Estuvo prófuga cerca de seis meses, escapó clandestinamente del Perú, fue perseguida por la policía peruana, colombiana, la Interpol y el Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos. Wanda del Valle Bermúdez Viera, expareja del criminal y asesino ‘Maldito Cris’, lleva más de dos semanas detenida en Bogotá, esquivando los intentos de expulsión y extradición en su contra.
Este miércoles 20, se llevaron a cabo dos sesiones en el Poder Judicial, con respecto a la apelación de la prisión preventiva contra Bermúdez Viera y la apelación a la improcedencia del requerimiento de extradición, decisión que se tomó desde el PJ la semana pasada. Horas luego del debate, se declaró fundado el pedido de apelación interpuesta por la Fiscalía.
#LOÚLTIMO Poder Judicial ordena tramitar la extradición activa contra Wanda del Valle Bermúdez Viera ante la República de Colombia en la investigación que enfrenta por el delito de conspiración al sicariato en contra del coronel PNP Víctor Revoredo. Leer👉🏻https://t.co/D2URvDw6kg pic.twitter.com/LsDwhDoiDV
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) December 20, 2023
Es importante recordar que la investigada fue capturada en la capital colombiana el pasado 6 de diciembre. Desde entonces, se contempló la posibilidad de que la detenida fuera expulsada de Colombia en un plazo de 72 horas. Mientras este proceso de expulsión era vociferado por autoridades nacionales, el Poder Judicial le dictó 18 meses de prisión preventiva “por el presunto delito de conspiración para el sicariato”.
La expareja de Christopher Joseph Fuentes González -quien asesinó a un sereno de la Municipalidad de Surco el pasado 14 de abril- es acusada de ofrecer hasta 40.000 dólares por el asesinato del coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Homicidios y jefe de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera de la Policía Nacional del Perú (PNP), que la investigaba a ella y a la banda organizada ‘Tren de Aragua’.
Fallo en contra y vacancia
Habiéndose efectuado la pena privativa, el Ministerio Público (MP) inició el proceso para solicitar la extradición de la acusada. En conversación con El Comercio, el abogado penalista y especialista en procesos de expulsión, Alberto Huapaya, explicó que, para iniciar este procedimiento de extradición, se debe formar el cuadernillo respectivo y elevarse a la Sala Penal de la Corte Suprema para su aprobación. Solo así, el Estado peruano puede solicitar a Colombia la extradición.
Habiéndose presentado el recurso al Poder Judicial, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria resolvió -el 14 de diciembre- declarar improcedente dicho requerimiento de extradición activa. Esta decisión le costó el puesto como Juez Supernumerario a Alfonso del Carpio Delgado, quien falló en contra del pedido de la Fiscalía. El magistrado destituido el 15 de diciembre.
La decisión del juez Del Carpio se sustentó en un aspecto específico: una presunta falta del Ministerio Público al solicitar la extradición. Como parte de su argumentación, el magistrado explicó que la Fiscalía omitió señalar “bajo qué artículo específico de la ley penal colombiana, estaría regulada la conducta atribuida a la investigada Wanda del Valle Bermúdez Viera”. Es decir, el Ministerio Público no logró explicar cuál es la falta -en Colombia- equivalente al delito de conspiración para el sicariato.
Argumentos fiscales
En el marco legal colombiano -según aclaró el fiscal Raúl Antonio Solís Benites durante la sesión- esta figura penal se encuentra en el artículo 103 y sus agravantes. Dicho artículo se refiere al homicidio, sancionado con hasta 450 meses de prisión. El artículo 104 -que describe las agravantes- estipula que, de matar a alguien “por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil”, la pena incrementa hasta los 600 meses de prisión.
