Migrantes se aferran a polémico plan de asilo de Trump

Algunos migrantes varados desde hace meses al sur del Río Bravo tienen ahora sus esperanzas puestas en la expansión de la política migratoria más polémica y criticada del expresidente Donald Trump: la que permite pedir asilo en Estados Unidos, pero esperando el proceso en México.

Las posibilidades de conseguir el asilo por esta vía parecen mínimas, aunque hay quienes lo ven como una especie de premio de consolación. Piensan que es mejor estar en esta zona controlada por el crimen organizado con un trámite de asilo en marcha —el programa conocido como “Permanecer en México” o MPP, según las siglas en inglés de su nombre oficial— que ser devuelto o esperar con el mismo miedo pero sin un papel en las manos.

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“No hay otra manera de cruzar legalmente, por eso creo que va a ser bueno”, afirma Alexander Sánchez, un venezolano que lleva nueve meses en un albergue de Reynosa, en el extremo este de la frontera entre México y Estados Unidos, con su esposa y su hija de 5 años. Sánchez confía en poder acogerse pronto a este plan, paralizado por el presidente Joe Biden al llegar al poder en enero de 2021 y luego forzado a reinstalarlo por una orden judicial.

La versión renovada del programa más simbólico de la política antiinmigrante de Trump comenzó a reinstalarse a principios de diciembre y su expansión esta semana a la frontera entre Tamaulipas (donde está Reynosa) y Texas ha pasado casi desapercibida pese a sus connotaciones: ese estado mexicano es el mayor corredor de tráfico de migrantes y fue en Texas donde un juez nombrado por Trump ordenó a Biden reinstaurar el plan.

El alcance ha sido mínimo. Hasta el miércoles, sólo 381 solicitantes de asilo habían sido devueltos a México por este plan, según datos la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la agencia de la ONU que se encarga de recibirlos.

En comparación, decenas de miles que cruzan ilegalmente siguen siendo expulsados a México de forma automática cada mes sin poder pedir asilo debido a una medida de salud pública (el llamado Título 42) que Trump puso en marcha al inicio de la pandemia con el argumento de reducir los contagios y que Biden mantuvo sin cambios. Sólo en diciembre hubo casi 80.000 expulsiones de este tipo.

Walter Alexis Beltrán, un optometrista salvadoreño, fue uno de los devueltos bajo el Título 42 hace cuatro meses. Desde entonces vive con su esposa y su hija de 4 años entre los más de 2.000 migrantes que se hacinan entre carpas y plásticos entrelazados en un campamento instalado en la plaza de Reynosa.

Beltrán pagó 4.500 dólares a los traficantes sólo por cruzar el Río Bravo y entregarse a las autoridades estadounidenses. Unas horas después, él y su familia estaban de vuelta en México sin haber podido siquiera contar su caso.

“El MPP tiene sus ventajas y sus desventajas”, explica mientras vigila su pequeño negocio: una batería comprada con sus últimos ahorros, con la que ofrece cargas de celular al resto de migrantes por un cuarto de dólar mientras espera una nueva oportunidad para poder cruzar a pedir asilo.

“Prefiero esto a que me manden a El Salvador”, asegura. “La desventaja es el peligro que hay aquí”, una zona controlada por cárteles para los que los migrantes son un pujante negocio.

Sin embargo, cualquier optimismo ante el nuevo MPP parece infundado.

De los más de 70.000 solicitantes de asilo que Trump incluyó en ese programa en dos años, fueron aceptados menos de un 1%. Y según una unidad de análisis de datos de la Universidad de Syracuse llamada TRAC, en torno a la mitad de los casos están todavía pendientes y el resto fueron rechazados.

Ahora no hay claridad sobre quién será integrado en la nueva versión del MPP. En el primer mes, la mayor parte fueron nicaragüenses, seguidos de venezolanos y cubanos, según la organización Human Rights First.

El Departamento de Seguridad Nacional, en respuesta a una solicitud de comentario por parte de la AP, dijo que los migrantes no pueden elegir entrar o no al MPP, y que la política se aplica a aquellos que no pueden ser expulsados bajo las restricciones de la pandemia, es decir, el Título 42.

Teóricamente, México sólo acepta a mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños por esta medida. Los ciudadanos de otros países del hemisferio occidental son liberados con órdenes de comparecer ante una corte o detenidos en Estados Unidos hasta que sean retornados a sus países, con lo cual, ellos parecen los principales candidatos para el MPP.

