La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, dice que su gestión está dejando el camino trazado, con hoja de ruta incluida, para que desde el 28 de julio, el gobierno del presidente electo Pedro Castillo siga luchando contra la violencia de género.
Las cifras que deberá enfrentar el próximo gobierno son críticas. Solo en lo que va del año, el MIMP ha registrado 77 casos con características de feminicidio. Los feminicidas dejaron en la orfandad a 87 niños, niñas y adolescentes. Al 30 de junio, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) han atendido un total de 80. 299 casos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y violencia sexual en todo el país. De terror.
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—¿Qué políticas públicas en favor de las poblaciones vulnerables está dejando este gobierno?
Ya existía desde el 2019 la Política Nacional de Igualdad de Género, pero hemos aprobado varios protocolos porque ninguno estaba listo. Este año, además, hemos logrado la aprobación de la Política Nacional de Adultos Mayores; la Política Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Política Nacional de personas con discapacidad. Con esto completamos todas las políticas nacionales que deben regir en el país hasta el 2030. Todas están coordinadas con otros organismos públicos y con organizaciones de la sociedad civil. En ellas, se establecen los servicios que tienen que ser reforzados y otros creados.
—¿Qué medidas concretas establecen estas políticas?
Para las personas adultas mayores, por ejemplo, se está dejando operativo el programa “Mis 60+″ que da medidas de protección a los adultos mayores que es una población que no había sido atendida. Hemos visto que se ha incrementado la violencia física, psicológica y económica a los adultos mayores, a algunos les obligan a adelantar sus herencias, a entregar sus casas y después los botan a la calle. Además estamos dejando el mandato de que no debemos esperar a que las personas víctimas acudan a nosotros para que recién los podamos atender. Nosotros encontramos 212 equipos itinerantes que iban a algunas zonas del país donde estaban las víctimas, ahora los hemos fortalecidos y estamos dejando 957 equipos a nivel nacional. Apenas toman conocimiento de las llamadas, ellos van donde se encuentra la víctima para darle la atención que requiere.
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—A 77 mujeres las asesinaron este año ¿Qué se ha hecho en favor de la mujer en estos meses para evitar los feminicidios?
En materia de violencia, por ejemplo, nosotros encontramos mucha fortaleza en la ampliación de los servicios de atención, como los CEM, pero los servicios de prevención, siguen sin tener estrategias adecuadas. En marzo aprobamos los lineamientos de la estrategia para la atención de la violencia. En los próximo días saldrá el Decreto Supremo que aprueba la estrategia nacional de prevención. Hay que entender que para erradicar la violencia todos tenemos que cumplir un rol. Necesitamos un país que no discrimine a la mujer y las siga considerando menos que los hombres.
—¿Qué protección se les está dando a las mujeres que denuncian las agresiones?
Ahí hay un problema. Nosotros estamos dejando habilitados 22 hogares de refugio para las víctimas de violencia, pero la ley señala que los hogares refugio los tienen que construir los gobiernos regionales. Nosotros, encontramos, por ejemplo, que habían tres proyectos de refugio temporal para mujeres en Puno, Tacna y Callao en donde se habían dado objeciones a niel técnico que eran mínimos.Con Tacna se hizo una licitación con un ambiente de tres pisos que no se ha podido usar desde hace dos años. No se ponían de acuerdo por quien se encararía de dar el almuerzo. Encontramos esas cosas innecesarias. En el Callao tuvimos tres mujeres que murieron acuchilladas porque no teníamos dónde llevarlas. Nosotros hemos resuelto ese problema en tres meses. Hemos destrabado eso.
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—¿A cuántos huérfanos de los feminicidios está asistiendo el Estado?
Tenemos el apoyo a las víctimas indirectas de feminicidio. El reglamento que teníamos estaba demasiado formalista porque pedía copias certificadas, entre otras cosas a las familias que retrasaban el proceso. Ahora lo que hemos hecho es modificar ese Decreto Supremo aclarando un conjunto de responsabilidades para facilitarle la vida a las familias que los necesitan. Estamos entregando este bono a alrededor de 631 menores, pero hay como 80 menores de víctimas de este año que también ya están atendidas. Lo que queremos es ubicar a los familiares o hijos de. aquellas mujeres que han sido asesinadas en años anteriores. Ellos deben llamar a la Línea 100 porque ellos también tienen derecho.
—Pero solo pueden acceder a ese bono los casos que sean tipificados como feminicidios, y eso tarda...
Eso es un problema también que hemos visto. Pero ahí tendría que modificarse el Decreto de Urgencia, tendría que modificarse por ley de que no se espere a que se tipifique como delito. En realidad, esa tarea le compete al Congreso para que plante esa modificación.
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—¿A cuántos niños y niñas que han perdido a sus padres por el COVID-19 les entregarán un bono?
Cuando se hizo la proyección calculamos que eran 10.800 niños con situación de orfandad. En enero sacamos las normas internas en donde pusimos el mínimo formalismo en los trámites, así que las familias solo nos dan los apellidos y nosotros sacamos todo de Reniec. Hasta junio hemos sacado 3 listas, y tenemos 7.800 niños recibiendo la pensión, pero la decisión que hemos tomado es que se amplíe. Pasado mañana sale la nueva lista de 3.200 más y con eso vamos a superar la meta del año. Estamos dejando la propuesta de que pueda ampliarse porque cuando nosotros hicimos esta proyección, cuando recibimos la primera lista teníamos a unos 1.000 que no estaban en lista del Sinadef por ser sospechosos, pero al sincerarse la cifra ya todas las listas que teníamos pendientes ya las hemos incorporado. Les hemos dejado la posibilidad de solicitar la ampliación presupuestal que consideramos que son 35 mil niños, niñas y adolescentes. Estamos dejándoles la hoja de ruta, ya todo armado.
—¿Qué debe priorizar el gobierno de Pedro Castillo en favor de la mujer?
Me parece que la violencia de género y su reducción y erradicación debe ser agenda no solo del gobierno sino del país. El próximo gobierno tiene que fortalecer la prevención ante la violencia de género. Ya tenemos un Sistema Nacional de Justicia para la prevención de la violencia contra las mujeres. El estado ya tiene recursos asignados, así que eso tiene que continuar. Estamos dejando eso para que se continue, no hay que inventar la pólvora solo hay que hacer una continuidad. Hay que fortalecer más en la prevención. Se tiene una estrategia rural, pero es muy poca. También, tenemos el programa Hombres por la Igualdad que hay que ampliar, así como también crear un programa de empoderamiento. La siguiente gestión del gobierno tiene que continuar lo que se ha hecho bien, fortalecer las estrategias de prevención porque la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación a la que ha sido sometido la mujer durante siglos.
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