Repartijas que destruyen la democracia

La designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo se siente −en mi caso, al menos− como si hubiéramos tocado fondo en lo que a meritocracia en el Estado se refiere. Quizá no deba afirmarlo tan categóricamente, porque la política peruana siempre puede sorprendernos con algo incluso más inapropiado. Pero está tan lejano Gutiérrez del perfil que uno consideraría cuando menos aceptable para liderar la Defensoría del Pueblo (tener siquiera un mínimo de experiencia en defensa de los derechos humanos y una trayectoria libre de serios cuestionamientos éticos), que escandaliza francamente que una mayoría de congresistas haya estado dispuesta a bajar tanto la valla.

Lo que llama la atención aquí no es que el Congreso haya desplazado cualquier consideración meritocrática para privilegiar otro tipo de intereses. Ya nos tiene habituados a eso. Lo sorprendente es cuán desfachatado ha sido esta vez, pues no se ha querido guardar siquiera una apariencia de meritocracia. El secretario general de un partido quiere que su exabogado personal sea el nuevo defensor del Pueblo, y lo consigue no porque se trate de un jurista renombrado o de una persona moralmente intachable, sino porque ese partido tiene 16 votos en el Congreso que puede poner en la mesa de negociación, y eso basta para conseguir ciertas cosas. Hoy por mí, mañana te doy el vuelto.

¿En qué están pensando los partidos que acceden a respaldar a un candidato como Gutiérrez, visiblemente inadecuado para el cargo que se está buscando llenar? A lo mucho, la explicación que dan se agota en un formalismo: “no podíamos seguir dilatando este proceso de elección”. Y sí, es cierto que el Congreso ha sido supremamente irresponsable con demoras injustificables en ciertos nombramientos. Pero ahora está utilizando esto de excusa para, básicamente, decir que no importa a quién elija con tal de que se evite la demora. Que puede ser una persona que literalmente destruya la institución que se le está encomendando liderar, pero “afortunadamente” puede empezar ya mismo.

Sería malo si fuese solo una cuestión de dejadez o de cumplimiento deficiente de un deber exclusivo del Congreso, como es el nombramiento de altos funcionarios. Pero hay razones de sobra para sospechar que es mucho peor que eso. Le conocemos a nuestros partidos políticos esta inclinación por lo que coloquialmente se ha dado a conocer como la “repartija”. Si existen varios puestos claves en el Estado que el Congreso tiene que llenar, en lugar de hacer un análisis individualizado de quién es la mejor persona para cada puesto, pues nos ahorramos el trabajo y nos distribuimos cuotas. Tú eliges al de allá, yo al de acá.

Los candidatos de los demás pueden ser desastrosos (el propio también), pero nada de esto importa porque no estamos eligiendo en función a los intereses de los electores, los nuestros o los de nadie. Estamos disponiendo discrecionalmente de la parcela de poder que nos hemos autogenerado en esa “repartija” sencillamente porque podemos.

Pero hay una explicación que es más atemorizante. No solo está habiendo dejadez para hacer valer criterios meritocráticos mínimos y se está aplicando en contubernio una lógica de “repartija” desconectada y transgresora de los intereses de los electores, sino que todo esto tiene un propósito ulterior que no es otro que la captura coordinada de una serie de instituciones constitucionalmente autónomas, particularmente las que tienen que ver con la administración de justicia, incluyendo la justicia electoral.

¿Existe un acuerdo de voluntades ideológicamente diversas en el Congreso para desplegar una toma de control política de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia o el Jurado Nacional de Elecciones? Lo que puede afirmarse a estas alturas, sin ningún ápice de duda, es que el Congreso está tomando acciones o considerando aprobar iniciativas que comprometen la autonomía de cada una de las organizaciones mencionadas.

Algunas son de una temeridad pocas veces vista. ¿No me gusta lo que opinó sobre el Congreso tal o cual organismo autónomo? Pues destituyamos a todos sus integrantes. ¿Estoy en desacuerdo con lo que resolvió tal o cual fiscal? Pues inhabilitémosla. ¿Qué nos lo impide, si tenemos los votos?

Ya no es solo ausencia de meritocracia y “repartija”. El Congreso se está cargando sin empacho el principio de separación de poderes y está destruyendo, como quien no quiere la cosa, uno de los cimientos de nuestra democracia.