Chile post plebiscito constitucional

Hoy, habiendo transcurrido casi tres años del “estallido social” del 18 de octubre del 2019, sería un absurdo pensar en volver a un Chile previo a dicho momento.

Y es que fue en octubre del 2020 cuando, con más del 78% de los votos, la victoria del “apruebo” se impuso de manera contundente, dando a luz a una legítima Convención Constitucional, cuyos miembros fueron electos democráticamente.

Chile vive un proceso de consulta popular que tiene como fecha clave el 4 de setiembre, en el que chilenas y chilenos decidirán si aprueban o rechazan la nueva Constitución, mediante un plebiscito de salida. Según la última medición, el 46% dice que votaría “rechazo” en el referido plebiscito, frente al 37% que asegura que aprobará la nueva Constitución y un 17% que hasta ahora se mantendría indeciso.

Los desafíos que nos dejará el referido plebiscito, que además será de votación obligatoria y que, por obvias razones, tendría una participación electoral récord, son –o deberían ser– el respeto a la diversidad y el reconocimiento a la inclusión en la más amplia acepción del término, el cuidado del medio ambiente, la igualdad de género, el mejoramiento de accesos públicos y derechos ciudadanos, al igual que la mejora del equilibrio del binomio sector privado-Estado.

Sin embargo, es importante hacer notar que, cualquiera que sea el resultado, el proceso constituyente no necesariamente se cerrará el 4 de setiembre, puesto que no se trata de una elección ordinaria, sino de un plebiscito de salida para aprobar una nueva Carta Magna. La cual, además de ser sometida a un legítimo proceso democrático, debe tener un componente esencial: representatividad social.

Es cierto también que la gran mayoría de la sociedad chilena aspira a un cambio institucionalizado, en buena hora, pues la institucionalidad en Chile funciona.

La recuperación económica ha sufrido una serie de contratiempos como consecuencia de la contingencia internacional sanitaria (COVID-19) y Chile no fue la excepción. La inflación se convirtió en un fenómeno global, superando el 12%, sumado al sobrecalentamiento de la economía en el 2021, los incrementos de precios de materias primas por la crisis en Ucrania y la volatilidad del tipo de cambio. En consecuencia, la normalización de la economía y el manejo fiscal no serán ajenos a este proceso constituyente, los acentos deberán estar puestos en el crecimiento, despejar la incertidumbre, fortalecer y fomentar los sectores con menor desempeño, estabilizar indicadores macro y entender la necesidad de una reforma previsional. Luego de la desaceleración prevista para el 2022, la actividad económica comenzará a recuperarse durante el 2023 y el 2024, con un comportamiento por encima del 3%.

Por tanto, más allá de rechazar o aprobar, se debe apostar por el reencuentro a través de equilibrios y capacidad reflexiva. Hoy, la sociedad chilena ha comenzado, a través de un costoso proceso de maduración social, a constatar que el camino mesiánico basado en ideologías que pregonan lo refundacional y revisionista no tienen mayor espacio.

Hoy, lo que el chileno de a pie busca con urgencia es volver a vivir en un país seguro, en donde las libertades personales sean respetadas sin ningún ápice de exclusión, en donde el respeto a la propiedad privada y también pública se mantenga, en donde lo normal sea homogeneizar hacia arriba y no hacia abajo, en donde la inclusión sea incorporada como un principio transversal de la sociedad y se rechace el odio de clases.

Chile inició un proceso de búsqueda de una Constitución que vele por los derechos personales y una justicia sin distingo para su protección y ejecución, pero también, por el respeto a la diversidad y la pluriculturalidad.

Así las cosas, probablemente la versión que la sociedad chilena apruebe finalmente sea una segunda, con mayor altura de miras, sobre todo, que recoja igualdad de derechos y deberes. Es cierto, Chile requiere un cambio, pero con responsabilidad, con maduración, con reflexión, donde se respete y evidencie una justicia fortalecida, una Constitución con dignidad, que nos interprete y no nos divida.