Acoso judicial: la nueva violencia de género de los agresores que buscan acorralar a las víctimas que denuncian

Cuando Natalia Manso imprimió el documento de excel en donde había ordenado todas las denuncias que su exesposo Antun Ucovich le había realizado, se quedó más atemorizada que antes. No podía creer que en dos años haya sido denunciada hasta 15 veces en diferentes comisarías y juzgados, luego que ella acusó de violencia psicológica a su expareja y padre de sus dos hijas.

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“Hice una línea de tiempo y una tabla de excel con fechas y denuncias. Yo misma me espanté cuando la imprimí en grande y vi todo, y ahí entiendes que es un patrón de comportamiento. Entonces, me fui a la Defensoría en un acto de desesperación”, cuenta Natalia a El Comercio.

Natalia Manso es española y no cuenta con ningún familiar cercano en el Perú. En el 2006 se casó con Antun Ucovich, pero 12 años después decidieron divorciarse. Para ello, firmaron un acta de conciliación en donde acordaron los asuntos relacionados a la patria potestad, tenencia, custodia, régimen de visitas y pensión por alimentos de sus dos hijas. Sin embargo, explica Natalia, eso no impidió que empezara a sufrir un hostigamiento que hoy la Defensoría del Pueblo ha reconocido como acoso judicial.

“Cuando uno se separa uno piensa que determinados problemas quedan atrás y uno va a poder retomar el control de su vida que es lo que algunas mujeres necesitamos. Sin embargo, lamentablemente siento que hay hombres que no asumen que hay mujeres que deciden separarse de ellos y tomar otros caminos. Lo que ha sucedido acá es un recordatorio, por parte de un señor que tiene un poder económico y empresarial, para decirme que él sigue mandando. Que sus hijas y yo somos su propiedad”, dice Natalia.

Durante el matrimonio, Natalia asegura haber sufrido de violencia psicológica constante. Su expareja la humillaba recordándole cada día el poder económico al que accedió tras casarse con él. Sin embargo, grande fue su sorpresa al enterarse que tras la conciliación y su reclamo por el incumplimiento de la misma, fue ella la denunciada penalmente por violencia. Hasta ese día, Manso apenas había recibido en su vida una multa por haber estacionado mal su auto. Pero lo más inaudito llegó después. Mientras intentaba cumplir con las diligencias de la primera denuncia, se enteró que tenía otras denuncias más en otras comisarías y juzgados de familia.

“No sabía que una denuncia por violencia se podía presentar en paralelo por el mismo hecho en varias comisarías y juzgados. He tenido que refutar como 4 veces un escrito con un cantidad de cosas sin sustento en 500 páginas. Esto tiene que ver con un modus operandi de un grupo de abogados inescrupulosos que han encontrado esta fórmula que les funciona. Yo te denuncio en dos comisarías, te denuncio en la comisaría que me corresponde, me invento otra dirección y te denuncio en otra comisaría por lo mismo. Hay meses en la que no hay una sola semana que no tenga que ir a una diligencia. Llevo dos años así. Con todo lo que supone una diligencia así, a fecha y hora de elección de quien te convoca”, precisa.

Hasta la fecha, Manso tiene 3 de los 15 procesos penales iniciados en su contra archivados. Ella también ha denunciado a su expareja hasta en 5 ocasiones. Además del tiempo dedicado a las extensas diligencias judiciales, a enfrentar a autoridades no capacitadas para tratar temas de género y aguantar a abogados que se burlan porque ella pide no ser acosada; el problema más complejo que ha tenido que vivir es el que sus hijas tengan que ser revictimizadas en varias ocasiones por culpa de las denuncias.

“El sistema te da la espalda, entras como víctima y sales como doble víctima y con menos plata, porque la que tenías te la gastabas pagando en abogados. Llega un momento incluso que ningún abogado te va llevar 15 procesos en paralelo. La primera denuncia, por ejemplo, fue por maltrato psicológico a él y a mis hijas porque decía que lo minimizaba como hombre. Por maltratar a mis hijas, presentó fotos y documentos que le entregó una empleada que trabajaba en mi casa. Esa carpeta judicial estuvo perdida durante meses y apareció hace tres días. Cuando las cosas se pierden puedes poner otra denuncia y decir “ella tiene un proceso penal abierto y es peligrosa”. La lentitud del sistema además se ha incrementado por la pandemia y ha sido aprovechada por abogados que se las saben todas para ponerte contra las cuerdas. Legará el momento en que tenga yo que tirar la toalla. Llega un momento en que ya no te puedes defender cuando te caen las denuncias de todos los sitios en paralelo”, cuenta Natalia.

