Diplomacia a tres bandas, por Juan Paredes Castro

Frente a lo que pasa en la OEA, respecto del Perú, el gobierno del presidente Ollanta Humala nos debe una explicación o por lo menos una respuesta clara a la pregunta de si nuestra política exterior (léase diplomacia) viene jugando, como en el billar, a tres bandas.
 
El embajador Eduardo Ponce Vivanco –a quien nadie podría contarle cuentos sobre cómo se maneja una cancillería de la mano de un jefe del Estado– advierte, por ejemplo, en la conducta del Gobierno Peruano de las últimas semanas, en relación con la OEA, más de una incoherencia. 
 
Ponce, con toda su experiencia en negociaciones bilaterales y multilaterales, simplemente se queda atónito frente al doble discurso no solo entre Humala y sus ministros Daniel Figallo (Justicia) y Eda Rivas (Relaciones Exteriores), sino además entre la posición peruana de cara a la Carta Democrática (enteramente por las libertades) y a la Unasur (concentrado de las recetas autoritarias y censoras del presidente ecuatoriano Rafael Correa).
 
Nos complace que la cancillería peruana se haya esforzado por impedir una resolución de iniciativa ecuatoriana dirigida a recortarle recursos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría para la Libertad de Expresión. Todo un plan de Rafael Correa, que ya viene de años atrás y que seguramente tratará nuevamente de abrirse camino el 2015.
 
Sin embargo, este esfuerzo indiscutible, cae en más de una contradicción cada vez que la misma cancillería peruana secunda en la Unasur no solo las tesis de Rafael Correa sino las demás autoritarias de la región como las de Nicaragua, Argentina, Venezuela y Bolivia, con efectos perniciosos contra la libertad de expresión y de prensa en este lado del mundo. 
 
La Unasur no es un invento cualquiera, en el que los países no pueden votar con cierto relajo. La Unasur tuvo también su propio proyecto de resolución en la Asamblea General de la OEA, en Montevideo. Y con el mismo objetivo de Correa: de debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
A Venezuela y Ecuador les interesa muchísimo llevar sus grandes temas a la Unasur y de paso desestabilizar los organismos que mejor funcionan en la OEA, entre ellos la CIDH y la Relatoría para la Libertad de Expresión. Nicolás Maduro y Rafael Correa, acostumbrados a restringir y reprimir las libertades civiles al interior de sus países, buscan naturalmente reducir a la mínima expresión toda fiscalización internacional sólida.
 
La otra flagrante contradicción del Gobierno Peruano se da entre el apoyo al fortalecimiento de la CIDH y la Relatoría para la Libertad de Expresión y el afán del ex primer ministro Juan Jiménez, contra lo que piensan Figallo y Rivas, de promover consultas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abierta interferencia en el caso judicial peruano sobre la asociación Epensa-El Comercio.
 
Si Figallo y Rivas no están dispuestos a poner las manos al fuego en esas consultas, todo parecería indicar que sí la ponen Jiménez y el presidente Humala, por su cuenta y riesgo.