El día que le denegaron el licenciamiento a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), Rubén Ramos Zapana se mostró enérgico en sus redes sociales. Era el 7 de marzo del 2020, y él –un excatedrático de esta casa de estudios– había sido elegido congresista por Puno, como parte de la bancada de Unión Por el Perú (UPP). A través de un comunicado, responsabilizó en primer lugar al Gobierno de Martín Vizcarra y a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por los más de 28 mil alumnos que se verían afectados con esta decisión.
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Semanas después llegó al Congreso y se integró a la Comisión de Educación. Desde entonces, ha presentado tres iniciativas que involucran modificaciones en la Ley Universitaria y beneficiarían a las 49 universidades denegadas por la Sunedu. Son proyectos que, según dijo, todavía tienen que ser debatidos, “pero que incluyen medidas radicales para fortalecer la reforma y el rol del Estado en la educación, tal como propone el etnocacerismo”. Una de ellas es la expropiación de Telesup o Alas Peruanas.
El farmacéutico antaurista
Ramos Zapana nació en 1972 en el distrito de Taraco, provincia puneña de Huancané. Vivió durante años entre la comunidad de Sacasco, y las ciudades de Puno y Juliaca. Precisamente, en esta última localidad tuvo su primer encuentro con Antauro Humala en el 2001, un año después del recordado levantamiento de Locumba (Tacna). Así se enroló en su movimiento, por lo que hoy se considera “un etnocacerista veterano”, como dijo en una entrevista con Radio La Decana.
En el 2005, ocurrió el denominado “Andahuaylazo”, que dejó cuatro policías muertos y que Ramos Zapana califica hasta hoy como “una gesta”. Él no participó allí, ya que se encontraba en Lima estudiando la carrera de Farmacia y Bioquímica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), de donde se graduó en el 2006 y obtuvo el título de químico farmacéutico en el 2007.
Aunque luego se dedicó de lleno a la vida académica y a la actividad privada (según su hoja de vida ante el JNE, en el 2010 creó la empresa Farmacias Farmasol en la localidad de Juli), también fue funcionario: en el 2015 fue designado como titular de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno. Su gestión fue investigada por la Contraloría debido a la compra de varios medicamentos que resultaron vencidos por un monto de S/18 millones. De acuerdo con el congresista, este caso fue archivado luego por el Ministerio Público.
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Tras ello priorizó su labor política. Fue elegido secretario regional del Frente Patriótico Peruano (FEP), uno de los movimientos dentro del etnocacerismo que busca convertirlo en partido, “pero fuimos sorprendidos con la disolución del Congreso [en el 2019] y la convocatoria de elecciones”. Así, luego de un acuerdo entre Antauro y José Vega Antonio, fue invitado a participar en las Elecciones Congresales Extraordinarias del 2020 como candidato de UPP por Puno.
En la breve campaña electoral, Ramos Zapana mantuvo un discurso bastante radical. Dijo, por ejemplo, que el Perú tenía que “desafiliarse” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para instaurar la pena de muerte contra los corruptos; o que “se tenía que hacer respetar la familia tradicional, autóctona” ante ”la receta internacional de introducir la ideología de género” en el currículo escolar. Pero, sobre todo, defendió la excarcelación de Antauro Humala. Con esas promesas ganó las elecciones y llegó al Congreso sumando 26.740 votos.
Críticas constantes a la reforma
Durante más de una década (desde abril del 2009 hasta el 2020), Ramos Zapana fue docente contratado en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV). Tenía a su cargo la cátedra de Química Médica en la escuela profesional de Medicina Humana. En enero del año pasado, esta casa de estudios aún seguía en el proceso de licenciamiento institucional ante la Sunedu, pero con muy pocas expectativas de obtenerlo debido a problemas administrativos.
Por esas fechas, en una entrevista con Radio La Decana de Juliaca se le consultó sobre su posición frente al Caso UANCV. Allí prometió que, si llegaba al ser congresistas, “iba a llamar al ministro de Educación y al jefe de la Sunedu para pedirles una ampliación de plazo”, a fin de que las universidades denegadas subsanen las observaciones de la Sunedu en beneficio de los estudiantes que resulten afectados. “Desde el Congreso lo que vamos a pedir, no solo para la UANCV sino a nivel nacional, es el apoyo y respaldo a los miles de estudiantes afectados”, dijo.
