Argentina: Gran despliegue policial, vallas y avisos sobre “represión” ante la protesta de jubilados

Cientos de policías desplegados, vallas que impiden el tránsito en las calles aledañas al Congreso argentino y avisos en el transporte público con la advertencia “la Policía va a reprimir todo atentado contra la República” dominan las horas previas a la protesta de los jubilados, que este miércoles volverá a tener el respaldo de sindicatos y movimientos sociales en Buenos Aires.

“Protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República”, es el mensaje completo, y acompañado con un símbolo de peligro, que se reproduce en pantallas y altavoces en las estaciones de trenes que conectan la capital con el área metropolitana de Buenos Aires.

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Este servicio de comunicación de Trenes Argentinos suele usarse para informar sobre cuestiones relacionadas al servicio de los trenes o campañas estatales de salud, como vacunación o prevención de enfermedades.

Desde la noche del martes las calles aledañas al Parlamento, 100 metros a la redonda, están cercadas con vallas para impedir la circulación de vehículos y controlar el paso de personas, mientras en el interior del Legislativo se debate este esta mañana un decreto firmado por el presidente Javier Milei para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, se han retirado 350 contenedores de residuos para que no sean utilizados en posibles enfrentamientos entre los manifestantes y fuerzas de seguridad.

En esa área se encuentra la estación Congreso de Subte (metro capitalino), que está también cerrada, mientras los autobuses que pasan por esa zona están siendo desviados.

Docentes universitarios, sindicatos y organizaciones sociales se sumarán este miércoles, de nuevo, a la marcha de los jubilados argentinos, una semana después de la protesta en la que hubo grandes cargas policiales contra los manifestantes, con el resultado de 124 detenidos y 46 heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien sigue en estado grave.

El Gobierno pidió a la Justicia este martes la detención de 29 personas que participaron de la protesta de la semana pasada, les prohibió el ingreso a estadios de fútbol y ofrece una recompensa de 10 millones de pesos (unos 9.500 dólares) para quien aporte datos que permitan identificar a “quienes promovieron los disturbios” en el Congreso.

Los convocantes de la protesta de este miércoles piden la renuncia de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y defienden los reclamos de los jubilados: subida de pensiones, restitución de cobertura de medicamentos y mantener la moratoria previsional, un plan de pagos para quienes no tienen los aportes necesarios para retirarse y que vence a finales de marzo.

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Agencia EFE

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