El debido control

A raíz de la denuncia fiscal por el caso denominado como “congresistas viajeros”, un editorial de El Comercio apuntaba sobre la necesidad de tener “claridad y transparencia, tanto de quien investiga como de quienes son investigados”. Conforme pasan las semanas aparecen nuevos casos que nos alejan más de dicha premisa y dejan más sombras que luces.

A finales de enero, la fiscalía presentó una denuncia constitucional por la ley que permite a exmiembros de las FF.AA. y la PNP cobrar sueldo y pensión de manera simultánea. Sin embargo, esta denuncia ha recibido varias críticas. En el fondo, la fiscalía no toma en cuenta la jurisprudencia –advertida por varios constitucionalistas– donde se establece que, cuando un exservidor del Estado con pensión de jubilación ingresa a laborar al aparato público, no hay incompatibilidad entre la pensión y el sueldo.

Sobre los congresistas que son miembros de las FF.AA. y de la PNP, existe normativa clara respecto a que deberían abstenerse en temas que puedan ser materia de conflicto de intereses. Sin embargo, la denuncia fiscal incluyó imputaciones a los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso “por haberse interesado indebidamente en la colaboración de la aprobación del dictamen”, pese a que está establecido constitucionalmente que los congresistas no son responsables por los votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Sumado a esto, el procedimiento parlamentario es claro al establecer que los dictámenes son elaborados por el equipo técnico de la comisión, el cual es puesto a disposición de los parlamentarios para su debate y votación.

Queda claro que, en el actual período, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha decidido levantar la alfombra de todos los casos que no avanzaron en la gestión de su antecesora Patricia Benavides. Pero esto no debería significar un criterio donde todas las denuncias contra congresistas pasen a investigación sin un filtro riguroso de por medio, o de dejar de lado los casos más recientes.

Por ejemplo, a la fiscalía parece no haberle despertado interés las revelaciones de El Comercio respecto al incremento patrimonial de cuatro congresistas (José Jerí, Raúl Doroteo, Edgar Tello y Manuel García); pero sí ha iniciado diligencias contra la congresista Digna Calle y el regidor Aron Espinoza –ambos esposos– basándose en una denuncia pasada donde, según reveló “La República”, el denunciante negó que haya presentado documento alguno y desconoció su firma en el mismo texto.

Este caso se asemeja mucho a cuando se abrió una indagación contra 40 congresistas a los que se les imputó formar parte de la red de ‘Los Niños’. Acá también el denunciante aseguró ante el programa “Cuarto poder” que no había presentado ninguna denuncia. O también se puede mencionar el caso del fiscal Rafael Vela, a quien se le archivó una denuncia por lavado de activos después de que un programa periodístico revelara que la identidad de la supuesta denunciante había sido usurpada.

Vale la pena separar la paja del trigo y apuntar a casos sólidos e inobjetables que permitan llegar a sanciones, con criterios de investigaciones claros y transparentes. De lo contrario, seguiremos acumulando casos sin sentencia alguna, lo cual solo alentará la sensación ciudadana de que estamos frente a un panorama donde la justicia no llega y reina la impunidad.