“Un modelo transaccional convertido en arma de guerra”: la política de Trump de deportación a terceros países se expande

La administración de Donald Trump habría llegado a acuerdos con Honduras y Uganda para recibir a personas de otras nacionalidades deportadas por Estados Unidos y está buscando expandir este tipo de tratos a países como España y Ecuador, indicó un reportaje publicado este miércoles 20 por CBS News basado en documentos internos gubernamentales a los que tuvo acceso.

MIRA: ¿Quiénes son los 26 narcos mexicanos entregados a EE.UU., qué gana México y qué cárteles son los más golpeados?

Se trataría de una expansión más de la criticada política de la actual administración estadounidense para facilitar la deportación de migrantes ilegales a países con los que no tienen ningún lazo, algo que diversas ONG e incluso la misma ONU han considerado que no solo viola el derecho internacional, sino que también pone a esos individuos en peligro grave al enviarlos a países con los que podrían no compartir el idioma o con un historial deprimente de respeto a los derechos humanos.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Recíbelo

“El derecho internacional establece claramente que nadie puede ser enviado a un lugar donde existan motivos fundados para creer que correría el riesgo de sufrir graves violaciones de los derechos humanos, como tortura, desaparición forzada o privación arbitraria de la vida”, indicaron expertos de las Naciones Unidas.

Hasta la fecha, se sabe que EE.UU. ha alcanzado este tipo de acuerdos con El Salvador, Panamá, México, Costa Rica, Guatemala, Ruanda, Sudán del Sur, Kosovo, Uzbekistán y Esuatini (antes el Reino de Suazilandia), entre otros.

Donald Trump basó su campaña presidencial sobre la promesa de expulsar a millones de “peligrosos inmigrantes indocumentados”, y desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año ha impulsado diversas medidas para agilizar los procesos de deportación, incluyendo expulsiones aceleradas sin que el acusado tenga oportunidad de comparecer ante un juez.

El caso más emblemático ocurrió en marzo de este año, cuando 260 migrantes indocumentados -incluyendo 238 venezolanos- fueron enviados a la prisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador invocando una controversial interpretación de la Ley de Enemigos Extranjeros que permite al gobierno estadounidense detener y deportar a ciudadanos de países con los que Estados Unidos esté en guerra sin necesidad de un proceso judicial, argumentando que los detenidos eran miembros de pandillas y grupos terroristas con los que estaban en guerra, a pesar de que un 70% no tenía antecedentes criminales.

Según informó CBS News, Honduras ha aceptado recibir a deportados de otras naciones hispanohablantes en Latinoamérica, incluyendo a familias viajando con niños. La documentación también nota que si bien la nación centroamericana solo ha aceptado recibir un número reducido de deportaciones - “unos centenares a lo largo de dos años” - podrían ser convencidos a aceptar más.

Por su parte, la documentación señala que Uganda aceptó recibir a un número no especificado de inmigrantes africanos, siempre y cuando no tengan historial criminal. Sin embargo, hay cierta confusión sobre si los gobiernos estadounidense y ugandés realmente han llegado a un acuerdo, ya que el ministro de Relaciones Internacionales de la nación africana, Henry Oryem Okello, ha negado tener conocimiento de tal trato.

“Que yo sepa, no hemos llegado a tal acuerdo. No contamos con las instalaciones ni la infraestructura necesarias para acoger a tales inmigrantes ilegales en Uganda. Por lo tanto, no podemos acogerloa”, indicó Okello, según la agencia Reuters.

CBS News afirmó que los acuerdos con Honduras y Uganda están basados en la cláusula del “tercer país seguro” de la ley de inmigración estadounidense, que permite a funcionarios dirigir a solicitantes de asilo a países que no son los de su origen si es que Estados Unidos determina que estas naciones pueden tratar justamente sus solicitudes de protección humanitaria.