A diferencia de las más de 1,5 millones de expulsiones realizadas por Estados Unidos bajo el paraguas de la pandemia desde marzo de 2020, que no necesitaron contar con el visto bueno mexicano, el MPP (tanto el viejo como el nuevo) siempre lo necesitó, porque México tiene que aceptar y registrar a esos solicitantes de asilo.

De ahí que la reinstalación de la política conllevara meses de intensas negociaciones —aceleradas cuando empezaron a surgir pequeñas caravanas que se movían por el sur de México— en las que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no estaba obligado por la decisión judicial estadounidense de agosto, al menos quería lograr más apoyos para la gestión de los migrantes en su territorio.

Biden aspiraba a cumplir con la orden del juez de la forma más humanitaria posible, acortando los plazos del proceso de asilo de los acogidos al programa, facilitando mayor asistencia legal e intentando garantizar la seguridad para esos migrantes.

Uno de los puntos más complejos fue Tamaulipas. A México le preocupaba aceptar a retornados por este estado donde se han repetido las masacres contra migrantes. Estados Unidos tampoco quería ser acusado de actuar como en la época de Trump. Y ambos países temían que no incluir esta frontera en el programa pudiera alentar todavía más el tráfico ilegal en esa zona. Finalmente, la OIM se ofreció a trasladar a los migrantes que llegaran a lugares peligrosos hasta ciudades más seguras — y eso hizo con los primeros devueltos por Tamaulipas, quienes fueron llevados a Monterrey, a más de 200 kilómetros hacia el sur.

La administración Biden planeaba que fueran retornados entre 30 y 50 migrantes al día bajo el nuevo MPP, según un funcionario estadounidense que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente del tema. Pero esas cifras están muy lejos de las actuales: alrededor de media docena diaria por cada cruce. El primero que se abrió fue en el centro de la frontera —de El Paso a Ciudad Juarez—, el segundo en el extremo oeste —de San Diego a Tijuana—, el de esta semana en el este — Brownsville a Matamoros— y se espera la apertura de dos más en breve.

De manera paralela a toda la negociación del MPP, Estados Unidos continuaba con las expulsiones bajo las restricciones de la pandemia por cualquier parte de la frontera.

Pero también, al mismo tiempo, procesaba a 6 de cada 10 migrantes que llegaban ilegalmente bajo otras normas migratorias, incluida la que permite pedir asilo.

Por ejemplo, en diciembre, frente a las casi 80.000 expulsiones por el Título 42, unos 100.000 migrantes pudieron exponer sus casos y muchos lograron quedarse a gestionar sus peticiones de asilo desde territorio estadounidense.

La administración Biden no ha explicado por qué tantas personas pueden pedir asilo y quedarse en Estados Unidos y otras muchas no.

Estas ambigüedades y movimientos en sentidos aparentemente contrarios han multiplicado las incertidumbres en la frontera.

“Evitar nuevas llegadas y desanimar a todos es el propósito (de Estados Unidos), pero tienen que poner en claro quién puede y quién no puede entrar”, afirma el pastor Abraham Barberi, fundador del albergue Dulce Refugio de Matamoros. “La gente necesita instrucciones claras”.

Juan Antonio Sierra, miembro del área de la iglesia Católica que se encarga de los migrantes en Matamoros, considera una incongruencia que si una persona entra ilegalmente a Estados Unidos y la detienen, tenga opciones para pedir asilo, pero si se presenta en el puente legalmente y lo solicita allí, no lo acepten. La única excepción son algunos enfermos o personas muy vulnerables.

Ambos líderes de la sociedad civil están en comunicación constante con las autoridades estadounidenses.

Agencias como la OIM y organismos de la sociedad civil llevan meses alertando que la falta de información beneficia a la delincuencia, porque los traficantes esparcen rumores y juegan con la esperanza de la gente.

“Lo del MPP es bueno: aunque tengamos que esperar... entra uno con permiso”, afirma Ruth Rubio mientras su hija de 6 años corretea entre las tiendas de campaña en Reynosa.

Rubio dice que mataron a dos de sus hermanos en Honduras y que su hija mayor, que recibió un disparo, ya está en Estados Unidos. Las autoridades deberán comprobar si todo eso es cierto y aunque ella está confiada, nadie le ha dicho cómo, cuándo o si tendrá siquiera la oportunidad de exponer su caso a los estadounidenses en algún momento.

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