Menor de 13 años dio a luz tras ser violada por su padrastro: lo que revela este execrable caso

Tiene trece años, fue violada sexualmente desde los siete y ahora es madre, luego de someterse a una cesárea en el hospital Dos de Mayo. Su padrastro, Luis Ipanaque Lucero, es quién habría abusado de ella, según el testimonio de la propia niña cuyo nombre permanecerá en reserva.

El Comercio logró contactar con la madre de la menor, quien pidió que su nombre no sea utilizado, por temor a que se tomen represalias en su contra. Ella declaró que la cirugía a la que se sometió a su hija no tuvo complicaciones, pese los riesgos que ello suponía. Por el momento, se encuentran recibiendo el apoyo de diferentes entidades del Estado.

La madre, que tiene otros dos hijos menores de 10 y 4 años, contó a este Diario que se dio cuenta del embarazo de su hija cuando ella ya contaba con unos cinco meses de gestación. “Cuando se estaba cambiando de polo, me entero de que su barriga estaba creciendo. La llevé a la doctora y mi hija no quería hablar porque tenía miedo, la estaban amenazando”, reveló previamente ante otro medio.

Actualmente, Luis Ipanaque Lucero, de 53 años, se encuentra no habido y sin orden de captura. “No sé si estará por acá o por Ferreñafe [ciudad en la provincia homónima, en Lambayeque]”, contó la madre a este Diario. Ipanaque es natal de este lugar. “Necesito justicia y que pague todo lo que le hizo a mi niña. Mi hija va a tener una huella para toda su vida”, señaló la madre a RPP Noticias.

De esta forma, la menor se suma a las más de 2.300 gestantes adolescentes, entre los 12 y 17 años, que se han registrado en lo que va del 2023 hasta el 10 de marzo en la estadística del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis). El año pasado se identificaron 21.970 casos en todo el país.

Cifras del Ministerio de Salud (Minsa) detallan que, sólo en lo que va del año, se han documentado 12.471 nacidos vivos de adolescentes de entre 15 y 19 años, así como otros 281 de niñas entre los 11 y 14 años.

Los datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) señalan que, entre enero y marzo de este año, se han atendido 38.769 casos de violencia, de los cuales 6.491 han sido por violencia sexual.

En entrevista con El Comercio, Susana Chávez, directora de la ONG Promsex, comentó que “en el Perú y en todo el mundo, un embarazo en menores de 15 años es un embarazo de alto riesgo”, que genera daños tanto físicos como psicológicos. Resaltó que “entre el 60% y 70% de los casos de violación se producen en el entorno familiar inmediato”.

Por su parte, Matilde Cobeña, adjunta para la Niñez y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, comentó a este Diario que, debido a su edad, la niña no estaría “biológicamente preparada para ser madre y habrá consecuencias para su salud física y mental, así como para su familia”.

“Las cifras son tremendas. Entre enero y marzo del 2023 hay 1.720 niñas y adolescentes víctimas de violación sexual”, advirtió la vocera de la Defensoría. Dividido entre los 123 días del año, se da un promedio diario de casi 14 casos de menores ultrajadas sexualmente.

“Parece que en nuestro país se siguen normalizando estos hechos. No podemos seguir tolerando la violencia en general, menos aún la violación sexual y que sea algo normal que, producto de una violación, las niñas queden embarazadas”, criticó Cobeña.

La funcionaria enfatizó en que, según el artículo 173 del Código Penal, todo acto sexual con un menor de catorce años es considerado como violación sexual. En estos casos, el culpable será reprimido con una cadena perpetua.

Según la Guía de Práctica Clínica y de Procedimientos para la atención del aborto terapéutico, este se define como “la interrupción del embarazo menor de las 22 semanas […] cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud física y/o mental’ un mal grave y permanente”. El aborto terapéutico fue despenalizado en 1924.

En dicho documento se establece que el “daño en la salud mental por presentar estrés post traumático, ansiedad, depresión severa e intento de suicidio ocasionado por haber sido víctima de violencia sexual” es una de las patologías que amerita evaluar el aborto terapéutico.

En comunicación con El Comercio, la madre reconoció que desconocía de esta posibilidad. “Para cuando me lo dijeron, ya era muy tarde”, contó. “La aplicación de este protocolo es una normativa absolutamente legal que debería informase de manera obligatoria en los centros de salud para todas las gestantes en riesgo, pero no se está haciendo”, juzgó Chávez.

“Esta situación es preocupante y penosa para el país, sobre todo para las niñas y adolescentes que se ven obligadas a continuar con un embarazo forzado”, expresó Cobeña.

Tanto la directora de Promsex como la vocera de la Defensoría aclararon que obligar a que una menor en estas condiciones tenga un bebe ha sido catalogado como “tortura” por órganos de derechos humanos. “Se les somete un sufrimiento absolutamente innecesario a las niñas que no deberían estar enfrentando una situación de este tipo”, indicó Chávez.

Ambas especialistas concluyeron que también se le está afectando la libertad a estudiar, la conformación de un proyecto de vida propio y de oportunidades para seguir creciendo como ciudadana. De hecho, Chávez resaltó que “la primera causa de abandono escolar en niñas es el embarazo”.

En abril de este año, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley 785, que propone reconocer derechos al concebido. Estos son el derecho a la vida, a la salud, a la integridad moral, psíquica y física, a la identidad y al libre desarrollo y bienestar. Aún se espera la decisión del Ejecutivo.

Las especialistas mostraron su preocupación ante este tipo legislaciones, las cuales interfieren, según mencionan, con la libertad y los derechos de las gestantes. Incluso, la Defensoría del Pueblo mostró su rechazo ante dicha autógrafa.