Para el Ministerio Público, por más que el nombre no es equivalente, la descripción de estos actos son equiparables al delito descrito en el Código Penal peruano. De hecho, la Fiscalía consideró la decisión del juez Del Carpio “como un error”. “Tenemos esta investigación por conspiración para el asesinato. Tiene elementos de convicción propios y específicos, siendo el más fuerte la declaración del testigo protegido, donde consta recibió el ofrecimiento de atentar contra la vida del coronel Revoredo, por una suma de 14 mil soles”, sostuvo el representante del MP.
Cerca de cinco horas luego de que se escuchara a las partes, la Sala emitió su pronunciamiento final, a favor del Ministerio Público. De tal forma, se revocó la decisión tomada por el magistrado Del Carpio el último 14 de diciembre. El expediente judicial resalta que ahora se debe elevar el cuaderno de extradición a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.
Investigan al juez
La resolución que separa al juez Del Carpio fue tomada por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Rose Mary Parra Rivera de González, luego de iniciarse una investigación preliminar por la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (Odanc).
Dicha Corte también ha solicitado a la Autoridad Nacional de Control (ANC) “una exhaustiva investigación de los actuados en este caso para determinar si el magistrado actuó o no de acuerdo a ley”. El Poder Judicial también aclaró que se han tomado acciones preventivas para que se continúe con el requerimiento de extradición de la investigada.
La Resolución Administrativa que destituye a Del Carpio Delgado también contempla el inicio de diligencias en su contra. “Se resuelve abrir investigación preliminar contra el doctor Alfonso del Carpio Delgado, en su actuación como Juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de San Juan de Lurigancho, con el objeto de recabarse los medios probatorios y/o indiciarios suficientes que permitan determinar la irregularidad denunciada sobre la emisión de la resolución que declara improcedente el requerimiento de extradición activa solicitada por Fiscalía”, menciona el documento.
La Autoridad Nacional de Control describió como una “respuesta oportuna” el inicio de las investigaciones contra del juez Del Carpio “por presunta irregularidad funcional”. Asimismo, la ANC -mediante un comunicado de prensa- resaltó que a Wanda del Valle Bermúdez se le investiga “por cometer el presunto delito de ofrecimiento para el delito de sicariato, en agravio del coronel PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán”.
Apelan prisión preventiva
La primera sesión que vio la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho fue referente al pedido revocación de la pena privativa que recae, de manera preventiva, contra Wanda del Valle Bermúdez. Finalmente, la Sala rectificó la pena preventiva dispuesta en contra de la ciudadana venezolana.
La defensa de la ciudadana venezolana, constituida por los abogados José Francisco Nole Ruiz y Ángelo Franco Navarrete Torricelli, cuestionó los argumentos de la Fiscalía, arguyendo que la versión de los testigos debe ser corroborada objetivamente.
Durante la audiencia también participó el coronel PNP Revoredo Farfán, mientras que la investigada se conectó de manera virtual desde Colombia. Cabe precisar que los argumentos del Ministerio Público se fundamentan en dos testimonios. El primero corresponde a Luis Alberto Castaño Flores, integrante del Tren de Aragua detenido por la policía peruana. Fue Castaño Flores quien alertó que se ofrecían 40.000 dólares por la cabeza de Revoredo Farfán.
El segundo corresponde a un testigo protegido, a quien un primo -supuestamente traído desde Venezuela por Bermúdez Viera para organizar el atentado contra el mando policial- presuntamente le ofreció “14.000 soles, una casa, un carro, un establecimiento de cupos y un departamento” de ser parte de la operación, de acuerdo a la información citada por los representantes de Wanda Bermúdez.
“El contexto de la información que nos da Castaño Flores indica que escucha, que ve a un tercero ver, supuestamente en un TikTok, que presumiblemente la señorita [Bermúdez] estaba ofreciendo dinero”, sostuvo el letrado Nole Ruiz, defensa de la investigada. Para ambos casos, el letrado criticó a la fiscalía por aceptar como hechos vinculantes estas versiones sin haber pasado por revisiones objetivas.
