Niñas madres, niñas objeto

Una foto de 20 niñitas sobre un escenario, mirando al piso o escondiendo sus caritas detrás de las cabezas de sus hijos, ha causado indignación en una Lima siempre pacata y nunca compasiva; niñas de entre 10 y 13 años, víctimas de violencia sexual exhibidas en un albergue creado por una congresista que también es pastora y que postula a la reelección. Forman parte, además, de un dolorosísimo grupo: el de las niñas madre, que solo en el 2025 han sido 993. En esa foto hay una crueldad incomprensible, como si su desgracia se debiera celebrar.

En el Perú, cada 39 minutos se denuncia una violación sexual. Pero la realidad es que menos de la mitad de las víctimas llega a denunciar. El silencio no es consentimiento: es miedo, es dependencia económica, es vergüenza, es la certeza de que nadie las protegerá. Solo entre enero y setiembre del 2025 se registraron 16.000 denuncias por violencia sexual contra menores. El 94% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. No estamos ante episodios aislados: es un patrón persistente.

La violencia sexual está tan normalizada que todavía se escucha que la víctima “provocó”, que “no siempre son violaciones”, que a veces se trata de “noches de placer” o que luego se arrepienten y denuncian. Se dijo en el Congreso. Se grabó en audios judiciales. No es ignorancia. No es torpeza. Es la expresión descarnada de una cultura donde el acceso al cuerpo de las mujeres –y de las niñas– es tolerado como prerrogativa masculina, donde el agresor no se percibe como delincuente y donde la duda se dirige siempre primero contra la víctima.

¿Quién protege a estas niñas? El Estado tiene la obligación de hacerlo: debe garantizar atención médica, acompañamiento psicológico, educación y entornos seguros, sobre todo cuando en la mayoría de los casos el agresor pertenece al entorno cercano –familiares, conocidos, profesores–. Sin embargo, no cumple. En el 2024, más de 600 niñas wampís y awajún fueron víctimas de violación en Condorcanqui; 469 maestros fueron acusados de violencia sexual. Todo esto a pesar de que el ministro de Educación señalara que se trataba de una práctica cultural. Estas niñas siguen siendo hoy violentadas y son sus madres y abuelas quienes piden a gritos ayuda sin recibir respuesta.

Las mujeres peruanas son ciudadanas de segunda categoría que ven su futuro limitado no solo por la violencia sexual, sino porque además son obligadas a llevar a término embarazos a pesar de que ponen en riesgo sus vidas. Ni la policía ni los jueces en el Perú tienen la capacidad de protegerlas.

¿Cree que exagero? En el 2023, 14 de los 15 magistrados de la Corte Suprema, a través de un acuerdo plenario, establecieron que si, producto de la violación sexual denunciada, la víctima sale embarazada, el violador debía recibir una reducción de la pena de hasta un 25% para poder trabajar y mantener al niño. La reacción pública obligó a rectificar. Pero el mensaje es claro: incluso frente a la evidencia del delito, el sistema protege al violador. Nunca a la niña.

Los niños son sujetos de derecho y protección, y no pueden ser utilizados ni por una pastora ni por el Estado. Lo más triste es que la fiscalía llegó al albergue y el Ministerio de la Mujer ordenó mudarlas a otros albergues, violentándolas una vez más al romper su estructura de protección. Mientras discutimos encuadres y responsabilidades, ellas siguen cargando una infancia que no volverá. Pero ¿a quién le importa? Total, no son nuestras hijas.