El grave impacto ambiental de las 3.600 combis y buses antiguos que el MTC autorizó en Lima

Una serie de herramientas informáticas, basadas en la información de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y en normas europeas de emisiones permiten conocer el enorme efecto en el medio ambiente que dejan este tipo de vehículos. El análisis se realizó calculando por el tipo de vehículo, el combustible, el consumo promedio, el año de fabricación y el kilometraje estimado de los vehículos que, según esta resolución ministerial, ahora están autorizados para seguir operando en Lima y Callao:

Los vehículos autorizados por el MTC están divididos en tres grandes grupos: camionetas rurales (combis), microbuses (coasters) y ómnibus y una tercera categoría que engloba todas las carrocerías. Los años de antigüedad van variando según la clase de vehículo.

El primer grupo consiste en 247 camionetas rurales (combis) fabricadas entre 1990 y 1992. Estas tienen un motor 2.4 litros diesel, un peso aproximado de 1.5 toneladas, un recorrido de 109 mil kilómetros al año con un consumo de combustible promedio de 40 kilómetros por galón.

Este primer grupo genera cerca de 6.800 toneladas de Co2 al año, equivalentes a aproximadamente 393 vuelos transatlánticos de un avión comercial como el Boeing 737 (por ejemplo, de Nueva York a Londres) dura aproximadamente 7 horas.

El segundo grupo de vehículos consiste en 314 camionetas rurales (combis) fabricadas entre 1993 y 1995. Estas tienen un motor 2.4 litros diesel, un peso aproximado de 1,5 toneladas, un recorrido de 109 mil kilómetros al año con un consumo de combustible promedio de 40 kilómetros por galón.

Estas producen 8.737.19 toneladas de CO2 anualmente, que equivalen a aproximadamente 3.495 horas de vuelo de un avión comercial como el Boeing 737. Es decir, unos 499 vuelos transatlánticos

Un tercer grupo de vehículos consiste en 268 camionetas rurales (combis) fabricadas entre 1996 y 2001. Estas tienen un motor 2.4 litros diesel, un peso aproximado de 1,5 toneladas, un recorrido de 109 mil kilómetros al año con un consumo de combustible promedio de 40 kilómetros por galón. Estas producen 7,453.69 toneladas de CO2 anualmente.

Otro gran grupo de 2.835 unidades, entre microbuses y ómnibus fabricados entre 1990 y 2006, motor entre 2.4 y 3 litros diesel, con pesos entre las 1,5 y 3 toneladas, un recorrido de 109 mil kilómetros al año promedio y con un consumo de combustible promedio de 40 kilómetros por galón. Este grupo genera unas 78,830.28 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a más de 4500 vuelos de 7 horas

En total, las combis, coasters y buses antiguos que el MTC autorizó generan casi 95 mil toneladas de Co2, equivalentes a 5.300 vuelos de 7 horas cada uno. Esto equivale a la deforestación de 475 hectáreas de bosque tropical (que libera aproximadamente 200 toneladas de CO2.)

Cabe precisar que esta medida tomada por el MTC se suma a la ampliación de licencia en rutas de 5 a 10 años para combis y cústers. Esto último parte de una iniciativa legislativa que viene intentando reiteradamente en el Congreso. Cerca de 400 unidades de este tipo se beneficiarían con este proyecto. En tanto, si bien son dos ejes diferentes, en el fondo tienen un fin similar, que es seguir perpetuando la permanencia de la flota de combis y cústers en Lima y Callao.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), sostuvo que esta medida tomada por el MTC significa ir contra la ley, ya que esta señala que la prioridad debe ser el aumento de unidades que puedan alberga mayor cantidad de pasajeros (como los buses de los corredores) y no al revés. Además, enfatizó que es “totalmente antitécnico” porque va en contra de la seguridad vial, pues cústers y combis no cuentan con ningún tipo de protección para pasajeros y su estado no garantiza su seguridad.

“Esto demuestra que tenemos un Ejecutivo débil, porque muchos congresistas apoyan a estos gremios que tienen este tipo de unidades, las cuales no están aptas para la circulación de pasajeros en una ciudad como Lima. Cualquier unidad de esa magnitud, tan pequeña y estrecha, debe contra mínimo con cinturón de seguridad”, acotó.

