Ningún juez condenó a algunas de estas personas. No fueron capturadas por las fuerzas policiales y llevadas ante la autoridad competente. Los cargamentos no se incautaron, no se pesaron, no se destruyeron en un acto formal.
No se ha podido investigar quién era el propietario de la droga, de las lanchas y quién había financiado la supuesta operación narcotraficante.
Para el presidente Trump basta que sus servicios de inteligencia hayan determinado que se trataba de narcotraficantes. Ha declarado que se trata de un conflicto armado no internacional.
En su opinión, las acciones de estos narcotraficantes constituyen un ataque armado contra Estados Unidos. Les ha declarado la guerra a los grupos de terroristas y traficantes, en un memorando al Congreso.
¿Basta un memorando para que un presidente pueda ordenar matar gente, dentro o fuera de su territorio? ¿Se trató acaso de una respuesta al fuego enemigo?
El Congreso, sin embargo, no ha declarado la guerra contra nadie. Trump simula esta guerra contra los cárteles de la droga. De esa manera quiere darle apariencia de legalidad a lo que no es otra cosa que abuso de autoridad y asesinato.
Esta simulación apunta a legalizar poderes extraordinarios para el uso de las Fuerzas Armadas. Su objetivo, supuestamente, es combatir el narcotráfico y los grupos terroristas. Su manera de actuar, sin embargo, es tan ilegal y criminal como la de ellos.
Trump mina el Estado de derecho, la separación de poderes, destruye el debido proceso, elimina el derecho a la defensa; esto es, sustituye la justicia por la arbitrariedad y el poder presidencial.
Todas las dictaduras empiezan siempre con una guerra contra el mal. Trump crea la oposición entre los “buenos” y los “malos”. A los “malos” simplemente los mato.
Antes, el presidente estadounidense inició una guerra arancelaria, con amenazas y chantajes comerciales. Por ello, la comunidad internacional permanece impávida.
Se extraña, por ejemplo, al “libertario” presidente Javier Milei defender frente a Trump el libre comercio y, ahora, “the rule of law”.
Cuando un presidente se atribuye poderes extraordinarios se acaban la democracia y la constitución. Algo que costó más de 200 años hacer, Trump lo está destruyendo desde el inicio de su mandato.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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