No normalicemos cerrar la educación

El Perú será un estudio de caso internacional por ser uno de los países con el cierre educativo más largo del planeta, cuyo impacto aún no ha sido evaluado, pero cuya gravedad ya es notoria en las aulas y en los hogares. La educación remota de emergencia, que fue oportunamente adoptada como respuesta al COVID-19, se prolongó injustificadamente. Reabrir instituciones educativas y recuperar la educación presencial fue una tarea titánica y constituyó un ejemplo de lo que denomino “pleitos huérfanos”: problemas públicos con pocos defensores a pesar de su evidente importancia.

Conforme se fueron reactivando todas las actividades del país, la sociedad empezó a reaccionar frente a la profunda incoherencia que revelaba tener todo abierto menos los nidos, colegios y universidades. Asimismo, cuando empezamos a mirarnos en el espejo de los países vecinos de la región que lograron escalar el retorno a clases, resultó evidente que no fue la pandemia la que impidió la reapertura de instituciones educativas, sino más bien un entramado de factores políticos y limitaciones de gestión.

Los tomadores de decisiones en el Ejecutivo y en el Legislativo no le impregnaron el necesario sentido de urgencia a la recuperación de la educación presencial. Recordemos que en setiembre del 2021 el Gobierno presentó un “plan de emergencia educativa” que establecía como meta que “al menos 50% de los servicios educativos públicos y privados a nivel nacional” tendrían clases semipresenciales para el 30 del junio 2022. Gracias a la constante labor de incidencia de los colectivos de padres de familia, educadores, líderes de opinión y organismos especializados, así como al apoyo decisivo de servidores públicos, se logró que el año escolar 2022 iniciara con el mandato oficial de reabrir el 100% de instituciones educativas y priorizar la educación presencial. Este fue un hito que marcó el fin de la educación remota de emergencia impuesta por la pandemia, pero, a su vez, marcó el inicio de un camino más desafiante: responder a las brechas educativas y pobreza de aprendizajes, rescatar las competencias adquiridas por el uso de tecnología, atender la salud mental y bienestar de la comunidad educativa, así como cambiar los protocolos sanitarios aplicados a la educación para retirar requerimientos innecesarios y evaluar el costo-beneficio del uso de mascarillas.

Lamentablemente, durante este primer semestre, se ha evidenciado que en el Perú de hoy no podemos garantizar que las escuelas permanecerán abiertas. Hemos pasado de cierres prolongados justificados por factores sanitarios a cierres arbitrarios justificados por factores políticos. Hagamos memoria. Primer acto: en abril, cuando los chicos se encontraban en plena adaptación luego de dos años lejos de sus aulas, se suspendieron las clases en varias regiones del país debido a paros, mientras que en Lima y el Callao se cerraron escuelas por el toque de queda inconstitucional impuesto por el Gobierno el 5 de abril. Segundo acto: la fiebre mundialista llegó a Palacio de Gobierno y tuvo como consecuencia que se decretase feriado nacional el día del partido Perú-Australia, por lo que se suspendieron clases presenciales (hubo colegios que optaron por abrir sus puertas, pero fueron una minoría). Tercer acto: este lunes 27 y martes 28 se cerraron escuelas en varias regiones del país por el paro de transportes, afectando a más de dos millones de estudiantes, según estimaciones realizadas por el educador Paul Neira. A la luz de los hechos, ¿se justificaron estos cierres educativos? La próxima semana se ha anunciado un paro de transportistas en Lima y el Callao: ¿se cerrarán escuelas otra vez?

Salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa es fundamental, pero la solución no es normalizar el cierre de escuelas. Las autoridades deben comprender que los estudiantes peruanos no pueden perder ni un día más de clases presenciales. El país que padece un retorno tardío y desigual a la educación no debe aceptar el cierre arbitrario e injustificado de instituciones educativas. Esta es una medida que hace más daño que bien, que no protege a los chicos, sino que vulnera sus derechos. Injustamente, serán los niños y adolescentes los que pagarán las consecuencias de las malas decisiones de política pública a lo largo de su trayectoria educativa y laboral.