:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/07d0a197-a3dd-4348-bece-b2d00050106d.png "María Cecilia Villegas")
Si la corrupción en el Perú es identificada por el 54,6% de peruanos como el principal problema que enfrenta nuestro país, el sistema de colaboración eficaz poco está haciendo para enfrentarla. De hecho, este sistema está generando impunidad.
La corrupción en el Perú es endémica, está en todos los niveles de gobierno y la enfrentamos en todas las actividades que realizamos, como ciudadanos o como empresarios. Pero para que exista corrupción tiene que haber necesariamente un funcionario público dispuesto a recibir dinero y un ejecutivo del sector privado dispuesto a pagar para obtener un beneficio económico indebido. El sector privado es muchas veces sujeto pasivo y, otras tantas, incitador, pero siempre cómplice de actos de corrupción.
En los últimos días se han hecho púbicas las declaraciones de colaboradores eficaces que nos han mostrado el trabajo en equipo de empresarios inescrupulosos que sin vergüenza alguna han contado cómo coimeaban a autoridades para asegurarse contratos. Los hermanos Ernesto ‘el Marqués’ y Paul Tejeda Moscoso, dueños de la empresa constructora Obrainsa, una de las empresas que formaba parte del ‘club de la construcción’, junto con Altesa Contratistas Generales, le habrían entregado al gobernador regional de Ayacucho S/856.568 como pago por obtener el contrato de una obra para rehabilitar y mejorar una carretera en la región en el 2014, según la carpeta fiscal 17-2020. Habría sido el mismo Paul Tejeda quien, por instrucción de Alejandro Tello (Altesa), habría llegado al departamento de Wilfredo Oscorima en San Isidro con un maletín que contenía el dinero en efectivo.
Un esquema similar ocurrió durante el gobierno de Ollanta Humala, quien habría recibido en el 2012 un millón de soles del mismísimo Ernesto Tejeda, según su propia colaboración eficaz, a través de Rodolfo Prialé de la Peña, quien fungía de coordinador de coimas del ‘club de la construcción’. Este, a su vez, le habría hecho llegar el dinero a Carlos García Alcázar, alto funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Pero no crea que ahí queda la cosa. Durante el 2013, Obrainsa le habría pagado a Martín Vizcarra S/1 millón. Esta vez, la entrega del dinero la hizo Paul Tejeda en las oficinas de Obrainsa. Mientras que la Constructora ICCGSA, para lograr la buena pro del proyecto Hospital de Moquegua, le habría facilitado al entonces gobernador regional Martín Vizcarra, S/1,3 millones.
El problema es que ninguno de los empresarios y ejecutivos de estas empresas constructoras, todos debidamente asesorados por los mejores abogados del país, van a efectivamente asumir su responsabilidad frente a la justicia, porque la colaboración eficaz está siendo utilizada para perseguir a funcionarios y otorgarles impunidad a los empresarios. ¿Cómo cambiamos un país donde quien corrompe no pasará un solo día tras las rejas? Y que, además, sigue operando y circulando por la ciudad como si no hubiese hecho nada.
Grandes empresarios, ejecutivos de cuello y corbata, socios de los clubes más exclusivos de nuestro país, cuyo modelo de negocio incluía coordinaciones a puerta cerrada para ganar licitaciones con el Estado, lo que implicaba “compartir la torta”. La corrupción en el Perú es un sistema y es claro que existen empresas que incorporan la corrupción en sus estructuras de costos como un gasto operativo más.
Si no estamos dispuestos a meter a la cárcel a los empresarios y sus ejecutivos inescrupulosos, la realidad es que no estamos dispuestos a enfrentar la corrupción.