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Una vez que juramentó como parlamentario, en marzo del 2020, se integró a la Comisión de Educación. Desde ese grupo de trabajo empezó a cuestionar la labor de la Sunedu: en junio, respaldó la creación de una instancia superior a la superintendencia –el Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (Conau)– que evalúe los licenciamientos o denegatorias emitidos como parte de la reforma. La propuesta fue retirada rápidamente tras los cuestionamientos del Ejecutivo, pero Ramos Zapana insistió en que era viable y que la habían “satanizado” sin sustento. “[La Sunedu] no es como Dios, no es al 100% perfecta. Puede tener un error, que una segunda instancia pueda revisar”, dijo en una sesión virtual.
Ese mismo mes, junto a su excolega de bancada Javier Marquina, presentó el proyecto de ley N°5581 para “declarar en emergencia el sistema educativo” debido a la pandemia del COVID-19 y proponer su “reforma integral”. Allí planteaba la “derogatoria o modificatoria” de leyes estructurales del sector Educación, entre ellas la Ley Universitaria. Sin embargo, no se precisaba cómo; solo establecían que en el plazo de seis meses de debía crear una Comisión Especial Multisectorial de Emergencia Educativa para que elabore un plan de reforma.
En julio, sustentó ante el pleno la moción para que se otorguen facultades a la Comisión de Educación, a fin de que pueda investigar a la Sunedu por los licenciamientos de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Peruano Alemana (UPAL). Tras ello, su bancada UPP promovió una moción de censura contra el entonces ministro de Educación, Martín Benavides, luego de que fuera interpelado en el pleno del Congreso (a través de una iniciativa que Ramos Zapana también respaldó).
El congresista puneño también es coordinador del Grupo de Trabajo encargado de tratar la problemática de la educación universitaria en el Perú dentro de la comisión. En noviembre, agendó la realización de un encuentro denominado “La problemática del licenciamiento de la universidad a su cargo”, donde se reunió con los rectores de seis universidades denegadas, entre ellas, la UANCV donde trabajó. “Vamos a escucharlos para que sientan que en algún sitio se les escucha”, dijo entonces a este Diario.
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“Más que anti Sunedu, soy anti Telesup”
El 30 de diciembre último, Ramos Zapana presentó otros dos proyectos de ley referidos a la Ley Universitaria. Una es la iniciativa N°6888, con la que propone cambiar la norma para incorporar a la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP) como miembro de las comisiones reorganizadoras de universidades públicas y privadas (asociativas creadas por ley) denegadas. De este modo, se amplía el alcance de la norma vigente y un comité especial –encabezado por el exrector de una universidad pública licenciada– asumirá “la conducción y dirección” de las instituciones privadas que no lograron su acreditación ante la Sunedu.
Esta norma beneficiaría específicamente a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), donde el congresista fue docente por más de una década. No obstante, él sostuvo que “no hay conflicto de interés porque yo estoy desvinculado de esa institución desde diciembre del 2019, ya que no me renovaron el contrato”. “Esta propuesta específica solo alcanza a las universidades asociativas creadas por ley, no a las Telesup ni las Alas Peruanas. En el caso de la UANCV, fue fundada en la década de 1980 porque había una necesidad educativa en Puno”, explicó a El Comercio.
La segunda iniciativa es la N°6890, que modifica el artículo 115 de la Ley Universitaria con el objetivo de declarar de “interés público” a las universidades privadas denegadas “para los efectos del artículo 70 de la Constitución Peruana”. Sobre este documento, dijo: “Lo que propongo aquí es expropiar las instituciones educativas que no cumplieron con las condiciones básicas de calidad. A mí me han malinterpretado como un crítico de la reforma. Más que anti Sunedu; soy anti Telesup, anti Alas Peruanas y anti todas esas universidades denegadas. No hay que derogar la norma vigente, sino fortalecerla con medidas radicales ad hoc a la situación”.
El congresista –que renunció a UPP en noviembre para ser parte de la bancada Nueva Constitución– agregó que no retrocederá con sus proyectos para que sean debatidos en comisión. Aseguró, además, que no ha coordinado ninguna propuesta sobre el tema universitario con Antauro Humala: “Es que él no sabe mucho del tema”.
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Luis Roel aseguró que también están dispuestos a colaborar con el Ejecutivo.
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