calificar como delito de apropiación ilícita la retención o el no traspaso de los aportes de los trabajadores en sus AFP. “Estas sanciones se implementan entendiendo que no depositar los aportes de los trabajadores afecta directamente sus fondos de pensiones y su derecho a la seguridad social”, especificaron desde el gremio.

Los trabajadores que detecten que su empleador no viene realizando los aportes correspondientes puede reportar el caso a su AFP. En este punto existen dos problemas comunes: no todos están atentos a sus cuentas en el mes a mes, y no todos se atreven a reportar por el temor a perder sus puestos laborales.

La falta de pagos a los fondos de pensiones por parte de entidades públicas no es algo nuevo. Desde 2016, se han aprobado hasta tres leyes -denominadas REPRO- para reprogramar las acreencias y buscar que se cumpla con los trabajadores, pero las faltas de pago se siguen acumulando.

Con las Ley REPRO, las entidades acogidas obtienen un fraccionamiento de su deuda hasta en 120 cuotas mensuales (10 años), la extinción de toda multa, recargo o intereses moratorios que haya acumulado la deuda, y la suspensión de los procesos de cobranza judicial. Pero si las entidades se atrasan en el pago de sus cuotas, se generan nuevos intereses moratorios. “Asimismo, si dejan de pagar al menos una cuota por dos meses o más, pierden los beneficios del REPRO”, indicaron desde la Asociación de las AFP.

Chaclacayo es la municipalidad distrital de Lima que mayor deuda acumula entre 2023 y 2025. Su acreencia por no realizar el depósito a los fondos de sus trabajadores supera los S/ 210 mil. La deuda se ha incrementado hasta S/ 224 mil por los intereses moratorios.

Ester Diario buscó los descargos del alcalde Sergio Baigorria, pero este no respondió nuestros mensajes. En un informe de El Comercio, publicado a mediados de junio pasado, se reveló que Chaclacayo también es la gestión capitalina que mayor deuda coactiva registra ante Sunat, solo en el periodo comprendido entre 2023 y 2025. De los S/ 850 mil que debe al erario público, el 86% corresponde a la falta de pagos a los fondos de Essalud y ONP de sus trabajadores.

Algo similar sucede con San Juan de Lurigancho, que figura entre las cinco administraciones ediles con mayor deuda ante las AFP con más de S/ 20 mil. En deuda coactiva ante Sunat, su deuda era muy superior -ubicándose como la segunda mayor- con más de S/ 500 mil.

En el caso de la deuda reportada por la Asociación de las AFP, el equipo del alcalde Jesús Maldonado afirmó que vienen cumpliendo con los pagos de las obligaciones de sus trabajadores, negando la posibilidad de alguna deuda. “Es muy probable que las AFP determinen de dudas presuntas por la baja de algunos trabajadores“, indicaron para luego añadir: “como el caso de algunos funcionarios que salieron en febrero, pero esa información no es actualizada por las AFP y ellos consideran que el funcionario sigue trabajando. Esto debido a que la liquidación no es de manera automática”.

Finalmente, indicaron que el universo de trabajadores municipales con AFP no es grande. “El grueso es contratado con otra modalidad”, anotaron.

Consultados por la versión dada en San Juan de Lurigancho, la Asociación de las AFP afirmó que sus registros son “deuda cierta”, lo que está basado en la declaración del empleador o del trabajador (presentando una boleta de pago). “Cuando hay Ian cese y ellos no lo declaran, la AFP asume que hay deuda, pero esa es una deuda presunta”, especificaron.

En El Agustino, la segunda entidad edil con mayor deuda en Lima, el alcalde Richard Soria indicó que vienen pagando puntualmente tanto los aportes de sus trabajadores como el fraccionamiento que obtuvieron en las leyes REPRO I y REPRO III.

“Cuando nos acogimos a REPRO III en el 2024 tuvimos reunión en el MEF con las AFP a fin de conciliar las deudas y desde ese entonces estamos conciliado con ellos. Aparecía duplicidad de deuda e indicaron que su sistema era dinámico. Las AFP deberían enviar reportes a fin de conciliar y ver si realmente tenemos deuda“, explicó.

Tras las consultas realizadas por El Comercio, el alcalde Soria anunció que remitirá una carta a las AFP a fin de que le indiquen de que periodo se trata la deuda que registran a la fecha.

Este Diario también buscó los comentarios de las municipalidades de Breña y Pueblo Libre, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta, pese a que dos de estos equipos ediles prometieron enviar información.

Desde Surco, donde registraban una deuda de S/20 mil, el equipo del alcalde Carlos Bruce aseguró que no mantenían deudas pendientes, y que “el periodo en rojo se encuentra en proceso de descargo para anulación, conforme a lo comunicado mediante la Carta N.º 631-2025-SGGTH-GAF-MSS, debido al cambio de AFP por parte de un servidor”.

En las administraciones regionales, el panorama de deudas es más preocupante. Entre las 25 regiones se acumula una deuda que supera los S/ 6 millones por no realizar los aportes a los fondos privados de pensiones de sus trabajadores.

En el caso regional, vale aclarar que las deudas no implican necesariamente a la administración de cada gobierno regional. La mayoría de deudas registradas provienen de las distintas dependencias como direcciones, unidades de gestión educativas, redes de salud, unidades ejecutoras, entre otras.

El caso más preocupante es el de Loreto, donde la deuda supera los S/ 2 millones, que representa la tercera parte de la acreencia total entre las 25 regiones.

Si hacemos la lupa en Loreto, la mitad de su deuda es atribuida a la dirección Regional de Educación. Es decir, no se han realizado el pago a personal de educación generando una acreencia de S/ 1 millón 136 mil. La sede central del Gobierno Regional solo registra una deuda por S/ 15.575.

En Lambayeque, el foco de la deuda con las AFP está situado en la Dirección Regional de Salud con S/ 618 mil. El resto de la acreencia se reparte en otras cuatro entidades pero por montos menores.

Mientras que en Cajamarca son 10 las entidades deudoras, siendo la principal la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Santa Cruz con S/ 208 mil. En La Libertad, el Proyecto Especial Chavimochic registra una deuda de S/ 90 mil.

Con el actual panorama parece que estamos más cerca de una Ley REPRO IV que de ver pagadas las deudas de las entidades municipales y regionales.