Real e imposible, por Angus Laurie

Actualmente, existen más de 600.000 normas vigentes en el Perú, y en promedio, “el Estado Peruano produce una norma cada 6 minutos” según el Congreso. En la realidad, el Perú ocupa el puesto 134 de 138 países a escala mundial en términos de carga burocrática, según el Informe de Competitividad Global 2017 hecho por el Foro Económico Mundial (WEF).

Según el mismo documento, la ineficiencia del Gobierno es el factor más problemático para hacer negocios en el país, pero eso también limita fuertemente la habilidad de gestionar la ciudad. Incluso, hay casos en los que los diferentes artículos de la misma ordenanza se contradicen directamente entre sí.

Un caso es la Ordenanza 739 MML, que regula la tasa de estacionamiento vehicular temporal en Lima Metropolitana. El artículo 5 de esta ordenanza establece que las municipalidades distritales tienen la tarea de identificar “el impacto que en la sociedad genera el estacionamiento […] a fin de asignar los costos adecuados”. Esto propone cobrar a los que estacionan un monto que corresponde a las externalidades por el uso del automóvil.

Sin embargo, al mismo tiempo, el cobro para estacionar en la vía pública tiene que ser igual o menor al costo de la prestación del servicio. Esto, según la ordenanza, incluye “exclusivamente aquellos costos vinculados directamente con la prestación del servicio”. En otras palabras, la Ordenanza 739 MML establece que las municipalidades distritales tienen que cobrar un monto que asume las externalidades –el costo de infraestructura, mantenimiento de las vías, el costo de salud relacionado a la contaminación del aire, accidentes, ruido y pérdida de tiempo en congestión–, pero al mismo tiempo solamente pueden cobrar un monto igual o menor al costo de prestar el servicio. Como la novela de Orwell, “1984”, en la que por ley 2 + 2 = 5, la Ordenanza 739 es una contradicción hecha real.
En los pocos lugares donde se cobra por estacionar en Lima en la vía pública, la tarifa es S/1 por hora. En San Isidro, este monto financia el “99,78% de los costos del servicio” y la diferencia está subsidiada por la municipalidad, según el acuerdo de concejo 1865 MML.

¿Cuánto sería una tarifa que incluya el costo a la sociedad? Según un estudio canadiense hecho por George Polous, por cada dólar que uno gasta en usar su automóvil, existe un costo a la sociedad de US$9,20. Si asumimos que el costo diario para conducir un auto propio al trabajo es de US$10, un distrito tendría que cubrir una tarifa alrededor de US$92 diarios o US$3,83 por hora para cumplir con el artículo 5 de la Ordenanza 739, una tarifa mucho más cercana a las que cobran en las vías de Bogotá o Santiago. En vez de subsidiar los estacionamientos en la vía pública, podríamos usarlos para recaudar los fondos necesarios para la generación de sistemas de transporte público, revertiendo nuestro círculo vicioso a uno virtuoso.

Pero primero sería necesario evaluar y hacer que tengan sentido las ordenanzas actuales.

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