Un momento crucial, por Igor Garafulic

El 2020 nos demostró que la pandemia del COVID-19 ataca con más fuerza justamente donde hay mayores brechas en la protección de los derechos humanos. El virus se ve alimentado por estas, convirtiéndose así en una amenaza aun mayor para las personas más vulnerables.

Por ello, una respuesta integral a este problema requiere de un enfoque y un pleno respeto a todos los derechos, incluyendo los económicos y sociales, así como los civiles y políticos.

Con las vacunas finalmente en el horizonte e iniciando la ardua tarea de recuperación socioeconómica, es imprescindible abordar los siguientes desafíos de la pandemia como desafíos no solo de desarrollo, sino de derechos humanos.

La pandemia desafió al mundo entero y el Perú no fue ajeno a su alto impacto socioeconómico, sanitario, humanitario y en los derechos humanos. De acuerdo con el estudio encargado por la ONU al Instituto de Estudios Peruanos (IEP) sobre el impacto socioeconómico del COVID-19 en los hogares peruanos, ha habido una caída generalizada en el ingreso de los trabajadores urbanos, una importante reducción en el consumo de alimentos y un insuficiente acceso a la protección social. Esta situación se agrava en el área rural.

Todo ello evidencia una fragilidad institucional y genera un limitado goce de los derechos humanos. Es por eso que un mundo pospandemia no puede plantear un retorno a la misma normalidad, sino a una en la que nadie se quede atrás.

En escenarios de fragilidad como el señalado, es deber de las autoridades garantizar instituciones sólidas, eficientes, democráticas y sin corrupción. Además, deben actuar al amparo de sus obligaciones internacionales y constitucionales como garantes de deberes. Se hace imprescindible promover un modelo de gobernanza basado en el estado de derecho y en los derechos humanos y, prioritariamente, la participación de los sujetos de derechos. Los y las jóvenes han tomado acción decidida y voluntaria sobre el destino y el país que quieren, han hecho valer su derecho a la participación, la libertad de expresión, la protesta pacífica, han marcado claramente su expectativa de las autoridades que esperan y han demandado fuertemente la adopción de decisiones democráticas.

Si en este momento crucial no miramos los impactos de las crisis desde el prisma de los derechos humanos, todos los esfuerzos resultarán siendo insuficientes, incompletos o inadecuados para alcanzar el desarrollo sostenible. En definitiva, el desarrollo debe venir de la mano del pleno respeto y garantía de los derechos humanos, pero también de instituciones democráticas sólidas y un constante ejercicio de escucha y participación.

Un país ad portas de cumplir 200 años de independencia tiene la oportunidad histórica de renacer dejando atrás rezagos del colonialismo, desigualdad y autoritarismo, así como modelos políticos que no contribuyen al desarrollo del país. Por el contrario, debe ver en las generaciones actuales el capital necesario para alcanzar el desarrollo sin discriminación.

El multilateralismo ha mostrado ser clave para abordar aquellos puntos álgidos y de debilidad de los países, incidiendo en la necesaria atención de grupos específicos y en la respuesta a aspectos fundamentales como la salud, la seguridad alimentaria, la educación y el trabajo. En tal sentido, ha reiterado la necesidad de trabajar conjuntamente para fortalecer las instituciones clave en este aspecto, y garantizar el acceso a justicia, la no impunidad y el estado de derecho, en un ambiente de diálogo y apertura permanente. Con ocasión del Día de los Derechos Humanos, Naciones Unidas en el Perú reitera su compromiso de seguir contribuyendo en alcanzar una sociedad más resiliente, igualitaria e inclusiva.