Combis asesinas: hay 167 mil órdenes de captura a vehículos de transporte | #NoTePases

La impunidad al volante es el último eslabón de una cadena de problemas no resueltos que comienza en los depósitos vehiculares. Estos almacenes no son suficientes para meter todos los vehículos que deberían estar internados por deudas en infracciones: en Lima hay solo 8 depósitos y están prácticamente llenos.

Ayer, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao dijo a El Comercio que el problema de estos almacenes es la poca rotación vehicular, es decir, no se incentiva a que los dueños de estas unidades paguen sus multas para recuperarlas, pues a veces la deuda es mayor que su propio valor y los dejan ahí por años. “Hay autos que están internados en los depósitos hace 17 años, ocupando un espacio, impidiendo que ingresen otros que deberían estar ahí”, dice Eduardo Melgar, director de Fiscalización de la ATU.

Eso explica por qué hay combis, coasters y colectivos que registran dos, tres o hasta ocho órdenes de captura por papeletas, pero que siguen circulando porque nadie los lleva al depósito. Un ejemplo es la combi de placa C1Q-372, cuyo chofer sin brevete atropelló a una inspectora de transporte y fugó en El Agustino: registra una deuda de S/163 mil en multas y tenía dos órdenes de captura.

El problema empeora al no existir un sistema de chatarreo masivo para estos vehículos. Aún no se reglamenta la norma del Gobierno que promueve el chatarreo, el cual se anunció en junio del 2019.

Según cifras oficiales de la ATU, en Lima y Callao existen 167 mil órdenes de captura de vehículos de transporte público (buses, coasters, combis y taxis, incluyendo los no autorizados). Aproximadamente 150 mil vehículos tienen una orden de captura por deudas. El monto total sin pagar que mantienen es de S/48 millones, es decir, poco menos de lo que valdría construir otro Metropolitano.

Sistema perverso

En el Perú opera una red de abogados especializados en dilatar las papeletas de tránsito hasta su prescripción, ofreciendo impugnarlas en el sistema administrativo y judicial. Según cálculos de la Policía Nacional del Perú, en nuestro país se paga cerca del 10% de las multas que imponen las autoridades de tránsito y transporte. Esto ocurre porque, según el SAT, la ley permite presentar descargos, reconsideraciones, apelaciones y otros recursos hasta que la multa prescriba.

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Eso explica por qué entre el 2016 y el 2017 la Policía de Tránsito impuso 1′200.000 papeletas solo en Lima, pero no hubo ningún cambio en la actitud de los choferes. “Cuando a un limeño le imponen una multa, en vez de aprender la lección y pagarla para que no vuelva a cometer la falta, lo primero que piensa es cómo evadir la papeleta, qué pasa si no la paga”, dice Carlos Peña, especialista en materia vial y subgerente de movilidad de la Municipalidad de Miraflores, una entidad que ha logrado internar en el depósito 91 coasters piratas con orden de captura desde la publicación del documental de El Comercio “La bestia de Petit Thouars”, en marzo del 2019.

Ayer la ATU, entidad que tiene convenios con 33 municipios para fiscalizar y mantener el protocolo sanitario en buses, anunció un paquete de proyectos que busca reducir la judicialización de las papeletas, lograr que las multas al transporte resten puntos al brevete del chofer –actualmente solo afectan al vehículo– y promover el chatarreo de unidades.