Expertos de la ONU hablan de represión, asesinatos y detenciones en Perú y piden el fin de la violencia

Expertos de la ONU expresaron el lunes su preocupación por las denuncias de represión, asesinatos arbitrarios, arrestos y detenciones en Perú y pidieron a las autoridades del país un diálogo para poner fin a la crisis.

“Las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la incapacidad del Gobierno para crear un entorno propicio para el diálogo son motivo de gran preocupación”, dijeron en un comunicado.

MIRA AQUÍ: Presidentes tras las rejas: un mal endémico en Latinoamérica (y cómo se explica)

Aunque reciben su mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, estos relatores son expertos voluntarios e independientes que no hablan en nombre de Naciones Unidas.

El pasado 7 de diciembre de 2022, el Congreso peruano votó a favor de la destitución del entonces presidente, Pedro Castillo, acusado de haber intentado disolver el Congreso.

Castillo fue detenido y permanece en prisión preventiva acusado de rebelión y conspiración. Fue sustituido por Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, que juró su cargo como presidenta.

LEE TAMBIÉN: “¿Qué tan de izquierda fue la política económica de Pedro Castillo?”, por Farid Kahhat

La caída de Castillo tras 17 meses en el poder desató violentas protestas que dejaron hasta ahora cerca de 50 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelantar las elecciones a 2023.

“En cualquier sociedad democrática, la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia”, declararon los expertos de la ONU.

“La democracia peruana se enfrenta a una crisis de credibilidad que solo puede resolverse mediante un diálogo genuino, en el que participe la población y se tengan en cuenta sus aspiraciones de reforma”, añadieron

Los expertos también expresaron su preocupación por los informes de violencia contra periodistas y trabajadores de medios que cubrían las protestas y reiteraron la obligación del Estado de llevar a cabo investigaciones exhaustivas.