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Pasamayo: empresa que causó accidente oculta flota para evadir a la justicia

Penalistas opinan que transferencias de Levisa evidencian mala intención y que empresa debe ser incorporada como tercera civilmente responsable.

Levisa,Pasamayo,Accidente de tránsito

La nueva cochera de Levisa se encuentra en la urbanización El Descanso, en Ate. Allí están los camiones que la empresa busca esconder con logos de otras compañías.

Christian César Quillahuamán Cusihuamán, chofer de la empresa TJ Corporation Levisa, mató a 52 personas en Pasamayo el 2 de enero pasado. Conducía a excesiva velocidad un remolque y semirremolque de la empresa Levisa S.R.L. de placas AFJ-758 y D9V-974. En una curva, invadió el carril contrario y embistió al bus de la empresa San Martín, que cayó a un abismo. Solo seis sobrevivieron a esa matanza.

En el 2017, Quillahuamán causó otro accidente. Fue en Tarapoto, donde arrolló y mató a un motociclista. A pesar de eso, Levisa lo contrató como chofer el 1 de diciembre del 2017 por un período de cinco meses.

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Trabajadores de TJ Corporation Levisa S.R.L. cierran sus puertas al advertir el retorno de los periodistas de este Diario.

“Algunas empresas de transporte no establecen protocolos adecuados por ahorrar. Si esto es así y el chofer causa un accidente, se podría hablar de un dolo eventual de la empresa”, explica el penalista Vladimir Padilla.

—Responsabilidad—
El 14 de marzo del 2018, el fiscal Edward Escobar Arrese, representante de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral, pidió al Poder Judicial que incorpore a TJ Corporation Levisa como tercera civilmente responsable del accidente en Pasamayo. Pero el juez aún no responde.

Mientras tanto, Levisa, como denunció ayer El Comercio, ya transfirió la mayoría de sus bienes a accionistas, parientes de los dueños y a otra empresa de la familia Arcali S.R.L. Este Diario encontró los vehículos que Levisa pretende esconder en una cochera ubicada en la urbanización El Descanso, Ate. Para mayores referencias, la manzana G, lote 19. El personal que los manipula e inspecciona viste uniforme de Levisa.

“Si la empresa tuviera buena fe, se habría sentado a conversar con las familias de las víctimas, con los sobrevivientes”, dice Padilla. “En cambio, se han transferido los bienes a personas de confianza, que están enteradas del proceso penal. Eso evidencia dolo”, agrega.

El abogado Luis Lamas Puccio insiste en que el fiscal debería plantear la nulidad de estas transferencias. “El Ministerio Público está para proteger los intereses de las víctimas”, dice. Añade: “Estos acontecimientos ponen en evidencia la mala intención de la empresa para evadir posibles reparaciones económicas. Es necesario que Levisa sea declarada tercera civilmente responsable y que el monto de reparación civil sea acorde a la actitud asumida por la empresa”.

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