El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil. (Foto de Federico PARRA / AFP)
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil. (Foto de Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA

El ministro de Asuntos Exteriores de , , aseguró este lunes en el Consejo de Derechos Humanos que el resurgimiento del “es el mayor peligro que enfrenta la humanidad” y aseguró que su país quiere ser uno de los principales bastiones para combatirlo.

Hemos decidido que Caracas sea la capital mundial de la lucha contra el fascismo. No nos vamos a quedar callados mientras el mundo retrocede a las épocas más oscuras de la historia”, declaró el canciller en su intervención en Ginebra, donde este lunes comenzaron seis semanas de debates sobre las libertades fundamentales en el mundo.

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Francisco Sanz
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Gil defendió que Venezuela, con una economía en crecimiento pese a los bloqueos, “es el país con mayor estabilidad en la región, mientras en otros el fascismo se disfraza de democracia para imponer el caos”.

También afirmó que en estos tiempos convulsos “la ONU debe decidir qué quiere ser, o un foro para la justicia o un instrumento del poder” y aseguró que el sistema multilateral “está secuestrado por burócratas que han hecho de los derechos humanos un negocio, un arma de chantaje político”.

Por otro lado, señaló que la anterior Administración estadounidense encabezada por Joe Biden “promovió una estructura de agresión económica y financiera contra Venezuela, apoyada por la Unión Europea como satélite”.

“¿Cuántos de los fondos de USAID han terminado en cuentas privadas de corruptos mientras en este Consejo se nos acusa con informes fabricados?”, subrayó el canciller, quien llegó a lanzar la posibilidad de que uno de los beneficiarios de esa ayuda estadounidense haya sido la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

“Venezuela no tiene dudas de que la misión de determinación es simplemente un mecanismo para captar dinero de la USAID y otras agencias”, aseguró sobre la comisión de expertas, aprobada precisamente por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 y renovada por éste en 2024 para dos años más.

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