Acoso judicial

Esta semana, la Defensoría del Pueblo presentó el informe Nº 001-2021-DP/ADM/MA titulado Violencia contra la mujer en forma de acoso judicial. En el documento, en el cual se toma como precedente el caso de Natalia Manso, se explica que “la situación de la Sra. Natalia Manso no es un hecho excepcional en nuestro sistema de justicia. La interposición de una serie de denuncias y demandas contra las exparejas en nuestro país, es una estrategia que se usa regularmente para hostilizar y desgastar física y emocionalmente a las mujeres, cuando sus ex parejas o padres de sus hijos no quieren cumplir con sus obligaciones”.

Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría, explica que, pese a que en el país no existe una figura jurídica del acoso judicial, luego de analizar el caso de Manso, conversar con operadores de justicia y conocer de otros casos similares, se evidencia la existencia de esta forma de violencia de género en el Perú.

“Una constante que la Defensoría ve es el empleo de los vicios de los alcances de la ley N° 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar) para exigir justicia y las bombardeaban con una serie de procesos de agresiones mutuas, denuncias penales. Es decir, la mujer que iba en búsqueda de justicia, terminaba acorralada. Analizamos los 18 expedientes del caso y la Defensoría decidió hacer un informe especial. Normalmente tomamos la complejidad y colectividad de casos como un criterio, sin embargo, este caso calzaba en nuestra hipótesis que había un acoso judicial, no de los operadores sino de los agresores que han utilizado el propio sistema para voltear toda la la defensa, haciendo un uso legal, pero que trataba más bien de generar un perjuicio económico y una violencia psicológica porque la víctima terminaba más asustada y atemorizada”, explicó a El Comercio.

Revollar recordó, por ejemplo, cuando en Puno una mujer que había denunciado a su expareja fue detenida cuando estaba con su hijo amamantándolo en un terminal porque el agresor la había denunciado. “Han habido casos que nos hacen pensar cómo el sistema creado para defender a las mujeres termina siendo utilizado en contra de ellas”, refiere.

Liliana Calderón, abogada penalista y defensa de Natalia Manso, destaca el informe de la Defensoría del Pueblo que habla de acoso judicial ya que, asegura, era necesario poner este tipo de violencia de género sobre la mesa ya que ha estado invisibilizado.

“Es un tipo de violencia que ha estado muy escondida porque no es explícita en la ley 30364. Creo que sí es una problemática y es algo que está sistematizado. El acoso está en los términos de, por ejemplo, presentar denuncias iguales con los mismos medios probatorios, sin ningún tipo de análisis responsables de los hechos sin la acuciosidad que se necesita a la hora de presentar una denuncia con el único propósito de empapelar a la víctima. Presentar el único documento uno y otra vez para acorralarte y generarte una sensación de estrés. Aprovechando de los pocos filtros que hay al presentar una denuncia. Si eres una persona con recursos económicos para enfrentar eso es una cosa, pero si no tienes mayores posibilidades y a eso le sumes la carga judicial, o ser extranjera y no tener arraigo ni familia, es un nivel de presión atroz”, dijo.

Algunas de las recomendaciones de la Defensoría al Poder Judicial son que en todos los casos de violencia contra las mujeres se realice una evaluación real del uso que el agresor realiza de las acciones judiciales disponibles.

Además, piden priorizar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Justicia Especializado para la Protección y Sanción de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, para evitar la existencia de una multiplicidad de procesos relacionados a un mismo hecho.

También piden discutir esta situación en una sesión plenaria de la Corte Suprema de la República a fin de que se adopte un acuerdo plenario que disponga las medidas necesarias para que este tipo de acoso judicial en contra de las mujeres víctimas de violencia familiar, no sea tolerado por los operadores de justicia y se implementen los mecanismos procesales a fin de impedir el abuso del sistema y del derecho con acciones repetitivas, reiteradas y sistemáticas, destinadas a generar presión emocional y económica sobre la mujer.

¿Dónde denunciar?

De ser testigos o víctimas de violencia es fundamental denunciar y buscar ayuda especializada, ser indiferentes es parte del problema. Lo que se sugiere es llamar de inmediato a la policía. En caso que la víctima sea un familiar, amiga o conocida se aconseja ofrecerle apoyo y seguridad para que denuncie.

Otro de los canales son los Centros de Emergencia Mujer (CEM). Estos son servicios públicos especializados y gratuitos para víctimas de violencia familiar y sexual.

También está habilitada la Línea 100, servicio telefónico gratuito a nivel nacional especializado en brindar información, orientación y soporte a las víctimas de violencia o maltrato. Se puede acceder marcado el 100 desde cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 24 horas del día.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene habilitado además, un servicio de chat para prevenir situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica. Se debe entrar desde cualquier dispositivo con internet a www.mimp.gob.pe/chat100

Las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer cuentan con la línea gratuita 0800-00205 para recibir denuncias desde todo el país.

*Esta nota fue publicada sin los descargos del acusado. El Comercio está haciendo todas las coordinaciones para obtener su versión la cual será vinculada a esta nota.

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