El propósito de las medidas

En conversación con El Comercio, la politóloga María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en el Valencia College (Orlando, Florida) destaca que si bien estas deportaciones a países terceros son legales, estas eran utilizadas por anteriores gobiernos en casos seleccionados donde se necesitaba expulsar a personas con un historial criminal a países que no querían aceptarlos de vuelta o con los que Estados Unidos no tenía una buena relación, como Cuba o Venezuela. Esto ha cambiado en la actual administración.

“Hay expertos en migración, con los que yo coincido en parte, que señalan que la intención verdadera de estas medidas es aterrorizar a los migrantes. Es de la misma manera como ahora van a hacer más exigentes las pruebas para adquirir la ciudadanía con la intención de hacer que la gente desista de cualquier proceso migratorio por verlos imposibles y finalmente se autodeporte”, opina la experta. “Entonces, para mí esto tiene que ver con la imagen. Mostrarse como un gobierno que no tiene compasión por nadie, como lo fue en el caso de los niños enfermos de Gaza a los que les negaron la visa o su envío a migrantes a países sin estabilidad democrática ni derechos como Libia, algo que asustaría a cualquiera”.

Los esfuerzos de Trump se han visto respaldados por la Corte Suprema de EE.UU., que dia luz verde a las deportaciones el 23 de junio de este año, cuando autorizó la expulsión de ocho migrantes - entre ellos dos cubanos y un mexicano - de una base estadounidense en Yibuti a Sudán del Sur, al suspender la decisión de una corte federal que dictaminaba que los acusados debían tener la oportunidad de una defensa legal adecuada si son enviados a un país donde corren el riesgo de ser torturados.

La decisión fue criticada por las magistradas liberales Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan, que la calificaron de “abuso de poder”. “El Gobierno ha dejado claro con palabras y hechos que no se siente limitado por la ley, que es libre de deportar a cualquier persona a cualquier lugar sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchada”, escribió su voto disidente la decisión mayoritaria.

Y si bien el proceso continúa en los tribunales, Puerta Riera no espera que la situación cambie mucho mientras la más alta instancia del poder judicial del país se encuentre bajo una mayoría conservadora. “Creo que esta Corte Suprema le va a dar a Trump todo el poder que él está pidiendo y si eso significa, por ejemplo, violar los principios fundamentales de la Constitución, no dudo que la mayoría de derecha conservadora le va a buscar la vuelta desde el punto de vista retórico para justificar darle la razón a la administración”, considera.

El palo y la zanahoria

¿Y qué motiva a los países a aceptar recibir a extraños en su territorio?

Un artículo del New York Times publicado el 25 de junio presentó un vistazo de los esfuerzos de los diplomáticos estadounidenses para lograr este tipo de acuerdos con al menos 58 países alrededor del globo, incluyendo el Perú, utilizando en ocasiones incentivos y en otras amenazas para incentivarlos a aceptar las demandas de Trump.

El caso más emblemático es nuevamente El Salvador, que aceptó albergar a los más de 200 ciudadanos venezolanos en su novísima cárcel de seguridad a cambio de US$5 millones. Menos conocido es el caso de Ruanda, que aceptó recibir a un deportado iraquí por la suma de US$100 mil.

En otras circunstancias las amenazas fueron las herramientas para el convencimiento y el artículo del NYT nota que muchas de las 58 naciones contactadas están sujetas a la nueva prohibición parcial o total para viajar a Estados Unidos o están siendo consideradas para la restricción. “Un cable del Departamento de Estado con fecha del 14 de junio instruía a los diplomáticos a comunicar a los países considerados, la mayoría de los cuales se encuentran en África, que podrían quedar fuera de la lista si aceptaban acoger a deportados que no fueran ciudadanos suyos”, reportaron.

Para Puerta Riera, este tipo de tratos es una muestra más de que “estamos en un momento donde todo lo que había sido el modelo normativo de las democracias y de las relaciones internacionales está absolutamente trastocado”.

“Nos encontramos ante la presencia de un modelo que no solo es transaccional, por las características del personaje (Trump), sino que se ha convertido prácticamente en un arma de guerra”, puntualiza.