Las economías ilegales y el poder

Nos estamos convirtiendo en el paraíso de las economías ilegales. El índice global del crimen organizado ha encontrado que, de los 15 mercados criminales, en diez el Perú muestra un mayor desarrollo que el promedio de los países latinoamericanos. Entre ellos, la trata de personas, el comercio de productos falsificados, la minería ilegal y el narcotráfico (cocaína y heroína). De hecho, somos el principal exportador de oro ilegal de Latinoamérica, produciendo el 44% del total. Pero a diferencia de lo que ocurre con el narcotráfico, en el caso del oro ilegal, este se blanquea a través de las plantas procesadoras y se exporta a través de ‘traders’, entrando así a los canales formales. Empresas formales cómplices de la ilegalidad.

En un país donde el 70% de la PEA se desarrolla en la informalidad, las actividades formales coinciden con las informales y las ilegales y la corrupción es un mecanismo válido para operar. Así estamos inmersos en un sistema del que nos será difícil escapar.

Pero en lugar de entender lo que está sucediendo, nos conformamos diciendo que el Perú es más grande que sus problemas. Y, aunque lo creo firmemente, los problemas del país no se resolverán solos. Necesitamos dejar de mirar a otro lado e involucrarnos en la solución.

Porque lo cierto es que, con la clase política que tenemos, lo más probable es que nuestros problemas solo aumentarán. En los últimos años, hemos llevado al poder a personas que representan a las economías informales e ilegales, basta recordar al ‘comeoro’, el ‘comepollo’, ‘la robacable’. Pero en el último quinquenio, estos han dejado de ser una anécdota en un Congreso por el que pocos se sienten representados, y se han convertido en la norma. Actualmente, se viene discutiendo un proyecto de ley impulsado por la Comisión de Energía y Minas, cuyo presidente, Víctor Cutipa, ha sido vinculado a grupos de mineros informales, que busca ampliar el Reinfo por dos años más, hasta diciembre del 2027. Este proyecto de ley contempla la suspensión de las exclusiones y la posibilidad de que los excluidos del Reinfo sean reincorporados al proceso de formalización. Es decir, desandar lo avanzado. Un proyecto de ley como este no se crea porque los congresistas estén impulsando la formalidad y el desarrollo, sino porque están respondiendo a intereses informales e ilegales.

¿Por qué Fuerza Popular ha apoyado las ampliaciones del Reinfo en el 2021 y 2024 y también el proyecto de ley de Cutipa? ¿Cómo es posible que hayamos dejado una de las comisiones más importantes del Congreso en manos de personas que protegen a quienes no quieren formalizarse?

El Perú es un país minero, pero en lugar de estar impulsando la exploración y explotación formal y con altos estándares, es a la gran y mediana minería a la que más trabas le ponemos. Obtener los permisos necesarios para iniciar la exploración minera puede tomar hasta 40 años en promedio. Y, mientras seguimos trabando la inversión privada, reducimos el crecimiento económico y abrimos espacio para que la minería informal e ilegal siga creciendo y no generamos una alternativa viable para la minería artesanal y pequeña.

¿Qué podemos hacer? Necesitamos hacer política. El sector privado debe invertir en la defensa de la democracia y de las instituciones. Recuperemos el país porque nuestra ausencia es la que ha permitido que los intereses ilegítimos capturen el poder. Y ad portas de la elección del 2026, necesitamos a los mejores haciendo política. Este ha sido, sin la menor duda, el llamado más importante de los invitados internacionales en CADE 2025.