Resaltó que casi un 70% de la siniestralidad en las vías ocurre en las ciudades, que es precisamente donde estas unidades circulan sin ningún control. Opinó que acción va a repercutir en la continuidad de accidentes de tránsito que tendrán como protagonistas a combis y cústers. “Estamos echando más combustión a este incendio que no se apaga hace más de 20 años. Durante ese tiempo hemos tenido de 3.000 a 4.000 muertos anuales por accidentes. Y cada vez se incrementa más, porque existen estas normas antitécnicas, infraestructura no deseada y malos conductores”, dijo Ojeda.

El especialista agregó que le parece “sospechoso” que esta medida se de tan solo dos semanas después de un paro que se hizo frente al MTC por parte de gremios de transporte, que pedían mayor tiempo de vida para este tipo de unidades.

“Esto ratificaría que tenemos un Ejecutivo débil, lo cual se plasma en entidades como la ATU y el MTC, que más que una posición técnica vienen defendiendo posiciones priorizadas por malos político”. Agregó que en vez de eso se debería priorizar la norma de chatarrero, que ya hubiera permitido que muchos de estos vehículos pasaran por este proceso.

En tanto, José Aguilar, expresidente de la ATU, detalló que cuando encabezaba la entidad se había aprobado una ampliación, a pedido de la gestión anterior, para ampliar dichos plazos, en el caso de cústers y combis de los años 80 y 90. En el caso de los primeros (400 vehículos de un universo de 20.000), tras una análisis, se determinó que no podían volver y no se solicitó ninguna ampliación. De igual forma, dijo, ocurrió con los vehículos del 90 al 92 (400 unidades también). Se consideró que no habría mayor impacto.

Sin embargo, en el caso del resto de vehículos, del 93 en adelante, ahí sí el número era mayor, cerca de 3.000 unidades. Había un impacto. Bajo este contexto, mencionó que es importante que para atender esta problema de cústers y combis viejas u obsoletas se planteen alternativas que vayan de la mano con su retiro de las vías de Lima y Callao, ya que los depósitos de ATU, por ejemplo, están llenos de estas unidades.

“Esto tiene que ir de la mano con un reglamento de chatarrero, que si bien el Decreto Legislativo se aprobó en diciembre pasado, el reglamento aun no se aprueba. Este chatarreo va a permitir que una serie de buses antiguos de más de 15 años que están en los depósitos se conviertan en chatarra debido a un proceso más célere. Se ha estimado que una vez aprobado el reglamento cerca de 800 unidades irán chatarrero de forma inmediata. Con eso liberas los depósitos y mandas un mensaje fuerte: si agarras vehículos antiguos van al depósito y a chatarrear”, resaltó.

Aguilar también hizo foco en el impacto al medio ambiente que generan unidades como combis y cústers antiguas. Añadió que de acuerdo a los sensores que tiene la ATU, que registran el grado de contaminación del aire y de ruido, instalados en varias partes de la ciudad, los sitios más contaminantes están en Santa Anita, Ceres (La Molina) y gran parte de Lima Norte. Es decir, justamente en zonas donde hay una gran cantidad de combis.

“Desde mi perspectiva no está bien, me parece terrible que a unidades del 90 - 92 se les haya ampliado el plazo de circulación porque son unidades que contaminan y emiten por lo menos 30% más dióxido de carbono. Hay evidencia de su impacto en el medio ambiente. Entonces, sí creo que darle más tiempo a los vehículos que tienen casi 35 años de antigüedad, cuando la norma permite máximo hasta 20, es un abuso”, refirió.

Por su parte, Gerardo Hermoza, representante del Corredor Morado, criticó también esta medida tomada por el MTC a solicitud de la ATU, y mencionó que esto también impacta en el normal tránsito en rutas como la de los buses del Corredor Morado. Dicho servicio transita por vías como alto flujo de combis y cústers, como las avenidas Brasil, Abancay, Próceres, Wiesse, entre otras,

“Estas unidades no son de las empresas. Sino de terceros que alquilan espacios en estas rutas. Estos vehículos tienden a malograrse, obstruir las vías y generar tráfico. Adicional a ello está el tema de la contaminación que producen. Hay que tener en cuenta también todos son petroleros”, dijo.

