A través del Decreto Supremo 002-2021-SA, publicado el 10 de enero en el diario oficial “El Peruano”, el Ejecutivo aprobó el reglamento para el registro sanitario condicional de medicamentos y productos biológicos con el que, entre otras medidas, se abre la posibilidad de distribuir las vacunas a través del sector privado. Es decir, los laboratorios y droguerías que cuenten con la autorización sanitaria para operar como tales podrán importar y comercializar las próximas vacunas contra el COVID-19.
Anoche, a través de un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) reafirmó que la distribución y aplicación de la vacuna de emergencia contra la COVID-19 “será gratuita para todo aquel habitante del territorio nacional mayor de 18 años que desee obtenerla”. Por su parte, Antonio Pratto, miembro del Comando Vacuna, indicó a RPP que las entidades privadas podrán comercializar en el Perú las vacunas contra el COVID-19 después de que el Estado realice la inmunización masiva de los ciudadanos.
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¿Qué impacto tendría la participación del sector privado en la distribución de la vacuna? Hans Vásquez, exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), considera que la norma es positiva, dado que generará incentivos para un mayor acceso de la población a las vacunas. Él resalta que las autorizaciones aprobadas en Estados Unidos y el Reino Unido permiten a los sectores tanto público como privado acceder al registro sanitario de estos productos.
“Es un esfuerzo de varios actores involucrados: la academia, el sector público y el privado. También establece obligaciones para los titulares del registro sanitario en el seguimiento de casos adversos, distribución y buenas prácticas clínicas”, detalla Vásquez.
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Por su parte, el decano del Colegio Médico del Perú (CPM), Miguel Palacios Celi, señala que en esta etapa de la pandemia las vacunas deben ser consideradas un bien público “gratuito y universal” para combatir al COVID-19. Es decir, su distribución debe estar garantizada por el Estado.
“El sector privado es complementario. Las vacunas no deben ser consideradas mercancía; todos los Gobiernos han comprado hasta nueve veces más dosis que el número de su población. En este momento de gran emergencia sanitaria es un bien público para combatir la enfermedad”, señala.
Esta postura es compartida por el médico infectólogo y exdecano del CMP Juan Villena, quien considera que en el tema de las vacunas podría replicarse la misma situación de precios excesivos que se registró con los medicamentos, mascarillas o las camas UCI durante el pico de la pandemia.
“¿Se debería vender así? No pues, el Estado debería manejar todo el sistema pero como la Constitución que tenemos no nos permite, está basada en el libre mercado, no existe el control de precios y ni siquiera se puede poner un precio referencial a la vacuna”, explica.
El registro sanitario tendrá la vigencia de un año.
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