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Para Hermoza, la actual gestión de la ATU no viene cumpliendo con su responsabilidad de garantizar un transporte público seguro y eficiente. Consideró que esta medida lo único que hace es retroceder en lo que bien o mal se había avanzado. Indicó que una opción hubiera sido darle a estas unidades un bono de chatarreo, con la condición que sean para adquirir vehículos nuevos.

“Esta gestión de ATU que ha asumido lo único que ha causado es daño a los concesionarios de los corredores y Metropolitano. Se ha dedicada a sacar funcionarios y copar puestos. Se ha debido mantener lo que ya se había avanzado pero se ha retrocedido. Encima, la ATU ha cedido ante los intereses de vehículos que ya debieron salir del mercado. Han chantajeado a la autoridad con el argumento de que sino se volverían piratas. La solución era darles bono de chatarreo con la condición que sean para adquirir vehículos nuevos”, expresó.

En conversación con El Comercio, Franklin Barreto, exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la PNP, calificó esta medida como un despropósito, pues opina que no guarda mucha coherencia con los aspectos de seguridad vial. Por otro lado, detalló que este tipo de caos que se genera en el transporte beneficia a más de uno, lo que involucra también a algunos funcionarios del sector.

“Si vemos que se autoriza circular a vehículos del transporte público que superan los 30 años, quieres decir que el Gobierno no les importa la seguridad de las personas. En mi experiencia policial yo he tenido la oportunidad de ver varios casos en que los accidentes se debieron a fallas mecánicas del vehículo, por su antigüedad. Si vamos a dejar que vehículos de esa antigüedad estén dedicados al transporte público el riesgo se eleva exponencialmente”, sostuvo.

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Sobre las condiciones que señala la norma para que se cumpla con esta ampliación de plazo (Certificado de Inspección Técnica Vehicular y demás condiciones técnicas), Barreto indicó que estas no garantizan nada y que en realidad es una “burla”. Explicó que la guía de la revisión técnica cuenta con muchos defectos y es muy permisiva, lo que finalmente deriva en la entrega del certificado sin haber hecho una inspección rigurosa a todo nivel.

“La inspección técnica vehicular que está debidamente reglamentada tiene una tabla de interpretación de defectos, que es la guía que tienen las empresas que se dedican a pasar revisión técnica, y en esta hay tres tipos de situación cuando el vehículo está mal: leve, grave y muy grave. Solo para dar un ejemplo, cuando el vehículo tiene el 45% de efectividad en los frenos se considera una infracción leve, algo que le permiten subsanar. Además, hay fallas que no son detectadas por esta inspección y que están directamente relacionadas con la antigüedad del vehículo”, explicó.

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Para Barreto está claro que esta situación, si bien pone en peligro a pasajeros, representa una ganancia o beneficio en ciertos sectores. “¿Quién se opone a la reforma del transporte? los congresistas, peor también muchas veces se oponen los propios técnicos del MTC. Acá hay gente que está ganando con esta situación, le conviene. Si el caos sigue de esta manera más que seguro que esta resolución se va a modificar y se va a seguir ampliando. Definitivamente esta norma carece de sentido”, puntualizó.

Desde el jueves a las 4:36 p.m. El Comercio intenta obtener de manera reiterada los descargos del MTC y la ATU. Esta última entidad, según la resolución, es la que solicitó esta ampliación de permisos al MTC. Hasta las 9 p.m. de anoche no obtuvimos respuestas.

Fuentes de este Diario directamente vinculadas al sector sostienen que la noticia de esta ampliación ha generado un “terremoto” al interior de la ATU, pues la mayoría funcionarios se enteraban de esta resolución recién cuando El Comercio pidió descargos.

También trascendió que varios procesos que estaban en marcha en la ATU están paralizados debido a numerosos cambios de funcionarios realizados desde la designación de la nueva presidenta Marybel Vidal Matos.

En paralelo, una fuente de la ATU sostuvo que el origen del problema es que aún no se reglanenta el Plan Regulador de Rutas, que está listo desde hace años pero no tiene luz verde. Este plan permitiría ordenar las más de 400 ruts de combis y buses, para luego pasar a un proceso de licitación y concesión de nuevas rutas. Mientras el PRR no esté reglamentado, se continuarán ampliando las autorizaciones a rutas de combis y el permiso para cirucar de los propios vehiculas sin imprtat su antigüedad.